Profecía anunciada: la ley penal juvenil que entró en vigencia sin recursos

La ley penal juvenil que el Congreso aprobó con bombos y platillos entró en vigencia este sábado 12 de septiembre de 2026 sin que la mayoría de las provincias haya preparado la estructura mínima para aplicarla. En Córdoba, como en otras jurisdicciones, la norma llega como una profecía anunciada: un texto que se vota para calmar la opinión pública pero que, desde el vamos, carece de los recursos humanos, edilicios y presupuestarios para hacerse realidad.

El problema no es nuevo. Ya ocurrió con otras iniciativas que intentaron reformar el abordaje de los adolescentes en conflicto con la ley penal. La diferencia esta vez es que la norma impone plazos perentorios y obliga a los sistemas provinciales a hacerse cargo de una franja etaria que antes derivaban casi automáticamente al fuero federal o a instituciones de adultos.

Según datos que manejan s judiciales cordobesas, en la provincia hay menos de treinta camas especializadas en centros cerrados para jóvenes. La ley exige centros de contención diferenciados, equipos interdisciplinarios capacitados, programas educativos obligatorios y un sistema de seguimiento post-egreso que, a esta altura, simplemente no existe. El resultado es previsible: los jueces seguirán improvisando con lo que tienen a mano, y los centros de adultos terminarán recibiendo a chicos que la nueva norma quiso sacar de allí.

Vamos por partes, porque esto viene de lejos. Desde hace más de una década se viene advirtiendo que el viejo régimen de responsabilidad penal juvenil, heredado de la dictadura, era incompatible con los tratados internacionales de derechos del niño. Cada gobierno prometió una reforma “integral” y cada vez el resultado fue un parche más. Esta ley nació con el mismo pecado original: se aprobó sin que las provincias firmaran un pacto fiscal que garantizara el financiamiento y sin que se realizara una auditoría seria de las capacidades reales de cada distrito.

En Córdoba la situación es especialmente delicada. El complejo de menores de la ciudad de Córdoba y los centros del interior provincial ya operan al límite de su capacidad. Los trabajadores sociales y psicólogos denuncian desde hace meses sobrecarga y falta de formación específica para la nueva normativa. Mientras tanto, el gobierno provincial guarda silencio sobre el presupuesto que destinará al tema en 2027. La Legislatura, que aplaudió la sanción nacional, todavía no debatió una ley de adhesión ni adecuación local.

Y acá es donde la cosa nos toca a nosotros. Cada vez que un adolescente comete un delito grave en Villa María, Río Cuarto o en los barrios del noroeste cordobés, la sociedad exige mano dura. Pero mano dura sin infraestructura termina siendo solo encierro sin tratamiento, que multiplica la reincidencia. Los números del Ministerio Público Fiscal cordobés muestran que más del 60 % de los jóvenes que pasan por el sistema vuelve a delinquir en menos de dos años. La nueva ley promete bajar esa cifra con programas de reinserción; el problema es que esos programas todavía no tienen ni oficina.

Conviene no confundir el ruido con la señal. Los discursos de campaña y los comunicados de rigor celebran “el fin de la impunidad”. La realidad judicial que viven los fiscales y defensores de menores en Córdoba es otra: la falta de centros especializados los obliga a elegir entre dejar a un chico en libertad con medidas precarias o mandarlo a un penal de adultos donde aprenderá a delinquir mejor.

Anoto la previsión para corregirme si me equivoco: sin una inyección presupuestaria urgente y sin un acuerdo entre Nación y las provincias para construir y poner en marcha al menos diez nuevos centros especializados en los próximos 24 meses, esta ley se convertirá en otro papel mojado. Y el costo lo pagarán, otra vez, los jóvenes más vulnerables y las víctimas de sus delitos.

La distancia entre legislar en el Congreso y garantizar el cumplimiento en los territorios sigue siendo, en la Argentina de 2026, demasiado grande. Córdoba, como provincia con peso específico en el mapa penal juvenil del país, tiene la oportunidad de liderar una adecuación seria en lugar de limitarse a adherir formalmente a una norma que, tal como está, nació para no cumplirse del todo.