La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió hoy ir a juicio oral y público por la causa de fraude en Obra Pública, que investiga el juez Julián Ercolini junto al fiscal Gerardo Pollicita. El escrito fue presentado por el abogado de CFK, Carlos Beraldi, en plena feria judicial, por lo que no habría respuesta del magistrado hasta que se reanude la actividad en los tribunales de Comodoro Py. Antes de fin de año, Pollicita junto al fiscal ad hoc, Ignacio Mahiques, habían pedido el envío a juicio del expediente, en el que también están involucrados el empresario Lázaro Báez, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obra Pública, José López, entre otros 19 imputados.
La ex Jefa de Estado está acusada de integrar una asociación ilícita para favorecer a Báez, su presunto testaferro, y tiene procesamiento confirmado en esta causa por la Cámara Federal de Apelaciones. «En la próxima instancia procesal se habrán de efectuar todos los planteos correspondientes con el propósito de lograr un esclarecimiento definitivo y público de los hechos que, de manera sesgada, arbitraria y contraria a derecho, se relatan en los requerimientos de elevación a juicio», sostuvo Beraldi en su presentación, a la que tuvo acceso Noticias Argentinas.
En diciembre pasado, al pedido de Pollicita y Mahoques para la elevación al caso, se sumó el de la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), querellantes en la causa.
En el requerimiento de elevación a juicio, los fiscales habían sostenido que durante los años de kirchnerismo «se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80 por ciento de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos», sostuvieron los fiscales en el requerimiento de juicio.
Aseguraron que se trató de una maniobra con una «estructura coordinada de personas, con división de roles y permanencia en el tiempo por más de diez años, que le permitió a sus responsables sustraer de las arcas públicas miles de millones de pesos a través de la obra pública vial».
Y concluyeron que «Santa Cruz lejos de ser beneficiaria de una legítima política del gobierno federal, fue el escenario escogido para el obrar mancomunado ilegal de un grupo de funcionarios que comandados por los titulares del Poder Ejecutivo Nacional, utilizaron la propia burocracia estatal para proveer los fondos a dicha provincia, para que una vez allí, llegara a manos de Lázaro Báez».
