El ex juez Miguel Ángel Moreno, quien supo estar frente a la investigación del aberrante crimen de Marito Agustín Salto, patrocinado por su abogada defensora Ivana Sánchez, llevó a cabo una denuncia contra Claudia Ledesma Abdala y Gerardo Zamora -el matrimonio gobernante en Santiago del Estero- por ejercer Terrorismo de Estado.
“Es Terrorismo de Estado porque el Gobierno pretende inferirnos temor a toda la familia, mediante las detenciones arbitrarias, la pérdida ilegitima del empleo, juicios que no prosperan y en donde se deciden cuestiones ilegítimas”, manifestó la letrada patrocinante.
La denuncia realizada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también presentada por ante el Ministerio de Justicia de la Nación, cartera dependiente de Germán Garavano, se expresa que “desde el acontecimiento de la muerte del niño, Mario Agustín Salto, hemos sido víctimas junto a mi familia de amenazas que motivaron a mi parte como juez a ordenar custodia domiciliaria por la policía local”.
Una de las hojas del documento en cuestión a la que pudo acceder de manera exclusiva “Última Hora” afirma que con el avance de la investigación, habiendo llegado a la supuesta vinculación narco-política, Moreno manifiesta que fue “obligado mediante intimidación a renunciar a mi cargo, para luego ser privado ilegítimamente de mi libertad y sometido a torturas”.
“Miembros de mi familia han perdido su trabajo por orden directa del Poder Ejecutivo de la Provincia, incluyéndome. Han sufrido delitos como amenazas, violación de domicilio y daños a los bienes, privados de su libertad ilegítimamente, llegando incluso un familiar a perder la custodia (cuidado personal unilateral) de un menor (hijo) del que se encontraba a cargo por orden judicial previa”, continúa la denuncia.
Moreno sostiene en la demanda que todo esto ocurre por “Complicidad del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo, pues en mi provincia no existe la división de poderes, todo está concentrado en el gobierno de turno, resultando el órgano judicial un apéndice del ejecutivo”.
Por último el ex juez destaca que su derecho a trabajar y el de su mujer, ambos abogados, “también se ha visto lesionado de manera aberrante”.
Entre la documentación presentada se encuentran también las denuncias penales realizadas por Andrés Infante contra el juez Darío Alarcón por la privación ilegítima de la libertad, por abuso de autoridad y desconocimiento de los principios esenciales del Derecho, la cual aseguran que se encuentra “parada” y a cargo de la Dra. Érica Leguizamón.
También la fuente asegura que se adjuntaron todas las constancias del Expediente del Juzgado de Familia, en donde la jueza le había entregado la tenencia del pequeño Mauricio Infante, razón por la cual actualmente hay una denuncia penal contra la Dra. Soria Vildosola por mal desempeño en el ejercicio de las funciones públicas, encubrimiento de un delito como el maltrato físico y desconocimiento de los principios esenciales del Derecho.
Por su parte Sánchez aseguró que «Todo esto le adjunté a la Corte Suprema como prueba de que evidentemente las garantías y libertades reconocidas en la Constitución Nacional y en todas las leyes que fundamentan la democracia no existen, no sirven para nada».
