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El Gobierno de Santiago del Estero fue denunciado por evasión fiscal

Un grupo de policías retirados en conjunto con empleados de rentas de la provincia, iniciaron una denuncia ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES), cuyo titular es el Fiscal Dr. Guillermo Marijuan, contra Santiago del Estero por evasión al Fisco Nacional en lo que respecta al “pago de aportes y contribuciones previsionales”, lo que hasta el día de hoy nunca se le retribuyó en estos jubilados, aunque posean carácter Salarial General, Habitual y Permanente.

Ante esto, AFIP realizó una correspondiente inspección y comprobó que durante los periodos que van de Enero de 2005 a Diciembre de 2007 el importe involucrado en la fiscalización es de $563.861.391. Mientras que durante los periodos de Enero de 2002 a Diciembre de 2004 y de Enero a Diciembre de 2008, el monto en concepto de aportes y contribuciones, capital e intereses asciende a $307.332.631.

Las sumas de ambas cifras dan un total de $871.194.022, números que se engrosarían por la acumulación de intereses debido a los años que pasaron. Como si fuese poco, según afirman los denunciantes, la fraudulenta práctica continuaría llevándose a cabo hasta el día de hoy. Por lo que fácilmente la cifra puede ascender hasta los 1.000 millones de pesos.

Uno de los denunciantes, el ex Comisario Antonio Herrera Corsi en diálogo con “Última Hora”, relató que su recorrido por la justicia inició en enero del 2012, cuando este le solicitó al comisario mayor José Antonio Campos que informe “si los suplementos ‘No Remunerativos’ que perciben los activos policiales provinciales en sus haberes mensuales que a continuación se mencionan (foto), son de carácter Salarial, Habitual y Permanente”.

Efectivamente un par de días después, Campos le contestó a Herrera Corsi, asegurándole que los suplementos no remunerativos anteriormente mencionados SÍ son de carácter General (para todo el personal policial de la provincia) Habitual y Permanente, es decir, tendrían que seguir cobrándolos aún estando jubilados.

De esta forma quedó confirmado lo que el denunciante sospechaba desde un principio: el Estado provincial se estaría apropiando de recursos ajenos, constituyendo una “asociación ilícita”, en la que estaría involucrada también ANSES y la misma AFIP.

No es de menor importancia mencionar que, actualmente la masa total de jubilados de la policía de la provincia abarca a 6.000 personas, las cuales al día de la fecha continúan realizando aportes. Sí insólitamente siguen haciendo aportes previsionales. “Es el único lugar en el mundo en donde el jubilado sigue aportando”, asegura indignado el ex comisario.

Como lo informamos anteriormente, la denuncia fue emitida al principio ante la UFISES a cargo del reconocido Dr. Marijuan. Sin embargo, poco tiempo después la denuncia fue remitida –en igual carácter- al ámbito local, más precisamente a la Fiscalía Federal de turno de Santiago del Estero cuyo titular es el del Dr. Pedro Simón. Es decir que la causa pasó a estar en manos del Juzgado Federal de la provincia, a cargo de Guillermo Molinari (lamentablemente).

SIMÓN Y MOLINARI, LA PAREJA DE BURROS DEL DERECHO

Simón, de inmediato a través de una presentación determinó y solicitó al Juez Molinari que “se desestime la presente denuncia por inexistencia de delito y oportunamente se archiven las presentes actuaciones, con noticias al querellante”.

 

Una semana después mediante un fallo y tras las recomendaciones del fiscal Simón,  Molinari entendió que la provincia de Santiago del Estero “no constituye sujeto pasivo de la relación penal tributaria”, decir que asegura que no es contribuyente, alto totalmente ilógico y que atenta contra la Ley Nacional Fiscal N°11.683.

La Ley Nacional Fiscal en su Artículo 5° expresa: “Están obligados a pagar el tributo al Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente o por medio de sus representantes, las reparticiones centralizadas, descentralizadas o autárquicas del Estado Nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Sin embargo el magistrado manda la causa a archivo, resolviendo “desestimar la denuncia formulada por Luis Antonio Herrera Corsi, sin perjuicio que lo ordenado no es conclusivo, con efecto de cosa juzgada material, al efecto de impedir un segundo acto promotor sobre el mismo hecho”.

La responsabilidad recae de lleno sobre Zamora y ANSES

Conforme a lo expuesto anteriormente en concordancia con la Ley Nacional N° 24.241 SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, el principal responsable de la fraudulenta maniobra es quien por entonces fue gobernador y que casualmente hoy lo sigue siendo, Gerardo Zamora, pues recae sobre él la figura de “Persona de Existencia Ideal”.

El Artículo N°143 de la mencionada Ley aclara: “Cuando el delito se hubiera cometido a través de una persona de existencia ideal, pública o privada, la pena de prisión se aplicará a los funcionarios públicos, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho, o que por imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes a su cargo, hubiesen dado lugar a que el hecho se produjera”.

Además el Código Civil y Comercial de la República Argentina en el Artículo N°33 se indica que las personas jurídicas que tienen carácter público son: El Estado Nacional, las provincial y los municipios; Las entidades autárquicas; La Iglesia Católica.

En tanto Sobre ANSES también recaería responsabilidad al ser el ente contralor en este tipo de cuestiones y se sancionarían a las autoridades por el delito de “Incumplimiento de las Prestaciones Previsionales”. Según expresa el Artículo N°142 de la mencionada Ley, “será reprimido de 4 a 10 años el obligado al cumplimiento de las prestaciones previsionales establecidas en esta ley que no efectivizara en forma oportuna e íntegra las prestaciones previsionales a las que se encuentre obligado, a quien resulte beneficiario de las mismas”.

El fallido intento de desapego y la demanda de la provincia contra la AFIP

Enterados de lo relatado anteriormente, en un intento de desligarse de toda la causa, la provincia de Santiago del Estero no dudó e inició una denuncia contra la Administración Federal de Ingresos Públicos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a mediados del año pasado.

No obstante la CSJN mediante un fallo que lleva la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fernándo Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, resolvió rechazar la demanda por las razones expresadas en los considerandos (fotos).

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La picardía de la AFIP local

“Nosotros realizamos las denuncias en 2012, en el 2009 se firmó el 2do convenio entre las provincias y el Estado Nacional con respecto a la policía. Y los pícaros de la AFIP en vez de investigar durante ese año en adelante, ellos investigan ‘para abajo’”, revela Herrera Corsi.

“O sea, hacen coincidir lo que denunciamos nosotros con lo ocurrido desde el año 2002 al 2004 e hicieron lo mismo con lo denunciado por los empleados de Rentas, lo cual hacen concordar con lo sucedido entre 2005 y 2007”.

Ahí queda estancando todo, asevera el ex Comisario, pues desde el 2009 para acá les siguen permitiendo apropiarse de miles de “contribuciones previsionales”.

Cómo continúa la causa

Según relata el denunciante, ahora deberán apelar la decisión de Molinari y recurrir a la instancia superior inmediata que se encuentra en la provincia de Tucumán. Allí planteará una demanda a AFIP por a las irregularidades y la evasión fiscal que se pudiera haber producido específicamente durante el periodo 2009-2018.

Además comentó que esta misma denuncia fue presentada durante el mes pasado en la Oficina Anticorrupción (AO), ente que se encarga de investigar y perseguir casos de corrupción política en el ámbito de la Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada, la cual que está presidida actualmente por la politóloga Laura Alonso.

EN SÍNTESIS

Según la denuncia de Herrera Corsi el Estado provincial estaría cometiendo los siguientes delitos:

  • Asociación ilícita.
  • Apropiación indebida de los recursos de la seguridad social.
  • Simulación dolosa de pago y alteración dolosa de registros.
  • Delito de defraudación de documento en general.

Estos delitos habrían sido perpetrados por los siguientes autores materiales:

  • Gerardo Zamora
  • Claudia Ledesma Abdala
  • José Emilio Neder
  • David Pato
  • Carlos Omar Carrizo
  • Diego Bossio
  • Manuel Yorbandi
  • Cristina Mikkelsen Loth

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