Fuente Partido Obrero
La denuncia de un ex juez penal provincial contra la familia gobernante en Santiago del Estero abre una profunda crisis política. Deja al desnudo un régimen mafioso ligado a crímenes aberrantes, el narcotráfico y la trata de personas, controlado con mano férrea por una camarilla familiar.
LA DENUNCIA
El ex juez Moreno fue destituido y detenido junto a otros dos magistrados (Martínez Llanos y Tarchini Saavedra) por una millonaria estafa contra la provincia de Tucumán. Tras recuperar provisoriamente la libertad, Moreno solicitó al juez Bonadío ser incluido en el programa de protección de testigos y arrojó una bomba: responsabilizó al diputado provincial Daniel Zamora (hermano del Senador Gerardo Zamora, “hombre fuerte” de la provincia y esposo de la gobernadora) y al Secretario de Seguridad, Marcelo Pato, de estar directamente involucrados en el crimen de Marito Salto, nene de 11 años violado, torturado y descuartizado en Quimilí, del interior provincial. El aberrante crimen habría sido, según el ex juez, una represalia porque un policía, tío del niño, se habría negado a hacer la vista gorda ante un cargamento de drogas.
Moreno denuncia a las altas esferas: según el ex juez, además de los personajes ya mencionados, en el encubrimiento del crimen estarían involucrados directamente Gerardo Zamora, la gobernadora Claudia Ledesma de Zamora, el Ministro de Justicia Ricardo Daives, la familia del Ministro de Producción Luis Gelid y el Juez Federal Guillermo Molinari. El escándalo deja evidencia algo que denunciamos hace años: el poder judicial santiagueño está sometido a un régimen de poder personal-familiar.
QUIEBRA DE UN RÉGIMEN MAFIOSO
El zamorismo ha lanzado una contraofensiva por los medios de comunicación oficialistas, desestimando las denuncias como una difamación y pretendiendo reducir el problema a una pendencia entre Moreno y el oficialismo. Pero al atacar a Moreno, el zamorismo escupe para arriba: el ex juez era parte de su entorno íntimo (Gerardo Zamora es padrino de uno de sus hijos). Además, independientemente del ex juez, es vox populi y hasta el propio intendente zamorista de Quimilí ha reconocido que la zona está copada por los narcos y que el asesinato de Marito tiene ese sello.
Santiago se ha convertido en un nodo del narcotráfico y la trata de personas, con decenas de pistas de aterrizaje clandestinas. En la última década, se han multiplicado los crímenes mafiosos y de hijos del poder en la provincia, encubiertos sistemáticamente por el Estado. Un caso emblemático es el de Raúl Domínguez, trabajador de rentas secuestrado, torturado y descuartizado por denunciar una estafa contra el Estado provincial, pero hay muchos otros.
La denuncia contra los Zamora es parte de una crisis mucho más amplia. Como primeras repercusiones del ajuste, el zamorismo ha quitado beneficios a algunos contratistas del Estado, beneficiando a otros; esto va generando una ola de descontentos.
Esta semana, la justicia pidió la prisión para el secretario general de Atsa, acusado de defraudación al Estado con facturas truchas. El Ministerio de Educación está siendo investigado por todo tipo de contubernios. El propio Ministro de Producción de la provincia continúa en funciones tras ser procesado en septiembre por incumplimiento de los deberes de funcionario público en una causa por desvío de fondos nacionales.
Existe una histórica y permanente tensión entre las dos fracciones del Frente Cívico gobernante: los radicales K y el PJ. La ‘oposición’ patronal, fundamentalmente Cambiemos, mantiene un fuerte recelo por el acuerdo que Macri mantiene con Zamora.
La Iglesia ha comenzado a realizar una agitación política: en una homilía reciente en la Catedral, el párroco exigió justicia por Raúl Domínguez y Marito Salto, responsabilizando directamente al poder político.
La crisis atraviesa hasta a la policía: Moreno habría armado su propia camarilla policial, con rivales a Pato que ahora lo estarían auxiliando.
Es decir, el dominio del zamorismo se ha agrietado profundamente. Estamos ante una crisis del régimen político.
DESENVOLVAMOS UNA MOVILIZACIÓN POPULAR
El pueblo santiagueño se enfrenta nuevamente a las tareas inconclusas del santiagueñazo de 1993 y de la rebelión que volteó al gobierno de Juárez: superar la descomposición de un régimen mafioso y la perpetuación del atraso económico y social. Es imprescindible el desarrollo de una movilización popular políticamente independiente del Estado y los partidos del régimen, que pueda exigir el desmantelamiento del aparato represivo, de espionaje y de punteros políticos.
Tanto en las movilizaciones del viernes 16 –en ocasión del 23º aniversario del santiagueñazo– y del 20 de diciembre –en el marco de la jornada nacional del clasismo– el Partido Obrero levantará una tribuna en la que los reclamos democráticos tendrán un sitial privilegiado.
Justicia por Marito Salto, Raúl Domínguez, Leonardo Gallo y todos los casos impunes.
Abajo el régimen de mafias, narcos y asesinatos. Basta de impunidad, basta de encubrimiento político.
