El fiscal Moldes pidió que sigan investigando a la ex procuradora Gils Carbó

En una presentación con críticas a la «justicia militante», el fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió que se siga investigando a la ex procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y al fiscal Carlos Gonella, quien en tiempos del kirchnerismo estuvo a cargo de la fiscalía  antilavado.

La apelación de Moldes fue presentada ante la Sala II de la Cámara Federal porteña que debe decidir si convalida o revierte el sobreseimiento de ambos, dictado por el juez Sebastián Casanello.

El caso se inició meses después de que Gils Carbó fuera designada en 2012 en la Procuración por parte de la ex presidente Cristina Kirchner. El entonces senador radical Mario Cimadevilla había denunciado a Gils Carbó por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, por la designación de algunos fiscales como Gonella. Casanello desestimó la denuncia y el fiscal Guillermo Marijuán apeló. La Cámara Federal revocó la decisión de Casanello allá por mayo de 2013 y ordenó que se investigara el caso.

En octubre de 2013, Marijuán había pedido la indagatoria de Gils Carbó y de Gonella. En aquella ocasión, había diferenciado la designación de Gonella en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) de otros casos en los que se designaron subrogantes para reemplazar a fiscales en cargos ya existentes.

Para Marijuán era distinta la designación de Gonella por parte de Gils Carbó porque «fue ella la que primero generó esos espacios y luego los revistió con funcionarios con atribuciones de magistrados, careciendo de la debida legitimidad y poniendo en peligro, de este modo, toda investigación en la que aquellos pudieran intervenir asumiendo ese carácter».

En aquel pedido de indagatoria Marijuán había dicho que «queda absolutamente claro que no sólo es ilegal una subrogancia que no respeta el régimen legal previsto de sustitución sino que, además, es reprochable por su ilicitud crear un cargo para investir de ‘magistrado subrogante’ a una persona en particular y ponerla en funciones cuando ella no ha cumplido con las exigencias constitucionales que establecen su consagración como Fiscal de la Nación».

Ante el sobreseimiento dictado por Casanello, Marijuán volvió a apelar y Moldes respaldó –en un presentación hecha esta semana– lo actuado por el fiscal de primera instancia.

El respaldo de Moldes –sin el cual no se podría tratar el recurso– tiene una enorme carga política. El fiscal ante la Cámara Federal –en su escrito al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales– describió la gestión de la ex jefa de los fiscales: «Alejandra Gils Carbó fue Procuradora General de la Nación desde agosto de 2012 hasta octubre de 2017; esos cinco años de actuación fueron un período que se caracterizó más por priorizar la militancia partidaria que por alcanzar la eficiencia administrativa; por el diseño de un MPF a la medida de los intereses del sector político al que representó que por optimizar el funcionamiento del Organismo; por su afán de crear o modificar estructuras y alojar en ellas a adeptos a sus ideas (la que expresaba públicamente aquél conglomerado autoproclamado ‘Justicia Legítima’); por extender su dominio con designaciones de militantes afines –a través de nombramientos directos o de concursos de regularidad dudosa-; y, ¿por qué no decirlo?, por alguna trapisonda aún bajo estudio judicial (causa CFP 3625/2017 del juzgado 10 del fuero)». Moldes hace referencia a la causa en la que Gils Carbó fue procesada por la compra del edificio que la Procuración tiene en la calle Perón al 600 de la Capital.

Moldes se opuso a lo determinado por Casanello, quien –según consta en la presentación– determinó que no hubo dolo en la actuación de los investigados. «…la afirmación presenta dos flancos vulnerables a la oposición: uno es que ambos imputados son abogados, con lo que se supone que conocen la ley –la que les impedía actuar como lo hicieron– y también sus límites que franquearon voluntariamente; el otro, es que –tal como expresa el Sr. fiscal– al estar estos hechos puntuales realizados en el marco de una maniobra u operativo de mayor alcance del que únicamente se beneficiaron conmilitones, adláteres, adictos, acólitos y compinches, es imposible sostener que no hubieran actuado con consciencia y voluntad de alcanzar aquel objetivo mayor: nombrar en estructuras propias a personas política e ideológicamente afines».

Moldes calificó la  designación de  Gonella al frente de la PROCELAC como «irregular y antinormativa» y criticó con dureza al fiscal que ahora reviste como fiscal general en Córdoba: «Por aquello de que ‘por sus obras los conoceréis’ no es fácil olvidar que en 2013 el acto descollante de Gonella (entonces un simple secretario judicial, sorpresivamente travestido en fiscal federal por efecto de una grosera y forzada martingala) fue inmiscuirse en una fiscalía de este fuero con la desfachatada misión de excluir a un amigo del poder de entonces, Lázaro Báez, de una causa en la que se investiga –ahora en un TOF– un impresionante caso de lavado de dinero. Habrá habido otros motivos para su designación en un ámbito con tantas posibilidades de actuación como la PROCELAC, pero me parece que éste es el que lleva las palmas. De todos modos poco duró la falacia y su temerario intento al final resultó estéril, ya que el fiscal Marijuán puso, con su actuación tempestiva, las cosas en el lugar correspondiente».

Moldes destacó que cuando Cimadevilla formuló aquella denuncia –al comienzo de la gestión de Gils Carbó– fue una advertencia sobre lo que iba a suceder luego: «Vale decir que desde la primera foja de este legajo lo que se cuestionaba era el paso inicial de lo que se impondría luego como una tendencia sostenida e indetenible: expandir las unidades internas del Ministerio Público Fiscal para dar cobijo en ellas a personas advenedizas que, eludiendo los procedimientos regulares de designación, se convertían de la noche a la mañana en imitadores de fiscales (fiscales claro está que no lo eran). Muy claro tenía el senador denunciante que mediante estos oscuros procederes se vulneraban las facultades reservadas al Congreso de la Nación al crear unidades especializadas al margen de lo normado en la Ley Orgánica del Ministerio Público y con la directa investidura de esos supuestos Magistrados se avanzaba indebidamente sobre las funciones que al Poder Ejecutivo Nacional le asigna la Constitución».

Es que en su presentación Moldes no se ciñó solo a la designación de Gonella para describir las «anomalías» durante la gestión Gils Carbó. Recordó el caso de la creación de fiscalías generales para actuar ante las cámaras federales antes de que la reforma procesal se pusiera en práctica, algo que jamás ocurrió. Aquellas designaciones, según explicó Moldes, se hicieron «sin trámite de selección ni comparación de antecedentes o méritos de los postulantes, se designaba arbitrariamente». Agregó el caso de secretarios de una fiscalía de primera instancia que fueron designados como fiscales ad hoc por Gils Carbó y actuaron como fiscales y el de la secretaria de la Procuración que fue nombrada como fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, que luego anuló ese nombramiento.

Será la Sala II de la Cámara Federal porteña la que decida si Gils Carbó y Gonella deben seguir bajo investigación judicial.