Detuvieron a ocho policías por montar un operativo falso para robar en una casa de familia

Ocho policías bonaerenses quedaron detenidos acusados de haber montado un operativo falso para robar en una casa de familia en el partido de La Matanza. El hecho, que ocurrió hace dos semanas, fue destapado por la propia denuncia de las víctimas y por las inconsistencias que aparecieron en el expediente.

Según los primeros datos de la investigación, los efectivos se presentaron en la vivienda ubicada en la localidad de Rafael Castillo simulando un allanamiento ordenado por la Justicia. Vestidos con uniformes, con chalecos antibalas y con una orden supuestamente firmada por un juez, irrumpieron en la casa alrededor de las 2 de la madrugada. Los dueños, un matrimonio de 45 y 42 años con dos hijos adolescentes, fueron reducidos a punta de pistola y obligados a permanecer en el piso mientras los supuestos policías revisaban cada ambiente.

Lo que las víctimas notaron casi de inmediato fue que los uniformados no tenían ni identificaciones visibles ni móviles policiales identificados. Además, la “orden de allanamiento” tenía errores groseros en la redacción y en los datos del domicilio. Cuando los ladrones se fueron con 800 mil pesos en efectivo, tres celulares, una notebook y un televisor, la familia radicó la denuncia en la comisaría de turno.

La fiscalía a cargo de la causa, que depende del Departamento Judicial de La Matanza, ordenó de inmediato la revisión de las cámaras de seguridad del barrio y el análisis de las antenas de telefonía celular. En menos de 48 horas se identificó que varios de los teléfonos de los imputados habían estado activos en la zona del hecho a la hora exacta del robo. Además, uno de los chalecos antibalas utilizados tenía el número de serie de una dependencia oficial.

Los ocho detenidos pertenecen a distintas comisarías del partido y, según fuentes de la investigación consultadas por este medio, al menos tres de ellos ya tenían denuncias previas por “exacciones ilegítimas” y abuso de autoridad que nunca prosperaron. Uno de los imputados, un oficial principal de 38 años, había sido apartado de la fuerza en 2023 por un caso similar, aunque después fue reincorporado tras un acuerdo en sede administrativa.

“Esto no fue un robo cualquiera. Fue una operación que usó la insignia policial para generar miedo y evitar que las víctimas resistieran”, explicó a Última Hora Diario una fuente judicial que pidió reserva. La fiscalía caratuló la causa como “robo agravado por el uso de arma de fuego y por ser cometido por personal de las fuerzas de seguridad, en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En los allanamientos ordenados en las últimas horas se recuperó parte del dinero y dos de los celulares. Sin embargo, el televisor y la notebook todavía no aparecieron. Las víctimas relataron que uno de los policías les dijo textualmente: “Si hablan, volvemos y es peor”. La familia decidió igual denunciar y ahora está bajo protección de la Dirección de Protección de Víctimas de la Procuración.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que se repite en los barrios del conurbano: la frontera cada vez más difusa entre algunos sectores de la fuerza de seguridad y las bandas que operan en el territorio. No es la primera vez que se desbarata una banda integrada por policías que usan su chapa para delinquir. En los últimos tres años, según datos de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), se registraron al menos 14 causas similares solo en la provincia de Buenos Aires.

Desde la Jefatura de la Bonaerense se emitió un comunicado breve en el que se afirma que “se actúa con tolerancia cero ante cualquier desviación” y que los ocho efectivos quedaron inmediatamente desafectados. Sin embargo, en los pasillos de los tribunales de San Justo circulan versiones de que varios de los detenidos contaban con protección de mandos intermedios que ahora intentan desentenderse.

La familia robada, que pidió no ser identificada por temor a represalias, todavía no pudo volver a dormir tranquila en su casa. “Pensamos que eran policías de verdad. Nos apuntaron como si fuéramos los delincuentes”, contó la mujer en la denuncia. El expediente avanza lento, como avanzan las causas cuando los acusados llevan uniforme.

La investigación continúa para determinar si el grupo actuaba de manera aislada o si formaba parte de una estructura más grande dedicada al robo bajo la modalidad de “operativos truchos”, una práctica que se viene replicando en varios municipios del Gran Buenos Aires.

Los números, esta vez, tienen cara. Ocho uniformados presos, una familia aterrorizada y un barrio que, una vez más, no sabe si temer más a los que entran por la ventana o a los que entran con la placa.