Fuente: Infobae
El 13 de julio pasado, mientras estaba siendo investigado por lavado de dinero, el senador de Santiago del Estero Gerardo Montenegro vendió su casa en Miami, registrada a través de una sociedad de su mujer y su hijastro. La operación, según registros públicos de Miami, se concretó en USD 460 mil, unos USD 154 mil más de lo que había pagado tres años antes. No es todo. En 2021, apenas Infobae reveló el escándalo, el senador y su esposa vendieron un lujo departamento en Punta del Este, valuado en más de USD 500 mil.
Montenegro está siendo investigado desde comienzos de 2021 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se transformó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El senador está acusado de usar cooperativas para cobrar subsidios millonarios y comprar bienes de lujo.
La causa está en manos del juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri, y la fiscal Cecilia Indiana Garzón.
Recién hace dos semanas, Argibay citó a indagatoria a Montenegro, a su mujer, María Teresa Sciolla, y a una decena de miembros de las cooperativas. Ahora el juez tiene un plazo para definir la situación procesal de todos los indagados. En Santiago del Estero, sin embargo, sospechan que hay una maniobra en curso para que la causa siga en la justicia provincial, donde los jueces suelen estar más influenciados por la política local.
Pese a que la investigación está en pleno desarrollo, Montenegro le vendió su casa de Miami a la sociedad CLARF LLC. El senador había comprado esa propiedad en noviembre de 2019 a través la sociedad JM SILVER GROUP LLC, donde su mujer y su hijastro aparecen como “personas autorizadas”.
Para constituir esa sociedad, Sciolla había declarado como domicilio una casa en la capital santiagueña, ubicada en Islas Malvinas 665, la misma dirección que utilizó para crear una SRL con el mismo nombre. En cambio, el hijastro de Montenegro, Javier Sciolla, declaró como domicilio un departamento en la calle 25 de mayo al 300.
La casa está ubicada en el barrio cerrado “Via Ventura 2″, a solo 15 minutos del Aventura Mall. El lugar ofrece amenities como Club House, pileta, spa, gimnasio, cancha de fútbol y juegos para niños.
La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar esa propiedad, aunque la denuncia original mencionaba una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR, dueña de esa emprendimiento.
Montenegro también llevó su fortuna a las playas de Punta del Este. Según datos aportados por la UIF en el expediente, el senador y su esposa compraron un departamento en el Venetian Luxury Residences, un emprendimiento de lujo de 27 pisos ubicado en la Parada 17.
Entre el 13 de abril de 2018 y el 25 de abril de 2021, la mujer de Montenegro hizo depósitos y transferencias por un total de USD 511.590 para comprar la unidad 403. Algunos de esos pagos fueron remitidos por Washy Corporation SA, Larix SRL, Puerto Colonia LTD, Marcelo Walter Perretta Masantis y Zully Giunta.
Los detalles de las sociedades involucradas figuran en un informe que le mandó la UIF hace apenas dos meses al juez federal de Santiago del Estero.
En mayo de 2021, Infobae reveló la causa judicial contra Montenegro y se encendieron todas las alarmas. Según consta en el expediente, en agosto de ese año, la mujer de Montenegro le cedió sus derechos a Daniel Guillermo Felix por USD 534.709. Los investigadores sospechan que podría haber sido una venta ficticia.
Actualmente, las unidades más grandes de ese edificio de lujo se venden por más de USD 2 millones.
Gerardo Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. Siempre en las filas del kirchnerismo. Aunque la causa judicial lleva casi dos años, hasta ahora el bloque de senadores de Juntos por el Cambio nunca se expresó en público sobre el escándalo. Apenas hubo comunicados de la UCR y del PRO local pidiendo que la Justicia avance con la causa.
La Justicia sospecha que la fortuna de Montenegro provenía de fondos públicos. De hecho, está acusado de comandar una red de cooperativas que recibieron más de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero. En esas cooperativas había familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de Santiago del Estero, y hasta trabajadores de la seccional local de UPCN, el gremio que controla Montenegro desde 1998.
El caso más emblemático fue la cooperativa “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”, íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro. En esa cooperativa también aparecía Ramón Orlando Bravo, empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicación de UPCN, y Walter Gómez, otro empleado provincial.
Entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de las cuentas de esa cooperativa se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que controla a la cooperativas.
Además, esa cooperativa le otorgó un préstamo sospechoso a la SRL JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y de su hijastro (20%).
La UIF detectó que esa sociedad, creada en 2009, fue utilizada para comprar una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 que manejaba el hijastro de Montenegro y un BMW 503 221i Cabrio. Los únicos autorizados a manejar el BMW eran el senador y su hijo Facundo Gerardo Montenegro.
La denuncia contra Montenegro también apuntó a los movimientos migratorios del senador y su mujer. Entre 2017 y 2018, Sciolla viajó siete veces Estados Unidos, cinco a Panamá (una plaza muy utilizada para maniobras de lavado de dinero), y estuvo una vez en las playas de República Dominicana. “El promedio de los viajes es de apenas cinco días”, alertaron los investigadores. Para ese entonces, llamativamente, la mujer figuraba como monotributista, en la categoría ‘G”.
No es todo. La UIF y la PROCELAC detectaron que la mujer de Montenegro, siendo empleada del Senado, visitó 74 veces los casinos de Buenos Aires y registró “ganancias” por $8 millones. Todo en un período de seis años. Ahora se investiga si en realidad se trató de una maniobra para lavar dinero y ocultar el verdadero origen de los fondos
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