Los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez (Coalición Cívica-ARI-CAMBIEMOS) le pidieron hoy al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, la declaración jurada de bienes de los miembros del máximo tribunal, del encargado de las cuentas de ese cuerpo y de los jueces federales.
También solicitaron al titular del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, la información relativa a las empresas contratadas para la ejecución de obras y prestación de servicios por el Comité de Inversiones y Alquileres dependiente de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo. Así lo expresaron en dos cartas enviadas a los titulares de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura con el fin de transparentar la gestión pública.
Carrió había denunciado por enriquecimiento ilícito al presidente de la Corte, pero las pesquisas hechas por el fiscal Gerardo Pollicita indicaron que no había elementos para la sospecha y pidió el cierre de la investigación.
«Creemos importante que todo funcionario debe hacer público su patrimonio», dice la carta enviada por Carrió y Sánchez a Lorenzetti. «No encontramos motivos para una respuesta negativa a la presente requisitoria, siendo que ayuda a afianzar la justicia y a generar confianza en la ciudadanía en relación a los miembros de ese poder del Estado que deciden sobre la libertad y el patrimonio de los ciudadanos», añadieron.
El pedido se amparó «en el artículo 19 de la Convención Universal de Derechos Humanos, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los que poseen jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Como asimismo en lo dispuesto por la acordada 9/2014 de la CSJN».
Puntualmente, en el escrito al que accedió DyN, Carrió y Sánchez solicitaron que «se proporcione las declaraciones juradas de todos los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», y de «todos los Magistrados del orden Federal, de todos los fueros, instancias y jurisdicciones», así como «la declaración jurada del Secretario General de Administración y titular del Comité de Inversiones y Alquileres».
A Piedecasas, del Consejo de la Magistratura, le escribieron: «Tal como es de conocimiento público, en la actualidad están saliendo a la luz diversos casos de corrupción, no solo de personas vinculadas al poder sino, aún peor, de diversas empresas conformadas con el único fin de estafar al erario público».
Y en este sentido consideraron «necesario que todas las contrataciones que se realizan desde cualquiera organismo público sean transparentes y de fácil acceso a la sociedad».
«La presente petición se realiza toda vez que creemos importante que la ciudadanía tenga acceso a la información de aquellas empresas contratadas para llevar adelante las obras que tienen como fin lograr una mejor y más eficiente prestación de Justicia«, añadieron.
