Córdoba copó las listas de abogados para el Consejo de la Magistratura y Llaryora juega fuerte
Los letrados cordobeses dominan las candidaturas para las cuatro bancas que se renuevan el 20 de octubre. En juego quedan decisiones clave sobre denuncias a magistrados locales, la elección del juez federal electoral y la cobertura de vacantes en tribunales.
La provincia de Córdoba se posiciona con fuerza en la renovación del Consejo de la Magistratura de la Nación. De las principales listas que competirán el próximo 20 de octubre para elegir a los cuatro representantes de los abogados de todo el país, al menos tres de los postulantes con mayor chances provienen del ámbito local.
Este dominio no es casual. s cercanas al oficialismo provincial indican que el gobernador Martín Llaryora viene trabajando hace meses para consolidar presencia cordobesa en el organismo que tiene entre sus atribuciones la selección y el control de jueces y fiscales federales. El objetivo es claro: incidir directamente en decisiones que afectan a la justicia con asiento en la provincia.
Entre los temas calientes que deberá abordar el nuevo Consejo se encuentran varias denuncias administrativas contra magistrados cordobeses, la selección del juez federal electoral que reemplazará al actual y la cobertura de cinco vacantes en juzgados federales y tribunales orales. Estas definiciones tendrán impacto directo en causas de alto perfil que involucran a dirigentes, funcionarios y causas sensibles para el interior del país.
La lista que encabeza un reconocido abogado penalista cordobés lidera las encuestas internas de los colegios de abogados. Detrás aparecen otros dos letrados locales que responden a distintos sectores del arco político provincial. Este “copamiento” de las candidaturas refleja la estrategia de Llaryora de fortalecer la influencia cordobesa en los organismos nacionales sin necesidad de confrontaciones abiertas.
Desde el entorno del gobernador sostienen que la jugada busca equilibrar la balanza en un Consejo que históricamente ha tenido mayor peso porteño. “No es solo poner nombres, es asegurar que las vacantes se cubran con criterios de federalismo y que las denuncias se resuelvan con conocimiento de la realidad provincial”, explican off the record.
El 20 de octubre los más de 180 mil abogados habilitados para votar en todo el país definirán la composición del estamento que representa a los letrados. La participación suele ser baja, por lo que cada colegio provincial y cada red de contactos adquiere relevancia decisiva. En Córdoba, tanto el Colegio de Abogados como las distintas asociaciones vienen articulando para maximizar el voto local.
Más allá de las candidaturas, lo que está en juego es la capacidad de Córdoba de incidir en la conformación de la justicia federal que actúa en su territorio. Los próximos meses serán clave: el nuevo Consejo deberá resolver las denuncias pendientes, llamar a concursos para las vacantes y, eventualmente, definir el perfil del juez electoral que organizará los comicios nacionales en la provincia.
Llaryora, que ya demostró habilidad para tejer alianzas transversales, apuesta a que esta presencia fuerte en el Consejo de la Magistratura se traduzca en mayor peso político a la hora de defender intereses cordobeses en la arena judicial nacional. El resultado de la elección del 20 de octubre dirá si la estrategia provincial logra consolidarse.