Fuente Partido Obrero
La denuncia de un ex juez acerca del involucramiento del poder político en el crimen aberrante de un niño de diez años violado y asesinado podría provocar un tembladeral político en Santiago del Estero. El ex juez Miguel Moreno –que investigó la causa por el asesinato del niño en un primer momento– elevó un escrito a la justicia federal en el que señala que se trató de una vendetta contra los familiares del niño Marito Salto por haber desbaratado el traslado de un cargamento de estupefacientes. La denuncia involucra al secretario de Seguridad David Pato y a Daniel Zamora, cuñado de la gobernadora Claudia Ledesma, esposa del ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora.
Mario Salto, conocido como Marito, era un niño de diez años que en mayo de este año desapareció en la localidad de Quimilí. Su cadáver descuartizado fue hallado tras cuarenta horas de búsqueda. Las pericias posteriores revelaron que había sido violado y estrangulado.
Aquel crimen desató una profunda indignación popular que derivó en una rebelión. La reacción del pueblo de Quimilí fue volcarse a las calles masivamente en una sucesión de marchas semanales. Más de 10 mil personas participaron en la primera marcha (Quimilí tiene 15 mil habitantes). Ante la evidente inacción policial, la movilización exigió y logró la destitución del jefe policial de la ciudad. Sin embargo, la orientación de la (no) investigación está dictada por las más altas esferas policiales, judiciales y del poder político.
Miguel Moreno fue el juez que intervino en la causa en los primeros momentos. En un escrito derivado a la justicia federal Moreno denunció el boicot de la policía santiagueña a la investigación y relató que el ministro de Justicia provincial, Ricardo Daives, supervisó la pesquisa hasta que el ex juez le reveló que uno de los sospechosos era el funcionario de Seguridad y desde entonces el ministro se negó hasta atender sus llamados.
Moreno denuncia que los cruces telefónicos ordenados por su antiguo juzgado indican que se efectuaron llamados entre el único preso por el homicidio, Rodi Sequeira, y el secretario de Seguridad Pato y también el actual diputado Daniel Zamora, cuñado de la gobernadora Claudia Ledesma y hermano del ex gobernador y actual senador Gerardo Zamora. El clan familiar había sido un puntal del kirchnerismo y en la actualidad apoyan al macrismo en el poder.
El crimen de Marito respondería a una vendetta narco, ya que uno de sus tíos, de oficio policía, había desbaratado el envío de un cargamento de cocaína. El ex juez Moreno pidió ser incluido en el programa de protección a testigos para él y su familia, tras denunciar amenazas de muerte. El pedido fue otorgado por el juez Claudio Bonadío. Al atenerse al programa, el ex juez también había prometido señalar más datos sobre la causa que había investigado. Santiago del Estero es una provincia altamente inficionada por el narcotráfico, que opera una vasta red de pistas de aterrizaje clandestinas.
“El 16 de diciembre se cumplen 23 años del Santiagueñazo y realizaremos una movilización para recordar esa fecha y luchar contra el actual ajuste. Una de las consignas será que se resuelva el caso del asesinato del niño Marito Salto -dice Andrea Ruíz Jiménez, ex diputada del Partido Obrero en Santiago del Estero, a Prensa Obrera-. No es un caso aislado. El mismo método fue utilizado en el crimen de Raúl Domínguez, un trabajador de Rentas que había denunciado los negociados estatales y cuyo cadáver apareció también descuartizado. La impunidad del poder político debe ser denunciada y combatida y por eso nos movilizaremos”.
