Cómo operaba la banda que desvió más de 2.000 armas al mercado negro con un policía involucrado

Una banda que operaba desde depósitos oficiales de armas en la provincia de Buenos Aires fue desbaratada en las últimas horas, según informaron fuentes judiciales. La investigación reveló que más de 2.000 pistolas, revólveres y fusiles terminaron en el mercado negro, con la complicidad de un policía bonaerense que ya fue detenido.

El mecanismo era sencillo pero efectivo. Los integrantes de la organización, entre los que había civiles y al menos un agente en actividad, accedían a los registros de armamento secuestrado o en custodia judicial. Una vez dentro del sistema, manipulaban los formularios para hacer figurar que las armas habían sido destruidas o enviadas a otro destino oficial. En realidad, salían por la puerta de atrás hacia compradores en el conurbano y el interior del país.

Según los datos a los que accedió este diario, la maniobra se repetía desde hace al menos tres años. Los investigadores estiman que el desvío superó las 2.100 unidades, lo que convierte al caso en uno de los mayores robos de armamento institucional de los últimos tiempos. La mayoría eran pistolas 9 milímetros y .40, las más demandadas en el mercado ilegal.

El policía involucrado trabajaba en una dependencia de la Dirección de Logística de la Bonaerense. Su rol era clave: firmaba los actas de destrucción y autorizaba los traslados. La Justicia lo acusa de integrar la banda y de cobrar un porcentaje por cada arma que salía del circuito legal. Ya está preso y se negó a declarar en las primeras horas.

La causa, que tramita en un juzgado federal de La Plata, empezó por una denuncia anónima que alertó sobre la falta de coincidencia entre el stock registrado y el físico en un depósito del Gran Buenos Aires. Cuando los peritos contaron bala por bala, el faltante era escandaloso. Ahí se activó la pesquisa que terminó con allanamientos simultáneos en distintos puntos del conurbano y el interior.

En los procedimientos se recuperaron apenas 180 armas. El resto ya había sido vendido a grupos delictivos, según los investigadores. Algunas aparecieron en escenas de crímenes en Rosario y en el conurbano bonaerense en los últimos meses, lo que eleva la gravedad del caso. Un revólver que figuraba como “destruido” terminó siendo usado en un homicidio en Lanús hace dos semanas.

La organización no solo desviaba armas secuestradas. También manipulaba el registro de armas que particulares entregaban voluntariamente para su destrucción. Ese mecanismo, pensado para reducir la violencia, fue usado como otra vía de ingreso al mercado negro. Los peritos encontraron que al menos 400 de las armas desaparecidas provenían de ese programa.

Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia confirmaron la detención del agente y aseguraron que se está auditando todo el sistema de control de armamento. “No vamos a tolerar que nadie use su uniforme para delinquir”, dijeron en un comunicado. Sin embargo, fuentes judiciales consultadas por este medio advierten que la estructura parece haber contado con más complicidades dentro de la fuerza, aunque por ahora solo hay un policía formalmente imputado.

La investigación continúa. Los fiscales buscan determinar si parte del armamento terminó en manos de bandas narcotraficantes del interior, especialmente en Santa Fe, donde el uso de armas de calibre similar al desviado aumentó de manera notable en los últimos dos años. Por ahora, los imputados enfrentan cargos por abuso de autoridad, sustracción de armas de fuego y asociación ilícita.

Hasta acá, los hechos. Lo que queda por determinar es cuánto tiempo más operó esta banda sin que nadie advirtiera el faltante y si el policía detenido era un eslabón aislado o parte de una red más profunda dentro de las fuerzas de seguridad. La respuesta a esa pregunta definirá si este caso es un hecho aislado o la punta de un iceberg mucho más grande.