La Justicia tomó el control de OCA y avanza con un proceso de «salvataje», luego de un año en el que se profundizaron los problemas que tiene la empresa ligada a Hugo Moyano para pagar sus deudas con la AFIP, a la que ya le debe $ 6.000 millones.
El juez en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada,cerró el concurso de acreedores y designó a tres interventores -que asumirían sus cargos en los próximos días-, en un proceso de «cram down». Además el juez le garantizo al sindicato la continuidad de los puestos de trabajo «mientras dure el cram down y la eventual quiebra», dijeron fuentes judiciales.
OCA se negó a ingresar al plan de pago de deudas impositivas en 48 cuotas, que rige para todas las empresas. Y la Cámara de Apelaciones le rechazó el pedido al dueño del mayor correo privado del país, Patricio Farcuh, para que la AFIP le dé un plan de pagos especial. De hecho, el organismo recaudador le había dado dos planes, que se dieron de baja en abril pasado, porque OCA no los pagó.
En estos días la Justicia abrirá un registro, donde recibirá propuestas para comprar la empresa o transferirla a una cooperativa de trabajadores, que garanticen el pago de las deudas impositivas.
Ese proceso podría durar un mes y, en caso de no llegar a un acuerdo, OCA iría a la quiebra, como sucedió con Oil Combustibles, la empresa de Cristóbal López, señalaron fuentes judiciales. Y agregaron que «el procedimiento de salvataje tiene por objeto permitir la reorganización de la empresa sin liquidación manteniéndola en actividad en el mercado».
En el último año aumentó exponencialmente la deuda de OCA con la AFIP. A fines de 2017 debía $3.400 millones. A mediados de 2018 la deuda creció a $5.000 millones. La Justicia le levantó los embargos, para que pueda pagar sus deudas con la AFIP. Pero a fin de año ya debía $ 5.850 millones. «Siguió acumulando deuda y sólo pagaba los sueldos», dijo una fuente oficial.
La AFIP, dirigida por Leandro Cuccioli, logró a principios del año pasado la remoción del dueño de OCA de los órganos de dirección de la compañía. Peroel coadministrador Marcelo Griffi duró poco en su puesto, ya que renunció a fines de septiembre, cuando Farcuh pagó el salario de empleados de tres empresas que no tienen relación con OCA y dejó de pagar las cargas sociales y fiscales de ese mes, por $ 234 millones.
«Esta situación inaceptable consideramos que, fatalmente, se va a reiterar en los meses venideros», planteó en ese momento Griffi. «La empresa tiene un pronunciado déficit mensual, que no tiene forma de financiación imaginable en la situación de la concursada. En este escenario, la actividad de la coadministración resulta totalmente estéril», añadió en su carta de renuncia.
Luego, la AFIP pidió la intervención plena de la compañía, que se concreta ahora con la designación de tres interventores. Además, el organismo recaudador denunció a Farcuh en el fuero Penal Económico, donde el juez Javier López Biscayart lo procesó, a fines del año pasado, por el delito de retención indebida de aportes de la seguridad social, y le trabó un embargo de $ 500 millones.
OCA tiene 6.800 empleados, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros, gremio que pagó parte del sueldo durante varios meses de 2016, período en el que Moyano tomó el control de la compañía por la fuerza.
El Gobierno plantea que quiere ir «a fondo» para que el correo pague la deuda con la AFIP. En su hipótesis más dramática, OCA podría ir a una quiebra, si no encuentra comprador en estos días; mientras que iría a una reestructuración profunda, en caso de poder hacer una transferencia judicial, que le permita pagar sus deudas impositivas.
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