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Denunciarán a la provincia por impedir el paso de productos agropecuarios

Ruralistas agrupados en Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), con el apoyo del diputado nacional José Cano (Juntos por el Cambio), realizaron un planteo ante la Justicia Federal solicitando que se ordene al Gobierno de Santiago del Estero que permita el ingreso a su territorio de vehículos vinculados a la actividad agropecuaria.

La presentación, que quedó asentada en el Juzgado Federal número 1° de Tucumán, a cargo de Daniel Bejas, surgió en respuesta a los estrictos bloqueos fronterizos que dispuso el mandatario santiagueño, Gerardo Zamora (Frente de Todos) como medidas preventivas para evitar la circulación del nuevocoronavirus .

En el escrito, que lleva las firmas de Cano, en su carácter de titular de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, y del presidente de Apronor, Osvaldo Martín, los productores tucumanos advirtieron que Santiago del Estero estableció «una suerte de aduana interna» ilegal.

En este sentido, señalaron que los retenes impuestos en la frontera entre ambas provincias vulneran «los derechos constitucionales de circular libremente por el territorio de la nación, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de comerciar, de peticionar a las autoridades, de usar y disponer de la propiedad, de trabajar en iguales condiciones dignas y equitativas«. Y agregaron que «la provincia de Santiago del Estero, a través de sus fuerzas policiales, arbitrariamente impide el ingreso y circulación en la provincia de productores, empleados de productores, contratistas, profesionales, proveedores, transportistas, choferes, etc. que hacen a la naturaleza misma de esta actividad declarada esencial por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la pandemia por el Covid-19″.

En la acción de amparo presentada este lunes, a la que LA NACION tuvo acceso, los ruralistas tucumanos señalaron que su reclamo «atañe al país entero, que depende del sector productivo y del transporte a los efectos de abastecerse y aprovisionarse de alimentos, vestimenta, materia prima, etc«.

En su planteo, el diputado Cano y Martín recordaron que el artículo 17 de la Constitución Nacional establece que «la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley».

Por otro lado, señalaron que «la Provincia de Santiago estableció la obligatoriedad de un permiso provincial para circular dentro del ámbito de la provincia que se obtiene a través de una solicitud de autorización para circular desde una página web«. Y recordaron que esa medida contradice lo dispuesto por el gobierno nacional, que dispuso la vigencia de un certificado único habilitante para circular por el territorio nacional.

«El Gobierno de Santiago del Estero, en manifiesta contradicción, demanda a los que circulen por su provincia la obtención de un permiso extra para circular«, precisaron los denunciantes.

Cano y Martín señalaron que la Provincia de Santiago del Estero «en contradicción con lo dispuesto por el gobierno nacional configuró una suerte de aduana interna impidiendo el acceso y circulación de trabajadores exceptuados a los fines de dirigirse o permanecer en sus lugares de trabajo de forma absolutamente arbitraria y excediéndose en sus facultades«. Y precisaron que los bloqueos están instalados en los límites ubicados sobre las rutas nacionales 9, 157 y 34, y en las provinciales 33, 333 y 303, entre otras.

Los amparistas apuntaron que «los perjuicios provocados por el actuar arbitrario y contrario a lo dispuesto en el orden nacional por parte de la provincia de Santiago del Estero, supone lesiones y restricciones a derechos constitucionales básicos (trabajo, ejercicio industria licita, libre circulación, propiedad privada, igualdad, etc.) de un grupo de ciudadanos que conforman el sector productivo de este país, del que dependen todos los habitantes del territorio nacional».
Por último, advirtieron que «no solo se está afectando y perjudicando directamente a los dueños de empresas productoras o de transporte, sino a todas aquellas personas que dependen de ellos para su subsistencia: cosechadores, despaladores, tractoristas, maquinistas, contratistas, peones, choferes, entre otros. Es decir, el perjuicio es inmensurable», resumieron.
«Actitudes arbitrarias»
En diálogo con LA NACION, el diputado Cano aseguró que «hay una actitud arbitraria por parte del Gobierno de Santiago del Estero, a través de su policía, del Ministerio de la Producción y de algunos intendentes de esa provincia, que están perjudicando mucho a la producción de toda la región al impedir la circulación».
Como ejemplo, señaló que «el principal campo sembrado con papa en territorio santiagueño, que tiene más de 220 hectáreas, en la zona de San Pedro de Guasayán, es de un productor tucumano que por estas restricciones no está pudiendo trabajar normalmente».
Recordó que «la producción y el agro fueron declaradas actividades esenciales por parte del Poder Ejecutivo Nacional y debe garantizarse su circulación, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios exigidos en el marco de la cuarentena por el coronavirus».

El diputado radical señaló que anteriormente ya había planteado «a los Ministerios del Interior y de Transporte de la Nación que arbitren las medidas necesarias para garantizar que todas las actividades que fueron declaradas esenciales puedan circular libremente, siempre y cuando cumplan con los protocolos sanitarios, para no cortar la cadena de la producción en la región

Fuente: Diario La Nación

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