En la última sesión de la cámara de Diputados de la Provincia el bloque oficialista trato de manera express la adhesión a la ley N° 26. 827, mediante la cual la provincia crea el «mecanismo de prevención contra la tortura y otros tratos crueles».
En este sentido, el «Comité de lucha contra la injusticia y la impunidad SDE» tildó dicha decisión política como «arbitraria, engañosa y parcial» mediante un fuerte comunicado firmado por su presidenta Patricia Isorni y el coordinador general del comité Jaime Díaz.
«Nuestro comité repudia y rechaza de manera explícita las formas en la que el gobierno de la provincia en conjunto con su bloque de Diputados provinciales llevaron a cabo la adhesión a la ley nacional N° 26.827 para la creación del «mecanismo provincial de prevención contra la tortura», puesto que carece de legitimidad, es inconsulto y parcial a las partes que nuestro comité denunció como responsables de las muertes, hostigamientos y persecuciones de las familias nucleadas en el comité de lucha contra la Injusticia y la Impunidad SDE.
Entre gallos y media noche la «Cámara de Diputados de la provincia» aprobó la creación de dicho mecanismo como respuesta a nuestra denuncia realizada ante la «Organización de las Naciones Unidas» dónde ponemos en evidencia la existencia de una estructura política-judicial-policial construida para brindar impunidad a narcos, asesinos, policías e hijos del poder acusados de la muerte, el encubrimiento o entorpeciento de las causas judiciales de nuestros hijos»
«En los distintos casos qué denunciamos desde el CC.II es irrefutable el rol cómplice del poder político. Estos hechos no podrían haber sido posibles sin el acompañamiento del gobierno provincial qué con su intención de perpetuidad apela al disciplinamiento mediante el hostigamiento, la persecución, el miedo y la muerte, usando a parte de las fuerzas policiales para ejecutar el plan, son ellos los que gozan de la complicidad del poder judicial a lo que se le suma una corporación mediática que tergiversa la realidad que vivimos todos los santiagueños. Estamos denunciando a jueces fiscales de justicia subordinados al poder político».
Los principales acusados en los homicidios de nuestros hijos deciden de manera arbitraria, tramposa e inconsulta la creación de un espacio que resguarde, corrija y sancione todo acto de violencia, tortura y otros tratos o penas crueles llevados a cabo por ellos mismos.
Nuevamente el gobierno de la familia Zamora se burla de la memoria, el pedido de verdad y justicia por nuestros hijos privilegiando sus intenciones de perpetuidad en el poder.
Advertimos que el «mecanismo provincial de prevención contra la tortura» no es la solución al problema, su carácter politizado lo transformará en un brazo del poder judicial que solo resguarde los intereses propios de los funcionarios públicos amigos del poder.
Cabe recordar qué el comité de lucha contra la injusticia y la impunidad impulsó mediante distintos bloques opositores de la cámara de Diputados de la Nación, el pedido de intervención Federal al poder judicial, cómo así también impulsa la solicitud de juicio político a jueces y fiscales del medio como medida principal para la construcción de una provincia más justa.
Agregar Comentario