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Con anterioridad, la Dr. Ivana Sanchez (representante legal del ex juez Miguel Ángel Moreno), había pedido expresamente que el juez federal Guillermo Molinari sea recusado de una causa que incluso lo señala como posible sospechoso en un caso de narcotráfico. En el pedido de pronto despacho se relataba: “pido con carácter de urgente se ordene el apartamiento del mencionado juez de mi provincia de residencia (Guillermo Molinari) y se disponga que reasuma jurisdicción el juez Dr. Bonadio, por haber prevenido en el trámite al haber dictado la medida cautelar de inclusión en el Programa Nacional de Testigos e Imputados”.
Nuevamente en diálogo con Radio Nacional, más precisamente en el programa «Palabras Cruzadas», la letrada dio detalles del estado actual en el que se encuentra la denuncia radicada.
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«Estamos ante jueces que no le temen a nada a la hora de fallar»
«Lamentablemente tengo novedades que no son buenas, ya que se ha realizado una cuestión sumamente perjudicial para los intereses nuestros y para los de la sociedad en general. Estamos ante jueces que no le temen a nada a la hora de fallar y aplicar con errores esenciales la Ley«, comenzó relatando Sánchez y aclaró «me refiero puntualmente a que esta situación estaba en Tucumán y presenté un Pronto Despacho porque hace 4 meses que la Cámara Federal tenia para resolver ésto y la ley marca que deben resolverlo en 48 horas, imaginate que estamos sin juez y sin fiscal hace 7 meses».
Vale mencionar que hasta el momento la Cámara no notifico formalmente cual fue la decisión que tomaron, sin embargo la semana pasada -según relata Sanchez- le llegó a su correo electrónico una notificación en donde «Molinari me notifica una sentencia y me sorprende obviamente porque no sabia que él había sido confirmado por la Cámara, porque de haber sido confirmado por la misma, ya hubiera recurrido a Tribunales Superiores, puntualmente a la Cámara de Casación penal con sede en Comodoro Py».
«Lo denuncio a Molinari como parte de una red que tiene participación en el trafico internacional de estupefacientes»
Luego la letrada aseguro que los fundamentos de la recusación siempre se basaron en «que es un juez denunciado junto a una serie de funcionarios» ante el juez federal Claudio Bonadio. «Lo denuncio a Molinari como parte de esta red que tiene participación en el trafico internacional de estupefacientes. Ahora el grado de participación lo tiene que determinar un juez que tiene que ser independiente», fustigo.
Dejó en claro que, ademas de denunciar a Molinari ante el mencionado magistrado, denuncio «al Ministro Daives, a la gobernadora de la provincia, al senador Gerardo Zamora, a Marcelo Pato y a muchísimos funcionarios provinciales por la participación en mayor o menor medida en el trafico internacional de estupefacientes, puntualmente a través del Caso Marito Salto».
También contó que cuando el expediente se inicio, en la caratula Bonadio puso como imputado a Molinari y a Pato. «Entonces Molinari debía excusarse por violencia moral, debió sentir que violan su moralidad si lo denuncian y si esta en una caratula, pero así no lo sintió obviamente para procurar la impunidad de él y toda su familia».
«El fiscal finalmente decidió no ejercer la acción pública y al no ejercerla, Molinari comprendió que la causa debía ser archivada», aseveró Sánchez y destacó que «es una causa que compromete la soberanía y la seguridad de toda la nación Argentina, porque el trafico internacional de estupefacientes compromete a toda la nación Argentina, que tiene firmados convenios internacionales para la lucha contra el narcotráfico y que puede ser sometida a sanciones en el caso de comprobarse que existe una red u organización de esta naturaleza».
Consultada sobre el accionar del fiscal de la provincia, Pedro Simón, aclaró que el mismo no instó a que se inicie una investigación en la provincia manifestando que «ha sido recusado a los 2 días de haber llegado la causa a Santiago del Estero. Bonadio no ha realizado ninguna diligencia en investigación y desde la recusación ese expediente está radicado en Tucumán, si ha realizado algún acto de diligencia es absolutamente nulo porque ya estaba recusado él y el juez».
«¿Si esto me notifican ahora, en que momento han investigado? sobre todo si no se me ha permitido producir pruebas», se preguntó y explicó que eso también se lo apeló en Tucumán, «entonces a la vista está que han cometido un error muy grande, porque una cosa es hacer el circo de que se está investigando como lo hace la doctora Falco y otra cosa es decir por sentencia que ‘No voy a investigar’, cuando la ley los obliga a hacerlo», expreso indignada.
«Tienen que investigar, tienen que haberlo llamado a José Gelid a quien hemos denunciado como principal comercializador de las drogas en Quimilí, tienen que llamar a los vecinos en Quimilí, quiénes han visto, tiene que citar a Daives, haberla citado a la gobernadora, haber requerido muchas pruebas, pero no lo hicieron hacer» agregó.
Generando lazos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La semana pasada, por primera vez en la historia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington ha sesionado en la Argentina, bajo ese marco Sanchez aseguró que recibió un gran apoyo por parte de las personas que integran la comisión y mencionó: «Nosotros hemos sido convocados para una reunión con integrantes de la CIDH y con altos funcionarios que trabajan en el área de DD.HH. a raíz de numerosas denuncias que yo misma he efectuado a los largo del 2016″.
En ese sentido explicó que entre los meses de Agosto y Septiembre del año pasado denunció la persecución Claudia Ledesma Abdala en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, «a mí me despide de mi trabajo por cuestiones personales. Lamentablemente (para ella) tengo todo constatado en escritura pública, ella vía mensajes de texto ordenaba al juez Moreno que termine la relación conmigo sino me dejaba sin trabajo. Tengo los mensajes que ella mandó, los que yo mandaba a ella y al senador (Gerardo Zamora) pidiéndoles que no me dejen sin trabajo porque no pueden basarse en una cuestión personal».
Cuenta que a partir de la denuncia contra la actual gobernadora santiagueña «arrancan numerosas denuncias contra el ejecutivo. Luego denuncio la detención arbitraria del doctor Moreno y las torturas que ha sufrido en el lugar de detención, más la denuncia respecto de Andrés Infante también detenido arbitrariamente».
«Es a raíz de tantas denuncias que se me ha considerado como una persona importante en materia de afectación de derechos humanos y he tenido el honor de entrevistarme con integrantes de la CIDH y funcionarios de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, en donde he expuesto todo el terrorismo de Estado que estamos viviendo en nuestra provincia. Es un verdadero terrorismo de Estado, un Estado que se entromete en tu vida privada, un Estado que te priva ilegítimamente de tu libertad, ilegítimamente de tu puesto de trabajo», señaló.
Por último sentenció «Quería que la sociedad sepa hasta donde llega el nivel de impunidad y de encubrimiento, porque te dictan una sentencia que a los 7 meses de denunciar este hecho aberrante la, justicia santiagueña decide no investigar y archivar la denuncia. Es un acto más de la justicia que corrobora que no quieren descubrir, que no van a investigar porque obviamente los primeros involucrados son ellos».
