La sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó hoy el procesamiento del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. La decisión, en el marco de la causa conocida como Río Turbio, complica aún más la situación de De Vido, detenido desde octubre pasado.
El fallo respaldó la decisión del juez Luis Rodríguez, en cuyo juzgado tramita la causa que investiga un desvío millonario en sobreprecios en la construcción de una mina para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en esa localidad santacruceña. Río Turbio es la causa más compleja que enfrenta De Vido y que involucra, entre otros, a su mano derecha en el Ministerio, Roberto Baratta.
La confirmación de la Sala, compuesta por Martín Irurzun, junto a Eduardo Farrah y Leopoldo Bruglia, fue un nuevo revés para De Vido, cuyos abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, vienen presentando recursos para lograr su excarcelación y mejorar su situación procesal. Detenido en el penal de Marcos Paz, el ex ministro kirchnerista también está sentado en el banquillo de los acusados en el juicio Once y enfrenta otros frentes judiciales.
La resolución de los jueces llegó a raíz de la apelación presentada ante el procesamiento por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por lo además le trabaron un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de doscientos cincuenta millones de pesos.
En un paso del fallo se hizo referencia a que la responsabilidad de De Vido no surge de la falta de seguimiento del modo en que YCRT aplicaba los fondos del Presupuesto Nacional que le era otorgado sino, por “el uso que se dio a las millonarias sumas dispuestas para la concreción del “ambicioso” proyecto”. Y luego se dio cuenta de todos los movimientos que se hicieron desde enero de 2008, cuando se firmaron los primeros contratos entre YCR y la Universidad Tecnológica Nacional y su fundación.
La utilización de instituciones académicas y fundaciones fue utilizada en diferentes áreas y se plasma en varias causas que tramitan en la justicia federal por desviar fondos porque no son controladas, ni auditadas.
En el fallo también se dio cuenta también que cada uno de los convenios específicos firmados con la Universidad Tecnológica Nacional implicaba a su vez “mayores costos para el Estado Nacional, en tanto a las sumas autorizadas les era adicionado por convenio el diez por ciento (10%) en concepto de gastos administrativos”. Y detallaron que “las facturas incautadas en autos revelan además que dicha triangulación tuvo directas implicancias en el volumen final del perjuicio ocasionado, por cuanto al diez por ciento que se le reconoció a la Facultad Regional Santa Cruz, se le debe adicionar otro porcentaje similar de incremento por la intervención de Fundación de la Facultad Regional Santa Cruz”. Al tiempo que detallaron que con eso era claro que entre el valor de las obras contratadas y el precio finalmente abonado, “existió un sobrecosto injustificado”.
La causa se inició con una denuncia de Miguel Ángel Larregina y Marta Nilda Pérez, quienes fueron Coordinador General y Responsable de la Delegación Buenos Aires de YCRT, y luego quedaron coimputados en la causa.
