El gobierno de la provincia no puede ocultar su rostro represivo ante la clase obrera. Actualmente un grupo de 10 familias se encuentran realizando posesión de tierras que se encuentran en la zona oeste de la ciudad.
Estas familias ya han realizado todas peticiones posibles al estado para adquirir una vivienda. La ironía del IPVU es pedir un recibo de sueldo donde el trabajo en negro llega al 50%, donde los salarios son de miserias y para acceder a la casa exigen sumas de sumas de $40.000 y con garante. Al carecer de este requisito condicionante han optado por el pedido de un módulo habitacional de emergencia que también se les fue negada ya que los pedidos pasan los tres años de iniciado el expediente.
El gobierno lejos de responder los reclamos, a mandado a las fuerzas represivas que usando un método ilegal de desalojo no les importó la presencia de menores y les prendieron fuego a sus pertenencias derrumbaron sus precarias viviendas. En ningún momento la policía ha presentado ante las familias ninguna orden de desalojo. Sin embargo, resulta curioso que se haya colocado un cartel en inmediaciones de los predios donde figura una leyenda de inmobiliaria y se coloca un teléfono que hace referencia a la seccional 45 como si actuara de sucursal de la inmobiliaria.
Estamos ante la presencia de un negocio inmobiliario que está basado en primera necesidad de la población trabajadora como es el acceso a la vivienda. Desde Partido Obrero, llamamos a las organizaciones sociales a solidarse con estas familias y a apoyar las medidas que tomen las familias en asambleas en defensa de la vivienda.
Partido Obrero
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