El juez federal Julián Ercolini, además de la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, citó a declaración indagatoria a Juan Pablo Schiavi, su sucesor en el cargo, para el 8 de abril, en la causa que investiga irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal. El magistrado -que dispuso anoche el arresto de Jaime y del empresario Manuel Vázquez-, prohibió tambiénsalir del país a Schiavi, a Ricardo Domingo Testuri y a Ignacio Julián Soba Rojo, este último un jubilado octogenario, considerado un“prestanombre” de Jaime.
En carácter de imputados, Ercolini citó a declaración indagatoria a Soba Rojo para el próximo 7; a Schiavi, el 8; y a Testuri, el 11 de abril.
En su resolución, el juez estableció que Jaime “en su carácter de titular de la Secretaría de Transporte de la Nación, fue quien tuvo a su cargo la administración del patrimonio estatal en su órbita de actuación y suscribió (…) los contratos rubricados con el Reino de España y la República de Portugal, para proveer a nuestro país de material ferroviario, dentro del llamado ‘Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional’”.
“De las constancias del expediente surge que los fondos abonados por el material rodante adquirido eran de desproporción exorbitante en relación a su calidad y funcionalidad real, lo que hacer presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal”, advirtió el magistrado.
El juez añadió que “participaron de la maniobra descripta los funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación en el grado de participación que a cada uno le cupo, conforme su desempeño”.
En la resolución también se consideró que Vázquez, “encontrándose vinculado a la empresa CAESA y revistiendo a su vez carácter de funcionario de la mencionada Secretaría, tomó parte en la maniobra precedentemente descripta al tiempo que obtuvo beneficios para sí y para terceros en el marco de su intervención como asesor del organismo en las gestiones vinculadas a la suscripción de los contratos”.
“Las facturas incorporadas en el trámite del expediente verifican las altas comisiones cobradas en concepto de honorarios por la empresa CAESA -que fue designada por la Secretaría de Transporte para la prestación de servicios de asistencia técnica en relación al material ferroviario adquirido a España y Portugal-, dinero que cabe sospechar determinó la dirección de sus intervenciones en las conductas descriptas”, agregó el texto.
Para Ercolini, “este accionar pudo concretarse gracias a la intervención de Ignacio Soba Rojo, quien en calidad de presidente de CAESA realizó todos los actos que demandaron la participación de esa empresa”.
