Fuente Infobae
El Programa Qunita lanzado por el kirchnerismo tenía un costo de 1100 millones de pesos. Entres seis empresas se repartieron la venta al Estado de los 140.000 kits de asistencia para madres y bebés recién nacidos.
El plan del Ministerio de Salud fue creado en la última etapa del kirchnerismo para asistir a «todas las mujeres embarazadas de la Argentina que reciben la Asignación por Embarazo (AUE) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)». Una iniciativa del Estado Nacional para «acompañar a las mamás durante el embarazo y luego del nacimiento de sus hijos, para garantizarles la mejor atención y las mismas oportunidades para nacer y crecer sanos».
El juez Claudio Bonadio procesó en febrero pasado al ex Jefe de Gabinete de Cristina Kirchner Aníbal Fernández, a los dos últimos ministros de Salud de la Nación del anterior gobierno Daniel Gollán y Juan Manzur (hoy gobernador de Tucumán) y a quien fuera el segundo de Salud y militante de La Cámpora Nicolás Kreplak. A ellos los procesó por el modo en que se hizo la licitación que favoreció a empresas, una de ellas sin ningún antecedente que la avalara. La empresa Fasano se quedó con la porción más grande del contrato: 115.000 kits. Iba a cobrar una suma de 900 millones de pesos. Los integrantes de todas las empresas que participaron del negocios también fueron procesados.
Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, Bonadio decretó el embargo de todas las cuentas bancarias de las empresas, de los integrantes de las sociedades y también sus cajas de seguridad.
El embargo de dinero es hasta intentar hallar la cifra que pagó el Estado hasta que hace unos meses se suspendió el Programa Qunita, luego de un informe sobre las condiciones de seguridad de las cunas que integraban el kit.
Hasta entonces las empresas habían cobrado distintas sumas de dinero. Fasano había recibido 382 millones de pesos, Delta Obras y Proyectos 12,5 millones, Compañía Comercial Narciso 14 millones, Grupo Diela 11 millones, Dromotech 27 y Fibromad 22.
A partir de los embargos ordenados por Bonadio se han recuperado hasta ahora 10 millones de pesos. Aunque la operación para congelarles las cuentas a los empresarios recién comienza. Y, por ejemplo, no se ha contado aún lo hallado en las cajas de seguridad de los empresarios y sus asociados.
El procesamiento dictado por Bonadio es revisado por la Sala II de la Cámara Federal porteña que podría llegar a resolver si confirma o no lo decidido por el juez en las próximas semanas.
