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La Cámara Federal habilitó la detención de la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner

La familia de Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor Kirchner que aparece como un personaje clave moviendo dinero en la causa de los cuadernos de las coimas, quedó en problemas legales. La Cámara Federal dejó hoy a las puertas de indagatorias y detenciones a la viuda, Carolina Pochetti, y el entorno del secretario fallecido en el marco de una causa por lavado de dinero que analiza cómo compró bienes en el exterior y que fueron descubiertos a través de la investigación Panamá Papers.

La decisión la tomaron los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia desde la Sala II de la Cámara Federal, al hacer lugar a un pedido del fiscal Carlos Stornelli contra una decisión del juez Luis Rodríguez.

El dato es clave a la luz de la causa de los cuadernos de la corrupción. Allí diferentes declaraciones hablan de cómo Muñoz recibía el dinero que se movía en el auto del chofer Oscar Centeno en el departamento de la ex presidente Cristina Kirchner. Incluso, una de las versiones también señalaba que Muñoz había conseguido valijas más pequeñas para quedarse con una diferencia.

El juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa, le pidió a su colega Rodríguez que le envíe el expediente. El fiscal Stornelli, que interviene en los dos casos, estuvo de acuerdo. Rodríguez todavía no hizo lugar. Trascendió que las defensas solicitaron la eximición de prisión.

Daniel Muñoz había sido investigado por enriquecimiento ilícito y había sido sobreseído. Pero el caso Panamá Papers destapó que Muñoz habría contratado el estudio panameño Mossack y Fonseca para la creación de la off shore Gold Black Limited, con acciones al portador y registradas el 13 de agosto de 2010 con un capital de 50 mil pesos. La empresa operó en las Islas Vírgenes Británicas con el agente “Proctullis Trusnet” y habría colocado el dinero obtenido en operaciones inmobiliarias de los Estados Unidos.

Según pudo saber Infobae, al comenzar a investigar se probó que Sergio Todisco junto a su esposa Elizabeth Ortiz Municoy –dueña de la inmobiliara Ortiz LizMar-habrían creado al menos 14 empresas en Miami y en el estado de Delaware, entre mayo de 2010 y julio de 2015, que fueron el canal para la adquisión de 16 propiedades –departamentos de lujo, paseos comerciales y un mini shopping-.

También se acreditó que Todisco dejó su puesto en febrero de 2015 y lo reemplazó Perla Aydeé Puente Reséndez, con el fin de ocultar los verdaderos dueños de la offshore –posiblemente Daniel Muñoz y su esposa Carolina Pochetti. Ese mismo año, Reséndez reemplazó a Todisco en ocho de las catorce sociedades creadas en Miami ya que se sospechaba que la investigación de Panamá Paperse había salido a la luz, analizó el fiscal Stornelli.

Tanto la Oficina Anticorrupción como la Procuración de Investigaciones Administrativas aportaron a la investigación, mientras que se le pedía distinta documentación a la AFIP sobre una cadena de empresas y se cruzaron dato de salidas y egresos del país de los imputados. Pero además, dijeron las fuentes consultadas, se logró que Estados Unidos mandara información clave para la causa.

Con toda esa batería, Stornelli pidió las indagatorias y detenciones de Carolina Pochetti (viuda de quien en vida fuera Héctor Muñoz), Sergio E. Todisco, Elizabeth E. Municoy, Carlos A. Gellert, Perla A Puente Resendez y Carlos Temístocles Cortez (todos con vínculos personales, familiares o de otro tenor con el matrimonio Muñoz. Y también el congelamiento de las cuentas.

El juez Rodriguez no hizo lugar y por eso Stornelli llegó a la Cámara Federal, en donde hoy tuvo éxito. Los camaristas Irurzun y Bruglia afirmaron que “los elementos de la causa (obtenidos vía informes oficiales de otros países como los Estados Unidos de América, de organismos locales argentinos, de datos entrecruzados por la UIF y de otros procesos penales, etc.) permitían sospechar que los imputados habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina y en el extranjero, con el fin de canalizar convertir, transferir, administrar, vender, disimular y/o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita”.

Según la Fiscalía, “los documentos enviados por el Departamento de Justicia de los EEUU mostraban que se habían aplicado esos fondos en la adquisición de dieciséis bienes inmuebles en Nueva York y Miami. A partir de 2013 pero principalmente entre 2015 y 2017, aquellos fueron vendidos obteniéndose una suma cercana a los USD 73.406.300. Una parte fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras de otros estados de ese país, así como a México (capital) y China (Hong Kong). También se presumen envíos de dinero a Andorra, concretamente a cuentas a nombre de diferentes empresas y personas”.

“Con todo –dijo la Cámara Federal-, se insiste: si previamente existió base suficiente para la disposición de medidas cautelares patrimoniales en torno a una hipótesis de lo acontecido que se mantiene en pie, resulta infundado no sostener lo propio aquí, cuando se está aludiendo al destino de los fondos en el exterior, donde en estos momentos estarían depositados y, en algunos supuestos, siendo movilizados”.

Irurzun y Bruglia aseguraron que “los datos –provenientes justamente del país en que están radicadas las cuentas- dan la pauta sobre un peligro en la demora elevado y la negativa a proceder como se requiere pone seriamente en riesgo objetivos propios de la instrucción, porque el paso del tiempo –obvio es decirlo- no es inocuo en estos casos”.

Y también aludieron a la causa de los cuadernos: “Cabe destacar que el fiscal y el juez a cargo de la instrucción de la causa n° 9608/18 están informando que existen fuertes motivos para sospechar que la procedencia de estas millonarias sumas de dinero podría rastrearse en la actividad que, según versiones directas, llevara adelante el fallecido y ex funcionario público Daniel Muñoz (que era esposo de Pochetti) en el marco de los delitos presuntamente cometidos por una asociación ilícita conformada en el seno del poder político y empresarial, tendiente a percibir dinero ilegítimamente a través de sistemas de recaudación en que el nombrado pudo haber tenido un rol importante. Esta circunstancia se erige como factor nuevo y trascendental”.

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