Desde una cárcel de Neuquén traficaban drogas y distribuían material de abuso sexual infantil

Una operación conjunta de fuerzas federales y provinciales desarticuló una red que operaba desde el interior de la Unidad de Detención N° 1 de Neuquén. Según los datos confirmados por fuentes judiciales, al menos cuatro internos coordinaban el ingreso y distribución de drogas y el intercambio de material de abuso sexual infantil a través de dispositivos electrónicos ocultos.

El caso salió a la luz tras una denuncia anónima que alertó sobre el tráfico de estupefacientes dentro del penal. La investigación, a cargo de la fiscalía federal de Neuquén, incluyó intervenciones telefónicas y seguimientos que permitieron mapear la red. Durante los allanamientos realizados en las últimas horas se secuestraron celulares, tarjetas SIM, pendrives y otros elementos que contenían tanto sustancias ilícitas como archivos con contenido prohibido.

Según los primeros informes, el material de abuso sexual infantil era distribuido a través de aplicaciones encriptadas y foros cerrados. Las autoridades indicaron que parte de ese contenido era producido dentro del penal y también compartido con contactos externos. Este tipo de delito representa un agravante grave, ya que involucra la explotación de menores y viola normativas internacionales sobre ciberdelincuencia.

Desde el Servicio Penitenciario Federal y el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron que se inició un sumario interno para determinar posibles complicidades de agentes penitenciarios. Hasta el momento se identificaron al menos seis internos involucrados directamente, aunque la investigación continúa para establecer si había una estructura jerárquica mayor.

El juez federal a cargo ordenó el traslado de los principales imputados a otra unidad de detención de mayor seguridad, mientras se profundiza el análisis forense de los dispositivos incautados. Fuentes consultadas por este medio indicaron que los datos extraídos ya permitieron identificar a varios distribuidores externos que operaban en el Alto Valle y en otras provincias.

Este caso vuelve a poner en evidencia las falencias de control en los establecimientos penitenciarios del interior del país. En los últimos años se registraron denuncias similares en diferentes penales, aunque la combinación de narcotráfico y distribución de material de abuso sexual infantil genera una alarma adicional por el daño social que implica.

Desde organismos de derechos humanos y de protección de la infancia se reclamó mayor inversión en tecnología de control y capacitación del personal penitenciario. Por su parte, el Ministerio de Justicia de la Nación anticipó que se implementarán auditorías en todas las unidades de la región patagónica para prevenir que situaciones similares se repitan.

La fiscalía federal trabaja en conjunto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) para determinar si existía un circuito de comercialización de las drogas y el material ilegal que generaba ganancias económicas. Los imputados enfrentan cargos por tráfico de estupefacientes, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil y asociación ilícita.