Con la reactivación de la actividad judicial que se produce hoy, tras la feria de verano, habrá una nueva audiencia en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994. El debate atraviesa su etapa de alegatos, y entre los 13 acusados está el ex presidente Carlos Menem, la cúpula de Inteligencia de su gobierno, encabezada por Hugo Anzorreguy, el ex juez de la causa, Juan José Galeano, y los ex fiscales, Eamon Mullen y Juan José Barbaccia. En el marco de este debate, entre el centenar de testigos que dieron su testimonio estuvo el ex Director de Operaciones de la ex Secretaría de Inteligencia, Antonio «Jaime» Stiuso. En el caso, que fue instruido por el fallecido fiscal Alberto Nisman, se investiga el denominado «desvío de la pista Siria».
El comienzo de la audiencia está previsto para las 10.30, con el alegato de la querella del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en representación del Estado argentino. El hecho no está ajeno a polémicas. El año pasado renunció parte del equipo de la Unidad especial del Ministerio, en medio de versiones sobre que desde el organismo se buscaba la paralización del caso.
Entre los abogados que dieron un paso al costado, estuvo Mariana Stilman, del equipo de Elisa Carrió, quien ayer utilizó su cuenta de la red social Twitter, para dejar en claro que la postura del abogado de la Unidad AMIA, José Console, no es la del resto del equipo.
En las últimas horas volvieron a escucharse con fuerza las sospechas sobre supuesta protección del gobierno nacional para los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, a través de su operador judicial, Daniel Angelici.
El hecho no es nuevo y en 2009 fue denunciado por Memoria Activa, quien sostuvo que «Mauricio Macri ha sostenido una llamativa disposición a incorporar a personas procesadas en la causa AMIA en sus distintas áreas de gobierno«. Explicaban que «pese a las contundentes pruebas que llevaron a la denuncia de Memoria Activa contra el Fino Palacios (otro de los acusados en este juicio), Macri siguió defendiéndolo aun después de su procesamiento».
Y agregaban que Guillermo Montenegro, entonces ministro de Seguridad porteño, «reconoce su amistad con el ex fiscal de la causa AMIA, José Barbaccia, procesado por encubrimiento». «Mullen, igualmente procesado, fue contratado por la empresa de subterráneos del gobierno de la ciudad». Denunciaban también que el gobierno de Macri había contratado «en forma directa la compra de uniformes para la nueva policía a la empresa de Kanoore Edul, otro sospechado en la causa AMIA».
En el debate, a mediados del año pasado, entre los testigos que dieron su testimonio, estuvo «Jaime» Stiuso, que trabajó junto a Nisman en investigación. Stiuso se mantuvo en los mismos dichos que en su declaración de 2004, en el primer juicio por el caso, que terminó con todos los acusados absueltos, tras más de tres años de debate.
A lo largo de las dos jornadas en las que declaró, Stiuso sostuvo que se dejó de investigar durante el menemismo la pista Siria, porque los sospechosos, entre los que estaba Alberto Kanoore Edul, un personaje clave de la trama del atentado, estaban relacionados con Menem.
El juicio por el presunto desvío de la denominada «pista Siria», comenzó en agosto de 2015, un año especialmente turbulento para la causa por el mayor atentado terrorista de la historia. A comienzos de ese año, el fiscal especial del caso, Nisman, había presentado una denuncia contra la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el encubrimiento del atentado.
Nisman sostenía que CFK, funcionarios de su gabinete y otros referentes kirchneristas, formaban parte de un plan para encubrir la participación de Irán en el atentado a través del Pacto de entendimiento con ese país. Sostenía que lo hacía a cambio de negocios comerciales.
Nisman apareció muerto cuatro días después de la presentación y su denuncia quedó desestimada hasta diciembre de 2016, en que se reordenó su reapertura y en diciembre de este año, el juez Claudio Bonadio procesó a 14 de los involucrados, varios de ellos con prisión preventiva, en tanto que pidió el desafuero y detención de la ex mandataria.
El pedido no prosperó y se estima que eso no sucederá, pero la causa está cerca de ser elevada a juicio oral y público, en poco tiempo. Transformándose así en el segundo debate por el presunto encubrimiento del atentado sucedido más de 23 años.
