La jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se refirió esta mañana a la investigación judicial por la muerte del fiscal Alberto Nisman, su ex pareja y padre de sus dos hijas. Arroyo Salgado se mostró muy conforme con el avance de la investigación por la muerte del ex titular de la UFI AMIA, porque que a fines del año pasado, la justicia «determinó que hubo un plan criminal con intervención de agentes del Estado». La magistrada resaltó así el trabajo del juez del caso, Julián Ercolini, y del fiscal Eduardo Taiano, quienes se hicieron responsables del expediente desde que fue derivado al fuero federal.
Aunque al ser consultada sobre el futuro de la investigación, que tiene como único imputado al técnico informático Diego Lagomarsino, bajo la figura de «partícipe necesario», Arroyo se mostró escéptica. «No quiero ser pesimista, pero la verdad que después de todo lo que pasó y lo sofisticado del plan, va a ser muy difícil despejar todos los que estuvieron detrás», explicó.
En declaraciones a Radio Mitre, Arroyo Salgado hizo una distinción de lo que fueron los tres años que pasaron desde la muerte de Nisman. Sostuvo que «2015 fue un año de muchas intimidaciones» y que el asesinato del fiscal buscó no solo «silenciar a Alberto Nisman» sino también «condicionar a la justicia general demostrando qué les podía pasar a los que se animaban a investigar el poder vigente», dijo. «Alberto Nisman fue el que se animó a denunciar al poder vigente», insistió.
La magistrada también reconoció que así como fue un año de «soledad en la acción por el miedo», también recibió «el acompañamiento de miles de personas anónimas. No recuerdo otra oportunidad donde una multitud saliera a apoyar así», sostuvo en referencia a las marchas que se hicieron tras la aparición sin vida del fiscal.
De 2016 destacó la intervención de la Corte Suprema en el caso y aseguró que si había que investigar el caso era porque se trataba de un crimen y no de un suicidio. En tanto que sostuvo que en 2017 «se estabilizó» la investigación e insistió en que se determinó que fue «un crimen de Estado».
La jueza fue por más y aseguró que «el caso encierra graves violaciones a los derechos humanos» y agregó que en el caso «intervinieron los tres poderes del Estado». Y afirmó que el caso debería ser considerado como «crimen de lesa humanidad», una posibilidad que su defensa estudia pedir en el expediente.
«Nuestro país cruzó una raya con el magnicidio de Nisman», agregó.
