Los tribunales federales de Comodoro Py 2002 preparan medidas que apuntan a reforzar la seguridad para la declaración indagatoria que deberá prestar la expresidenta Cristina Fernández en la causa donde se le atribuye haber armado un plan para adjudicar obra pública al empresario Lázaro Báez.
La expresidenta está citada para las 10, para declarar ante el juez federal Julián Ercolini, tras dos duros dictámenes de los fiscales Gerardo Pollicita y Juan Mahiques, que hacen un detallado análisis de la obra pública durante la gestión kirchnerista y los presuntos privilegios que habría tenido Báez para ser adjudicatario de los emprendimientos y después cobrarlos en tiempo récord, en relación a otros contratistas.
Será la primera vez que Fernández de Kirchner deba presentarse a declarar en una causa por corrupción. El 13 de abril pasado, acompañada por una gigantesca movilización, había protagonizado su primera indagatoria ante el juez federal Claudio Bonadio que investiga la causa de dólar futuro. Cuando tuvo que notificarse del procesamiento que recayó en su contra y el embargo a sus bienes, la expresidenta fue acompañada por un grupo de seguidores claramente menor al que la había respaldado en una de sus primeras apariciones públicas luego de dejar el poder en diciembre último. Ahora es una incógnita cuántas personas la acompañarán en esta nueva declaración, aunque se cree que los más fervientes kirchneristas harán una manifestación de respaldo.
Alejandro Slokar, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, remitió escritos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; al jefe de la Policía Federal, comisario Néstor Roncaglia, y al jefe de la División Seguridad de los tribunales, el comisario Daniel Acosta.
A Bullrich se le solicitó que incremente las medidas de seguridad en las afueras del edificio ‘en cumplimiento de las normas vigentes y bajo el estricto respeto de los derechos humanos‘. A Roncaglia se lo notifica de la decisión, mientras que al encargado de la seguridad interna se lo instruye a ‘arbitrar las medidas necesarias para incrementar las medidas de seguridad del edificio, en aras de proteger la normal prestación de servicios durante las diligencias procesales informadas‘. ‘Ello con el objeto de garantizar el funcionamiento de las dependencias jurisdiccionales y el resguardo de las personas y bienes sitos en el edificio‘, se señaló.
El operativo de seguridad previsto incluye la presencia de varios policías por piso, de manera permanente, para sellar las entradas y salidas. Las autoridades quieren evitar manifestaciones políticas en el interior del edificio mientras se produce la declaración indagatoria.
En el exterior las previsiones oficiales son que habrá una manifestación reducida, de unas 200 o 300 personas, a las que se sumarán los militantes que espontáneamente se acerquen al edificio judicial en la zona de Retiro.
Para el martes próximo se espera también la indagatoria al exministro de Planificación Julio De Vido; el miércoles será trasladado desde la cárcel el detenido Lázaro Báez, y el jueves se prevé que sea indagado el también preso exsecretario de Obras Públicas José López.
