El fiscal federal Guillermo Marijuan, quien impulsa la investigación por presunto lavado de dinero conocida como «La ruta del dinero K», se refirió a la situación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la misma, y explicó que «estamos reuniendo pruebas», pero que «hasta el momento» no hay elementos de «sospecha» para que si situación de no sea la de imputada.
«Estamos reuniendo pruebas y tratando de dilucidar los sucesos y veremos si se puede pasar a un estado procesal distinto de la imputación», señaló el fiscal Guillermo Marijuan, al referirse a la situación de Cristina Kirchner en la investigación conocida como «La ruta del dinero K», por la que fue detenido el empresario Lázaro Báez.
En declaraciones a radio La Red, Marijuan precisó que «para avanzar en un pedido de indagatoria de cualquier persona hay que tener un elementos de prueba que generen un estado de sospecha», y aclaró que «hasta el momento no se ha avanzado en ese supuesto».
Marijuan se encuentra en la provincia de Chubut, donde está al frente de los últimos allanamientos en propiedades de Lázaro Báez -a nombre de sus empresas o presuntos testaferros- y confirmó que la tasación parcial de los mismos asciende hasta los 749 millones de pesos.
«Ayer tuve un adelanto (de la tasación), creo que la suma ronda los 749 millones de pesos. Esos bienes fueron alcanzados por un embargo, que si no fuera suficiente, se va a ampliar», apuntó el representante del Ministerio Público.
Además, reveló que las propiedades del titular de Austral Construcciones en Chubut son «un número cercano» a 26, y destacó la aparición de «dos predios muy importantes«, aunque aclaró que se deberá esperar «alguna otra diligencia ordenada por el juez Sebastián Casanello» para tener más precisiones.
Para finalizar, Marijuan admitió que hubo «charlas informales» con los abogados de Lázaro Báez, en medio de las versiones de que podría acogerse en la figura del arrepentido, tal como hiciera Leonardo Fariña.
«Hemos hablado algo con los letrados, no profundamente, sino de que siempre está abierta la posibilidad de acogerse a ese beneficio. Ellos saben que el beneficio es para los imputados, pero después hay que ver si hacen uso o si pueden hacer uso, porque está previsto para determinadas causas y condiciones», explicó.
