Detuvieron al jefe de la Policía Caminera de Córdoba por liderar una asociación ilícita
El comisario mayor Daniel Alberto Leva fue arrestado junto a otros efectivos acusados de integrar una banda que cobraba coimas a transportistas y automovilistas en rutas provinciales. La causa investiga un esquema sistemático de corrupción.
Un fuerte escándalo sacudió este martes a la Policía de Córdoba con la detención del jefe de la Policía Caminera, el comisario mayor Daniel Alberto Leva, acusado de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro sistemático de coimas.
Según la investigación judicial, Leva y al menos otros seis efectivos de la fuerza integraban una banda que operaba en las rutas provinciales, exigiendo pagos ilegales a transportistas de carga y automovilistas particulares a cambio de no aplicar multas o permitir el paso sin controles.
La causa, que se tramita en la Justicia Federal de Córdoba, se inició a partir de varias denuncias anónimas y de transportistas que se animaron a declarar. Las pruebas recolectadas incluirían escuchas telefónicas, seguimientos y testimonios que apuntan a un esquema jerárquico donde el propio jefe de la Caminera era quien coordinaba las “recaudaciones”.
Los allanamientos se llevaron a cabo en dependencias policiales y domicilios particulares en la capital cordobesa y en localidades del interior. En uno de los operativos se secuestraron importantes sumas de dinero en efectivo, celulares y documentación que ahora se analiza para determinar el alcance de la red.
Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron las detenciones pero evitaron dar mayores detalles hasta tanto avance la investigación. El gobernador Martín Llaryora ordenó una auditoría interna exhaustiva en toda la Policía Caminera y la remoción inmediata de todos los efectivos involucrados.
Este no es el primer escándalo de corrupción en las fuerzas de seguridad cordobesas, aunque sí uno de los de mayor jerarquía. En los últimos años se registraron casos similares en distintas dependencias, lo que vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de controles más estrictos y de una reforma profunda en los mecanismos de selección y supervisión de los agentes.
La Justicia Federal busca ahora determinar si la asociación ilícita se limitaba a las rutas bajo jurisdicción provincial o si también tenía ramificaciones en peajes y controles compartidos con Gendarmería. Fuentes cercanas a la pesquisa indicaron que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
El comisario Leva, con más de 25 años de carrera, había asumido la jefatura de la Caminera en 2022 con el objetivo declarado de “modernizar” los controles y reducir la siniestralidad vial. Hoy enfrenta cargos que, de confirmarse, podrían llevarlo a varios años de prisión.
Desde la oposición provincial ya se escucharon las primeras voces pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad y una intervención externa en la fuerza. En tanto, organizaciones de transportistas reclamaron que se investigue a fondo para que el caso no quede en una mera “manzana podrida” y se limpie realmente el sistema.
La noticia generó conmoción en el ambiente policial cordobés, donde muchos agentes manifestaron su malestar por el daño a la imagen de toda la institución. Mientras tanto, la Justicia avanza con sigilo para evitar que se pierdan pruebas o se intenten obstruir las investigaciones en curso.
Este hecho vuelve a exponer un problema estructural: la vulnerabilidad de las fuerzas de seguridad ante la tentación de la corrupción cuando los controles internos son débiles y la impunidad parece garantizada. En Córdoba, como en otras provincias, el desafío ahora es que este escándalo no sea solo titular de un día sino el punto de partida de una transformación real.