Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), en declaraciones a Radio Mitre esta mañana confirmó que se abrieron dos procedimientos para investigar tanto al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por la designación de la empleada de SOMU, como al ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, por el cobro de un bono de 500 mil pesos.
«En este momento estamos evaluando dos casos por potenciales conflictos de violación de ética pública; uno vinculado al ministro de Trabajo y otro vinculado al ministro de Agroindustria, respecto del cobro de un bono cuando él dejaba de ser presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)”, sostuvo la funcionaria afín al oficialismo.
En cuanto a los plazos para los dictámenes por estos dos casos de presunta corrupción, Alonso precisó que en el caso de Etchevehere se viene trabajando desde hace unas cinco semanas, y ya se le envió el dictamen al ministro, que tiene tiempo de leerlo y hacer el descargo. «Esperamos recibir la respuesta del ministro en 10 días, de ahí comienza la redacción de la resolución y el control jurídico del Ministerio de Justicia», continuó. En tanto que, con respecto a la investigación del caso de la empleada de Triaca, “quedan unas cuantas semanas de trabajo por delante».
Aseguró que «Ia OA tiene la obligación de actuar de oficio, ya que el organismo es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública» y la que toma intervención cada vez que se registra una situación que podría ser una potencial violación a esta normativa,.
«Nosotros no opinamos en base a artículos periodísticos, sino que llevamos adelante un procedimiento, es decir: recabamos información, juntamos pruebas, se analiza la legislación vigente, incluso como sucede en estas horas, se le envía un cuestionario al funcionario que está siendo investigado», recalcó.
Asimismo explicó, en cuanto al funcionamiento de la oficina, que «en 15 días se le envía una copia completa del expediente al funcionario en cuestión para que haga su descargo, ya que tiene derecho a su defensa, y finalmente la OA emite una resolución que va a ser la voz oficial, la posición oficial, del organismo respecto a las cuestiones planteadas».
También recordó que «lo mismo se hizo en un caso que también se discutió bastante: la tenencia de acciones del ministro Aranguren respecto de su pasado empresario en la Compañía Shell».
En cuanto a si es un delito o una cuestión de ética social y que no necesariamente sea algo ilegal, dilucidó: «En ese caso debemos recurrir como mínimo a la lectura del código de ética del poder ejecutivo donde se listan un conjunto de valores y principios que se espera que cumpla el funcionario público. Allí aparecen la honestidad, la austeridad, la rectitud, la prudencia e imparcialidad».
