Los diputados nacionales de la CC ARI, Rubén Manzi y Maximiliano Ferraro, presentaron hoy un proyecto de ley para intervenir el Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero, incluido el Consejo de la Magistratura y el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de asegurar la administración de justicia en la provincia.
El proyecto sostiene que en la provincia de Santiago del Estero “bajo la legitimidad estatal y democrática, se siguen constatando modalidades estructurales de tortura, represión y persecución. Así, la violencia institucional y la violación de los Derechos Humanos son una problemática de antigua data, que constituyen una compleja trama que abarca la cultura política, la complicidad entre poderes del Estado o entre poderes del Estado y algunas élites, la formación de las fuerzas de seguridad, la ineficiencia de éstas para garantizar la paz social, como también la explotación de las vulnerabilidades de ciertos sectores sociales”.
“A partir del contacto directo que hemos tomado con víctimas de estas violaciones a derechos humanos elementales y afectación de las características esenciales de la forma republicana de gobierno, hemos podido comprobar que en Santiago del Estero el Estado de Derecho se encuentra afectado, específicamente en el manejo del Poder Judicial. Detenciones arbitrarias, violencia policial, falta de administración de justicia y persecución política son algunas de las variables que caracterizan el régimen político y la problemática provincial actual. Todo ello en un contexto histórico que evidencia una frágil institucionalidad, acentuada aún más en la pandemia, cuando el Estado exacerbó los controles por parte de las fuerzas policiales y que, secundariamente, generó renovadas oportunidades para que afloren rasgos autoritarios y de avasallamiento a la sociedad”, explican los diputados en los fundamentos del proyecto de ley.
Destacan que no se trata de hechos aislados “sino más bien de hechos que evidencian una matriz perversa de impunidad, injusticia y dolor causada por el accionar policial y judicial. Santiago del Estero por su estructuración estatal centralizada, de padrinazgo político, se caracteriza por una concentración al acceso de posibilidades de inserción social, laboral y económica, que enfrenta serias restricciones a la realización de denuncias y al acceso a la justicia en cuanto a problemáticas de violencia institucional y/o violaciones a derechos humanos”.
El proyecto se basó principalmente en dos informes que establecen un análisis exhaustivo de la situación de vulnerabilidad que viven los/las santiagueños/as. Por un lado, el informe de justicia realizado por el Comité contra la Injusticia y la Impunidad en Santiago del estero (C.I.I) protagonizado por la asociación madres del dolor, por el otro, el informe de Violencia Institucional realizado por el diputado Rubén Manzi en el año 2020 el cual desarrolla los múltiples hechos de violencia institucional en el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO DNU 297/20) dejando al descubierto las prácticas anticonstitucionales y cargadas de violencia propiciadas por el Estado provincial, sus instituciones y dependencias. Ambos informes sostienen la existencia de una crisis institucional de características estructurales, que vulneran los derechos fundamentales, las libertades individuales, como también la aplicación de los debidos procesos judiciales, generando una matriz de impunidad, complicidad y corrupción que tiene como actor principal al Poder Judicial provincial, como también a organizaciones para-estatales, relacionados con la delincuencia, el narcotráfico y la trata de personas, que posicionan a la provincia de Santiago del Estero en una situación inaceptable de violación a los derechos humanos en democracia.
L as denuncias y los casos recopilados presentan serias fallas en torno a la ejecución del debido proceso judicial. Dan cuenta de los hábitos delictivos de la elite judicial, política y económica de la provincia que, con impunidad, desafían los límites de la legalidad y transparentan sus relaciones de complicidad entre autoridades de diversa índole con el narcotráfico.
Entre estos casos se encuentra el homicidio de Franco Nicolás Isorni, la detención seguida de muerte de Mauro Coronel, el caso de Raúl Domínguez empleado público que fue desaparecido, la desaparición de Leonardo Ezequiel Gallo joven de 28 años, el crimen de Clelia Santillán ejecutada en la capilla de San Esteban, el infanticidio de Mario Salto, niño de 11 años que fue vejado, estrangulado, decapitado y descuartizado en la localidad de Quimili, el homicidio de Sergio Godoy, el homicidio de Felipe Jaime, joven de 17 años.
El proyecto de ley propone que sea el Poder Ejecutivo Nacional quien designe un interventor federal y la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Intervención de esa provincia.
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