Reforma laboral: el sector duro lanzó un paro de 36 horas, pero la CGT no ve clima para otra protesta

El anuncio de un paro de 36 horas por parte del sector más duro de la CGT y de las centrales de izquierda volvió a poner sobre la mesa la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Sin embargo, en la conducción cegetista reina la cautela: creen que no hay clima social ni sindical para otra medida de fuerza generalizada.

Según datos del INDEC que venimos siguiendo hace meses, el salario real acumula una caída de más del 20% desde diciembre del año pasado. En ese contexto, cualquier cambio en las reglas de juego del mercado de trabajo se siente como una amenaza directa al bolsillo. El proyecto oficial incluye modificaciones en el período de prueba, limitaciones al derecho de huelga en ciertos sectores y cambios en las indemnizaciones por despido. Para los impulsores, se trata de descomprimir un mercado laboral rígido que desalienta la contratación formal. Para los críticos, es un ataque directo a los derechos adquiridos.

Vayamos al número. Un estudio reciente de la consultora Ecolatina estima que, si se aprobara la reforma tal como está, el costo laboral promedio bajaría entre 12% y 18% en las pymes. Suena atractivo para el que contrata, pero el mismo informe advierte que el efecto sobre el empleo formal sería modesto en el corto plazo: entre 0,8% y 1,4% de aumento en la tasa de formalización. El promedio miente, claro: en el conurbano bonaerense y en el norte del país el impacto sería mucho mayor que en las provincias patagónicas.

Ahora bien, acá está la trampa. El Gobierno vende la reforma como parte de un paquete que supuestamente va a “generar empleo”. Pero la experiencia de las últimas décadas muestra que en Argentina las reformas laborales por sí solas rara vez mueven la aguja del desempleo cuando no vienen acompañadas de una recuperación fuerte de la actividad. El salario real sigue siendo la variable que más le importa al lector promedio, y esta reforma, al menos en su versión actual, no promete una suba.

Desde la CGT oficialista, el diagnóstico es claro: no hay clima para otro paro general. Después de las medidas de enero y de la marcha del 9 de julio, el cansancio es visible en las bases. Un dirigente que pidió reserva lo resumió así: “La gente está preocupada por llegar a fin de mes, no por pelear una reforma que todavía ni se votó”. Esa lectura coincide con lo que ven los propios referentes del sector duro: aunque logren un alto acatamiento en el sector público y en algunos gremios del transporte, la adhesión en la industria y el comercio privado sería parcial.

Traducido al bolsillo, un paro de 36 horas implica para un trabajador registrado una pérdida de entre 8% y 12% del salario mensual, según el convenio colectivo. En un contexto donde la inflación de los últimos tres meses promedió 4,2% mensual, esa pérdida no es menor. Y el costo para las empresas es aún más difícil de medir: en sectores como el autopartista o el textil, donde las cadenas de pago ya están tensionadas, un paro puede significar la pérdida de pedidos de exportación.

El Gobierno, por su parte, mantiene el rumbo. En el Ministerio de Economía sostienen que sin una reforma que baje el costo laboral no habrá recuperación sostenible del empleo formal. Los números del primer semestre muestran que la creación de empleo registrado fue positiva pero muy concentrada en el sector público y en algunos servicios. El sector privado sigue sin despegar.

¿Contra qué lo estamos midiendo? Si se compara con el pico de empleo registrado de 2015, todavía falta un 4,5% para recuperar los niveles prepandemia. Si se compara contra el piso de 2020, ya estamos 6% por encima. El promedio miente, otra vez. La informalidad sigue por encima del 45% y en las provincias del norte supera el 60%.

Desde la perspectiva de los que impulsan el paro, la reforma es el primer paso de un ajuste más profundo que terminará licuando aún más las conquistas laborales. Hablan de “precarización” y advierten que los cambios en las indemnizaciones van a facilitar los despidos. El dato que más repiten es que en los últimos seis meses los despidos en el sector público superaron los 70.000, según datos de ATE.

Sin embargo, la CGT tradicional no acompaña la medida con el mismo entusiasmo. Prefiere esperar a ver cómo evoluciona la discusión en el Congreso y, sobre todo, cómo impacta la economía en los próximos meses. Si la inflación sigue bajando y el salario real empieza a recuperarse, aunque sea modestamente, la temperatura sindical va a bajar. Si, por el contrario, la recesión se profundiza y el poder adquisitivo sigue cayendo, el clima para protestar puede cambiar rápido.

No hay almuerzo gratis. Toda reforma laboral tiene ganadores y perdedores. Los que ganan son, en principio, las empresas que contratan y los nuevos trabajadores que entran al mercado formal con costos más bajos. Los que pierden son los que ya están adentro y ven reducidos sus derechos. El desafío es si el pastel crece lo suficiente como para que todos terminen comiendo un poco más.

Por ahora, el paro de 36 horas parece más una expresión de un sector que una medida con capacidad de torcer la agenda del Gobierno. Pero en Argentina, como sabemos desde el 2001, el clima social puede cambiar de un mes para el otro. El dato que hay que seguir mirando no es solo cuántos adhieren al paro, sino cómo evoluciona el salario real en los próximos tres meses. Ahí va a estar la clave de si este conflicto se apaga o se enciende.