Hacia fines de octubre de 2019, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ratificaron el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Fernández de Kirchner por presunta cartelización de obras públicas viales. Desde ese momento, Bruglia y Bertuzzi se transformaron en un blanco móvil del kirchnerismo, que no perdona su meditada decisión procesal contra la actual Vicepresidente de la Nación.
Ante la imposibilidad de iniciar un juicio político contra los camaristas federales -son conocidos por conducta intachable-, el kirchnerismo inició una ofensiva política que se apoyó en el Consejo de la Magistratura, la quinta presidencial de Olivos y la mayoría peronista en el Senado, que intenta usar un enrevesado ardid jurídico para terminar con Bruglia y Bertuzzi como camaristas federales.
El artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional establece que el Presidente “nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.
Entonces, de acuerdo a esta norma constitucional, para ser nombrado juez federal se necesitan los siguientes requisitos:
1. Terna vinculante del Consejo de la Magistratura
2. Pliego del Poder Ejecutivo con un candidato de la terna que se pone a consideración del Senado.
3. Tratamiento público en la Cámara Alta y después una mayoría simple para su aprobación institucional.
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi: están a derecho. Cuando llegaron al Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) ya habían cumplido con todos los requisitos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional. Y hace dos años, al ser trasladados para suceder a Eduardo Freiler y Jorge Ballestero en la Sala I de la Cámara Federal, nada había cambiado al respecto.
Es más: la acordada 7/2018 de la Corte Suprema ratificó que un traslado horizontal en el mismo fuero (federal en este caso), no necesita repetir el proceso institucional previsto en el artículo 99, inciso 4, de la Constitución. Y aclaró la Corte, para despejar todas las dudas, que el Consejo de la Magistratura, el pliego del Poder Ejecutivo y la mayoría simple en el Senado, sólo serán necesarios para aprobar un traslado de un juez que se movió de un fuero a otro distinto (acordada 4/2018).
Desde esta perspectiva jurídica, blindada por la Constitución y la Corte Suprema, Bruglia y Bertuzzi no deberían tener ningún obstáculo legal o político para ejercer con libertad sus cargos en la Cámara Federal. Sin embargo, el kirchnerismo piensa diferente e inició una ofensiva que amenaza con provocar un conflicto de poderes.
Alberto Fernández consideró que Bruglia y Bertuzzi no están incluidos en los términos de la acordada 7/2018 de la Corte y que deben sujetarse -de nuevo- al proceso previsto en el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. En este sentido, hace tres días, el Presidente remitió al Senado los pliegos de los jueces trasladados Bruglia y Bertuzzi.
“En Olivos, la secretaría Legal y Técnica y en el Ministerio de Justicia se trató el status jurídico de estos jueces que fueron de un Tribunal Oral Federal a la Cámara Federal. Y nos pareció que no estaban comprendidos en la acordada de la Corte”, explicó un miembro de Gabinete que analizó la estabilidad institucional de Bruglia y Bertuzzi.
-La Corte sostuvo en la acordada 7/2018 que es constitucional un traslado de un Tribunal Oral a la Cámara, si las dos cargos tienen la misma competencia. ¿Por qué ustedes piensan que es diferente?-, preguntó Infobae.
-Aquí hay un problema extra: en el Tribunal Oral dictas sentencia, y en la Camara revisas fallos de primera instancia. Entonces, son cargos diferentes y no cumplen los requisitos previstos por la Corte. Por eso, enviamos los pliegos de estos jueces trasladados al Senado.
Frente a esta interpretación forzada del Poder Ejecutivo, Bruglia y Bertuzzi fueron a la justicia y presentaron un recurso de amparo. La jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti, dio la razón a Bruglia y Bertuzzi, y ordenó a los senadores peronistas que se abstengan de tratar sus pliegos enviados por Alberto Fernández.
“Al sólo fin de asegurar la eficacia de las decisiones que pudiera adoptar en autos hasta tanto se resuelva sobre la cautelar peticionada, corresponde ordenar al Honorable Senado de la Nación – como medida interina – suspender el tratamiento de los pedidos de Acuerdo de los Dres. Leopoldo Oscar Bruglia y Pablo Daniel Bertuzzi”, resolvió la jueza Biotti.
La concesión del amparo presentado por Bertuzzi y Bruglia causó una abrupta reacción de la bancada oficialista del Senado. Y en medio de una sesión que estaba prevista para tratar la ampliación del Presupuesto 2020 y una extensa moratoria impositiva -entre otros proyectos-, el bloque de senadores peronistas desobedeció a la jueza Biotti y dio ingreso formal a los pliegos de Bertuzzi y Bruglia.
Anoche en la Casa Rosada se trataba de explicar que girar a la Comisión de Acuerdos las designaciones de Bertuzzi y Bruglia no implicaba su tratamiento, y menos aún la violación expresa de una resolución judicial concediendo un recurso de amparo.
“No fue nada, apenas una formalidad”, relativizó un integrante del Gobierno que interpreta la ley al lado de Cristina Fernández de Kirchner.
En el ámbito académico, y entre los magistrados con probada experiencia, la decisión política del Senado no es más que una violación flagrante de la Constitución y las acordadas de la Corte. “Tratar los pliegos de Bruglia y Bertuzzi, es desobediencia agravada por el cargo. Estamos al borde de una crisis institucional”, aseguró un influyente juez federal.
La posibilidad de un conflicto de poderes se puede consumar por decisión del Gobierno y del Senado con mayoría oficialista. Si Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner insisten en revisar la situación institucional de Bruglia y Bertuzzi, pese al amparo concedido en el fuero Contencioso y Administrativo Federal, el caso llegará hasta la Corte Suprema.
Bruglia y Bertuzzi juran que van a resistir en defensa de sus derechos constitucionales. Y en la Cámara Alta se asume que la bancada peronista insistirá en correr a los camaristas federales, aunque estén protegidos por un recurso de amparo.
No será la primera vez que el kirchnerismo desobedece una orden judicial. Sólo hay que recordar al exprocurador Eduardo Sosa, que Néstor Kirchner lo echó y nunca más volvió a su cargo. Pese a un fallo firme de la Corte Suprema.
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