Continúan buscando el dinero de Daniel Muñoz en la Argentina: indagan a dos ex asesores de la familia Kirchner que ya estuvieron presos

Aunque el capítulo de las millonarias inversiones en el exterior del secretario privado de Néstor Kirchner ya se encamina a juicio oral, la justicia ahora profundiza la investigación sobre una cifra aún mayor: el dinero que movió Daniel Muñoz, sus socios y testaferros, con distintas compras de propiedades y empresas dentro de la Argentina, que fueron expuestas en las revelaciones del ex contador Víctor Manzanares. Por eso ahora el juez federal Claudio Bonadio decidió llamar a indagatoria a más acusados en las maniobras de lavado de dinero del millonario secretario del ex presidente Néstor Kirchner que falleció en 2016 y a quien le detectaron decenas de propiedades repartidas en el mundo a nombre de testaferros. Además, el juez les dictó la prohibición de salida del país y dictó medidas sobre sus bienes.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, los nuevos acusados son los ex asesores presidenciales Ricardo Fabián Barreiro –al que los medios bautizaron como el «jardinero» de los Kirchner- y Roberto Sosa. Los dos estuvieron presos en un primer tramo de la causa de los cuadernos por orden de Bonadio cuando se conocieron los viajes con dinero al sur, pero la Cámara Federal los liberó en diciembre al entender que las pruebas en su contra no alcanzaban para procesarlos. También fue imputado el hijo mayor de Muñoz, Franco, quien según el contador arrepentido Víctor Manzanares estaba vinculado a la empresa Armoring Systems, una de las firmas usadas para blanquear dinero. Esa empresa pertenece a Gustavo Dorf, quien ya está procesado en el expediente.

La lista de imputados se completa con Fernando Martín Herrera, Mariano Antonio Montes, Susana Noemí Muñoz, y Marcelo Adrián Timpanaro. Todos quedaron bajo sospecha por las «maniobras de lavado del dinero ilícito obtenido por Héctor Daniel Muñoz como consecuencia de las actividades delictivas investigadas en el marco de la causa n° 9608/18». Es decir: la de los cuadernos.

Por último, el juez ordenó ampliar la indagatoria de José Sebastián Jabbaz, quien fue directivo de la firma Provalor. El nombre no es menor: esa financiera aparece ligada a las operaciones financieras que llevó adelante Lázaro Báez en las ruta del dinero K y el fiscal Abel Cordoba pidió incorporarlo junto a otros involucrados en el juicio oral contra el ex dueño de Austral Construcciones y sus hijos. Bonadio ya había ordenado indagar al financista Jorge Galitis, quien figuraba como beneficiario final de la empresa Aldyne de las Islas Seychelles.

La decisión de Bonadio llega en momentos en que la primera parte de la investigación por la plata que movió Muñoz –activado a partir del caso de los cuadernos- se había considerado «cerrado» para ser elevado a juicio oral. -La fiscalía pidió mandar al banquillo a la viuda de Muñoz Carolina Pochetti; a su primo Carlos Gellert y su abogado Miguel Plo y la hija y el yerno de éste. También al ex secretario privado de Cristina Kirchner, Isidro Bounine, y al ex ministro de Hacienda de Santa Cruz Juan Manuel Campillo. La lista se completa con la agente inmobiliaria Elizabeth Ortiz de Municoy, su madre Elba Municoy y su ex marido Sergio Todisco; al empresario Carlos Cortez; los farmacéuticos Leonardo y Rubén Llaneza, el asesor de inversiones Osvaldo Parolari y el abogado Marcleo Danza.

Se trata solo de la parte internacional del lavado de dinero que emprendió el ex secretario de Kirchner, pero no así la parte nacional: las revelaciones de Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner que se convirtió en arrepentido, dio cuenta de una serie de inversiones que se hicieron en la Argentina, por más dinero que el que se descubrió en el exterior, sobre el que todavía hay que profundizar

«Resulta que, en rigor, las revelaciones brindadas por ese imputado han abierto un panorama mucho más amplio sobre la hipótesis de lavado que se habría diagramado en el plano nacional, lo que imponen seguir avanzando en la dilucidación de la correcta dimensión de aquellas participaciones e intervenciones de modo de no parcializar y/o escindir hechos con una anticipada elevación a instancia oral», dijeron los fiscales Carlos Rívolo y Carlos Stornelli en el dictamen presentado el último viernes.

A fines de abril, Bonadio llamó a indagatoria a Alejandrina Pochetti, hermana de Carolina Pochetti; su ex marido Pablo Raies; y su madre, Stella Marys Blanco. También el chofer de Muñoz, Fausto Machado; Daniel Omar Blanco, al contador ligado a los Kirchner Ricardo Leandro Albornoz y Segundo Pantaleón Córdoba, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica. La lista se completaba con Daniel Roberto Eloy Bona, Pablo Alejandro Buscaglia, Gabriela Fernando Dieguez, Jose Alex Fallas, Jorge Antonio Galiti, José Jabbaz, Gregorio Sebastián Ludman, Jorge Ludueña, Fausto Machado, Andrés Mercuri, Rubén Silva y los financistas Alejandro Raele y Pablo Rippel. Aún no se resolvió la situación procesal de ninguno.

Ahora el juez dispuso más indagatorias bajo la sospecha de que los nuevos imputados también están involucrados en maniobras de lavado de activos. «Teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos investigados, no puede obviarse que al menos parte de los bienes de los prenombrados podrían haber sido adquiridos con dinero de origen ilícito, como así también que podrían intentar disponer de ellos con anterioridad a una eventual sentencia, para frustrar el cumplimiento de la misma en sus aspectos patrimoniales», sostuvo Bonadio al llamarlos a declarar para el próximo 3 de julio, señaló la resolución a la que accedió Infobae. 

Por eso el juez también ordenó trabar una inhibición de bienes y cuentas de todos los imputados, incluso sus cajas de seguridad. La orden se emitió a los Registros de la Propiedad Inmueble, a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, al Registro Nacional de Buques, al Registro Nacional de Aeronaves de la Administración Nacional de Aviación Civil y al Presidente del Jockey Club Argentina y a la Caja de Valores SA.

Se dispuso también que la AFIP levante el secreto fiscal sobre ellos para investigar sus declaraciones juradas  desde 2003 hasta ahora, si compraron dólares –ellos o sus familiares- y si se acogieron al blanqueo que promovió el gobierno de Mauricio Macri.

Un repaso de Infobae por las declaraciones de Manzanares señala que el hijo de Muñoz aparece ligado a la firma Armoring System. «Daniel Muñoz me dice eso es mío y quiero que Franco sea mi cara visible. Pasa más tiempo y me pide que le genere un blanco a Franco   para que pueda comprar las acciones. Posteriormente decide que Franco ingrese a la sociedad para lo cual se suscribe un contrato de compraventa de acciones. El pago de la cuota de compra de las acciones se hizo bancarizado, a favor de Gustavo Dorf», contó en su declaración como arrepentido Manzanares.

Según explicó, cuando la santacruceña aliada a Lilita Carrió Mariana Zuvic «pone en los medios a esta sociedad, Daniel Muñoz, decide dejar sin efecto la compra  de las acciones y Franco sale de la sociedad de manera formal». Pero hasta en una de las declaraciones juradas Franco Muñoz se llegó a consignar su participación societaria en Armoring y «hasta la fecha Franco vive de su participación en Armoring System por lo que la salida de Franco fue simulada al solo efecto de protegerse de la denuncia de Zuvic».

En tanto los ex colaboradores de los Kirchner también son mencionados por Manzanares. Según dijo, en 2015 Muñoz le pidió transferir «un camión Volvo con acoplado» que estaba incorporado a una sociedad de Manzanares donde «también era socio Roberto Sosa, Vial Sur SA». Según precisó hubo una venta «ficticia».

A Barreiro, en tanto, lo mencionó el contador cuando contó que Fausto Machado, el chofer de Muñoz, «llevó 2 millones de dólares a una cooperativa para que realice una operación con cheques, y en Río Gallegos acompañé a Barrenechea (la esposa del vendedor de Transtecnológica) al Banco del Sur a depositar pesos y valores para poder blanquear ese dinero». Y precisó que, allí, Machado trabajaba con el ex jardinero de los Kirchner, Ricardo Barreiro, «en una sociedad que capitalizaron junto con Muñoz; esa sociedad tenía una empresa de transporte, de recolección de residuos, y tenía otras actividades pero que no hacían parte de la asociación con Muñoz». Se trata de la empresa de colectivos RB Transportes y departamentos que habían construido en un terreno fiscal.