Fuente: cadena365.com
En el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) se abrió un expediente contra cuatro carteras del Gobierno de Salta y la Intendencia de Santa Victoria Este, por la niña que fue violada por ocho lugareños en Alto La Sierra, quedó embarazada y no recibió las más mínimas asistencias en seis meses.
El jueves último la nena, de 12 años, fue sometida en el Hospital Público Materno Infantil de Salta a una cirugía con la que se interrumpió la gestación de una beba anencefálica, de 34 semanas, que murió minutos después de la intervención.
Al día siguiente, el delegado salteño del Inadi, Álvaro Ulloa, elevó a la sede central del organismo una denuncia por discriminación contra los ministerios de Salud, Primera Infancia, Asuntos Indígenas y de Derechos Humanos y Justicia.
Sobre el incumplimiento de los protocolos de acción, la falta de respuestas y las fallas de abordaje que sacó a relucir el caso de la niña wichi, Ulloa afirmó que no se trata de un error aislado, sino sistémico.
“La emergencia desnudó a un sistema que está planteado para funcionar a media agua en lugares como Alto La Sierra, donde hombres, mujeres y niños son discriminados, tratados como ciudadanos de segunda y abandonados a su suerte”, insistió ayer el delegado del Inadi.
Ulloa lamentó la naturalización que tienen los tratos discriminatorios entre ciudadanos y autoridades de Santa Victoria, cuya intendencia también fue denunciada. Las actuaciones que abrió el Inadi central concluirán con un dictamen final, luego de los descargos que realicen los organismos denunciados en Salta.
Días atrás, el delegado salteño del organismo nacional emitió una carta abierta, bajo el título “Dónde estuvo el Estado”. En ese escrito, Ulloa remarcó que la niña wichi de Alto La Sierra -la quinta de nueve hijos que nacieron vivos- tiene, como toda su familia, documento nacional de identidad (DNI) argentino. Recordó que la pequeña sufre una discapacidad severa (retraso madurativo y crisis epilépticas), pero nunca tuvo pensión, ni contó con la asignación universal ni nadie le habló a sus padres de todos los derechos de los que se la privó.
El 28 de noviembre de 2015, ocho jóvenes criollos la violaron y nada pudieron hacer otras dos niñas en su intento por evitar el ultraje.
El fiscal norteño Armando Cazón expuso detalles del caso el 9 de diciembre de 2015 y que tuvo repercusión nacional a través de otros medios gráficos, radiales y televisivos. La amplia difusión del caso, sin embargo, no sirvió para que los organismos competentes tomaran nota y respondieran, sin pérdida de tiempo, con los protocolos de actuación y los abordajes interdisciplinarios establecidos para estos casos.
El pasado 25 de mayo, se destapó que la niña abusada en noviembre de 2015 sobrellevaba un embarazo de más de seis meses sin ayuda alguna del gobierno de Urtubey. Así lo había advertido la noche antes, en la Cámara Baja, el diputado Jesús Ramón Villa. Tampoco en esa oportunidad los organismos responsables reaccionaron ante la gravedad de la situación que se describió a través de los testimonios del legislador de Rivadavia, el padre de la niña abusada y el cacique de la comunidad wichi de Alto La Sierra, Asencio Pérez.
Fueron médicos que acompañan al cantante Jorge Rojas en las iniciativas de su fundación, Cultura Nativa, los que el jueves 26 de mayo controlaron a la niña abusada y diagnosticaron, mediante una ecografía métrica, el crítico pronóstico de su embarazo. Fue esa milagrosa intervención la que movió el traslado de urgencia de la niña wichi al Hospital Público Materno Infantil de Salta, para la interrupción de un embarazo que, además del aciago destino de la beba en gestación, ponía en riesgo la vida de la nena de 12 años.
Durante la cirugía, especialistas del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) tomaron muestras para los exámenes de ADN que confirmarán, en los próximos días, si existió algún vínculo de paternidad entre los ocho implicados que tiene el abuso denunciado en noviembre -tres de ellos son menores de edad- y la beba que perdió la nena violada.
Más allá del resultado del examen de ADN, la Justicia deberá definir qué tipo de participación y de responsabilidad tuvieron los jóvenes criollos acusados. Esa es, sin embargo, una asignatura coyuntural. La cuestión de fondo pasa por la descoordinación y falta de compromiso que muestra el abordaje institucional del gobierno de Urtubey para responder ante una generalidad de casos de abusos, violencia de género y de violaciones de derechos humanos fundamentales.
El texto completo de la carta del delegado del Inadi en Salta
¿Dónde estuvo el Estado?
Ayer pude visitar a A.S. en el Materno. Tiene 12 años, no habla castellano, nunca fue al colegio. Es la quinta hija de nueve que nacieron vivos. Tiene documentos, como toda su familia, vive en Alto de la Sierra, departamento de Rivadavia, allá al norte, donde Salta limita con Bolivia y Paraguay.
A.S. tiene una discapacidad severa, nunca tuvo pensión ni cobró la asignación universal para la niñez, nadie le dijo que tenía derecho.
Su padre, N.S., hace changas. En Alto de la Sierra changuear significa tallar un poste a hacha y cobrar unos pocos pesos que pagan un par de días de la familia.
En noviembre del año pasado seis o siete hombres la atacaron, la violaron y la dejaron tirada a orillas de la represa.
El padre hizo la denuncia, el médico la reviso y comprobó violencia. Ese médico que trabaja en Alto la Sierra es Boliviano, estudió en Cuba y no puede firmar como médico en Argentina porque no revalidó su título, pero es el que está. Es el que el Estado salteño contrata en esos parajes. No pudo firmar y a cuenta de él firmó el bioquímico. La defensa de los atacantes se agarró de ese detalle y no perdonó la falta de habilitación para la pericia. Al tiempo salieron libres.
Cuatro días más tarde, cuando el camino permitió llevar a A.S. a Morillo, un médico la examinó y escribió que no podía constatar violencia.
Rivadavia tiene casi 26.000 kilómetros cuadrados, unos 35.000 habitantes mixturados entre criollos y wichis, unas 8.000 viviendas censadas y no tiene cloacas ni agua potable. Es el lugar donde Lanata descubrió el hambre de agua, el departamento donde Brenda, del paraje la Medialuna, murió hace apenas diez días de desnutrición disfrazada en su certificado médico de deficiencia pulmonar.
En Rivadavia, cerca de la Puntana fue asesinada hace un par de años Evelia Murillo, una docente rural que protegía a una chica wichi de la persecución de José Tomás Macu Cortez.
El Estado no estuvo para proteger a Evelia, ni a Brenda, ni a A.S. ni a docenas de chicos wichis que mueren por año por enfermedades que no matan, que a cualquier chico bien comido, con agua potable y un médico competente le dejan apenas unos pocos días en cama.
Andrés Serapio, enfermero de Alto la Sierra, cuenta que no hay más que una ambulancia, que está rota, que en esa geografía de miles de kilómetros cuadrados no hay un vehículo confiable para trasladar un enfermo.
Cuenta de los visitadores médicos mal pagados poniendo de su sueldo para pagar el combustible en las motitos para llegar a uno de esos ranchos alejados para controlar el peso, y cuenta que a veces llegan tarde. Cuenta que a veces no hay médico y que tienen que rebuscarse con lo que saben.
Nadie se acercó a A.S., ni a sus padres a explicarles que tenía derecho a la pastilla del día después. Nadie le explicó que podía acceder a un aborto no punible por ser menor, discapacitada y violada.
Nadie se acercó a contenerla, a garantizarle atención médica, alimentación suficiente y ayuda emocional.
El ministerio de Derechos Humanos le echó la culpa a Salud Pública, que no respondió. En Asuntos Indígenas, convertido en Ministerio hace varios meses, miran para otro lado intentando pasar inadvertidos, cosa que consiguen no sólo en este caso sino en la diaria.
A.S. va a perder a su hijo, se lo dijeron a F.I., su madre. Las ecografías que le realizaron hace un par de días muestran una malformación craneana complicada.
Ella no entenderá mucho, los médicos hablan castellano y nadie dedicará mucho tiempo a explicarle.
Hace unos días no sabía siquiera que estaba embarazada.
Hablé con la madre, la visité en el Materno, separada de sus hijos, cansada de pobreza. Le pregunté si necesitaba algo y me pidió un encendedor. Bajamos a comprar uno, algunos caramelos y chocolates para A.S. Tiene doce, entienden, apenas doce años. Cigarrillos no vendían, le expliqué que no podía fumar en el hospital, que estaba prohibido, que si la veían fumando alguna enfermera la iba a retar, que saliera afuera.
Fue la única vez en la conversación que sonrío, cansada, dolida, harta de dolor.
Después me pidió que la acompañe de vuelta al cuarto porque no sabía volver.
Los dejaron solos toda su vida.
Álvaro Ulloa
