El oficialismo estudia implementar cambios en el proyecto de reforma judicial, tras el rechazo de jueces y la oposición a la iniciativa. Aunque se prevé que la propuesta tendrá media sanción en el Senado el panorama para el Frente de Todos se complicaría en Diputados, donde no tiene mayoría, y por eso se dispondrían modificaciones.
El interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados advirtió que no tratará el proyecto de manera virtual. El jefe del bloque del PRO Cristian Ritondo explicó que «los debates que quedan pendientes», como el de reforma de la Justicia, quieren que se hagan «en forma presencial». El legislador Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, consideró que la propuesta «no es prioridad, está mal planteada y no se puede debatir de manera virtual».
Ante el panorama adverso por el rechazo de tribunales como la Cámara del Crimen y la Cámara Civil y Comercial Federal, además de la oposición, senadores del Frente de Todos quieren evitar un revés para el Gobierno en el Congreso. Lo que ya sucedió con la propuesta de expropiación de la agroexportadora Vicentin, que el Gobierno anunció y luego desactivó.
Los senadores oficialistas que proponen que se hagan modificaciones consideran que la resistencia que generó el proyecto jugará en contra a la hora de tratarlo en la Cámara baja, consigna La Nación. El Frente de Todos tiene mayoría en el Senado pero no en Diputados, y carecería del respaldo suficiente para sancionar la ley.
Uno de los cuestionamientos que recibió la iniciativa fue la del presidente de la Cámara del Crimen Alberto Seijas. El juez planteó en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia del Senado que la reforma disolverá la Justicia criminal y correccional porteña. Recordó que este fuero se ocupa de delitos como asesinatos, casos de violencia doméstica, hurtos y extorsiones.
Los diputados de Juntos por el Cambio reclaman que el proyecto se trate de manera presencial. El legislador radical Luis Petri dijo que «no hay posibilidad de tratarlo en sesiones virtuales» y pidió que el debate se realice «desde las bancas y de cara a la sociedad». Planteó que en la modalidad a distancia la discusión y el debate son «acotados».
El viernes venció el acuerdo entre el oficialismo y la oposición para sesionar de manera virtual, aunque desde el oficialismo rechazaron esta posibilidad por la cantidad de casos de coronavirus. Pese a que el presidente de la Cámara baja Sergio Massa no convocó a los jefes de bloque para prorrogar el acuerdo desde el Frente de Todos confían en que se mantendrá esta modalidad, consigna Clarín.
Los ejes del proyecto de Reforma judicial
La iniciativa surge de un trabajo conjunto entre el mandatario, la ministra de Justicia Marcela Losardo, el secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz y la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra.
Impactará de lleno en la estructura de Comodoro Py, ya que buscará ampliar el número de juzgados criminales que podrán investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas, así como contrabando de mercaderías, lavado de activos y evasión empresaria, delitos que hasta ahora eran exclusivos del fuero penal económico.
Un nuevo fuero federal
La iniciativa presentada este miércoles crea un nuevo fuero federal para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico. Ambos tienen similar jerarquía y comparten la misma instancia de apelación máxima, la Cámara Federal de Casación Penal. Además, sus Tribunales Orales están en el mismo espacio físico, el edificio de Comodoro Py 2002, en Retiro.El fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente doce juzgados federales de instrucción en el tercer y cuarto piso de ese edificio, que serán fusionados con once penales económicos.
En total, en un principio, habrá 23 juzgados de instrucción que se ocuparán de los delitos por los que antes cada fuero intervenía de manera separada. Los juzgados penales económicos y federales de instrucción tienen dos secretarías cada uno. Con la reforma, el número total de juzgados federales unificados sería de 46, con lo que se deberán nombrar nuevos magistrados.
«Cada uno de esos Tribunales actuarán en lo sucesivo con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de 23 nuevos tribunales que se sumarán para acabar de conformar el fuero», explicó Fernández. «Esta lógica de ampliación del número de juzgados, ha tenido muy en cuenta la necesidad de adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que deriva de la puesta en marcha del sistema acusatorio que impone el Código Procesal Penal Federal», señaló.
El mandatario aclaró que todas las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces o tribunales orales que actualmente las estén tramitando.
«Para que el nuevo Fuero Federal Penal empiece a funcionar cuanto antes, se ha previsto un sistema de subrogancias con la máxima transparencia en la designación transitoria de los magistrados en la que intervendrán la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación», precisó Fernández.Además, indicó que prevén la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías que se sumen al nuevo esquema.El objetivo de este punto del proyecto es, según sostuvo el Presidente, «superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados que tienen el poder de conocer y decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y consecuentemente mediática». «Estas han sido circunstancias determinantes para que este fuero se politizara del modo en que ha ocurrido», aseguró.
Fusión de fueros civil y comercial federal
La iniciativa planea unificar los fueros civil y comercial federal y el contencioso administrativo federal. Se trata de tribunales que resuelven los juicios en los que está involucrado el Estado nacional.»En este caso, se ha considerado la experiencia que da cuenta de los numerosos conflictos de competencia que suscitan entre ambos fueros, lo que atenta contra la celeridad, eficiencia y eficacia tan reclamada a la labor judicial», resaltó el mandatario.
La Justicia federal en las provincias
En tercer lugar, el proyecto propone «un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país» a través del desdoblamiento de los juzgados y la creación de nuevos: uno exclusivo para los temas penales y otro para el resto de las causas.
«Intentamos así poner en marcha una iniciativa que ya tuvo trámite parlamentario en el Congreso y que por las normas reglamentarias vigentes, ha caducado», afirmó el Presidente y destacó que la iniciativa recoge el texto de un proyecto de ley impulsado por la gestión anterior en el marco del programa “Justicia 2020”.
Un consejo asesor
También anunció la creación del «Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público». Se trata de un comité compuesto por 11 juristas que analizarán el funcionamiento del Poder Judicial y harán recomendaciones de las que saldrán proyectos de ley que el Congreso deberá debatir.»Este Consejo que estamos creando deberá elevar a consideración del Presidente propuestas concretas sobre los temas que conciernen a una mejor administración de Justicia», explicó el mandatario. «Analizar los problemas que se observan para el mejor funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa en el ámbito nacional, será una condición imperiosa para poder abordar las posibles soluciones», aseveró.
Los once miembros del Consejo Consultivo son: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanian, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbdar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo
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