El señor Ramón Enrique Manzur es un ciudadano de la localidad de Añatuya que junto a su esposa, Cristina del Valle Palomeque, no se encuentran atravesando un buen momento debido a la inacción y el evidente desinterés de la justicia local, el cual le toca padecer tras una estafa llevada a delante por un comerciante, quien desde hace varios años le debe al matrimonio una importante suma de dinero y quien junto a su abogado intenta apropiarse de un inmueble.
Palomeque es dueña de un local comercial ubicado en la mencionada ciudad, el cual era alquilado desde hace mucho tiempo por Daniel Raúl Córdoba. Sin embargo desde el año 2013, había entrado en mora, razón por la cual hace unos meses la dueña decidió actuar mediante el pedido de un desalojo ante un juez civil.
El desalojo se tramitó en el Juzgado de lo civil y comercial de la ciudad de Añatuya, y el juez que llevó adelante el expediente fue el Dr. Alvaro Rafael Manzilla. «Hasta ahí todo era normal, un trámite más», aseguró al respecto el señor Manzur, quien se apersonó hasta las oficinas de «Última Hora» para relatar la desconcertante historia.
Pero lo insólito del caso es que cuando se corre el traslado por la demanda, Carlos García, el abogado de Córdoba, dijo que su defendido no iba a abandonar el local argumentando que éste era el verdadero propietario. No solamente de los 3 metros de ocupa el local sino de los 10 metros restantes del frente del inmueble.
“Él dice haber comprando la propiedad y haberla pagado a través de mí como intermediario”, explica Manzur. Es decir que su esposa -la verdadera propietaria- sabe recién en ese momento que ya no es la dueña del local. “Ella se entera mediante un juicio civil desarrollado en el mostrador de un juzgado, fíjese que llamativo y curioso el caso”, manifiesta.
Consternados y confundidos por la noticia, el matrimonio asegura mediante pruebas consistentes que la maniobra es totalmente fraudulenta, ya que nunca vendieron la edificación a nadie. “Todo esto es falso, jamás existió la venta ni tal operación comercial ni nada. No recibí un peso”.
En ese sentido adjuntaron copias de un contrato inventado y recibos truchos, que según explican son falsos ya que jamás recibieron esas sumas de dinero por parte de Córdoba, además de que la firma en los mismos no pertenece a ninguno de ellos, o sea, fue falsificada.
Al día de hoy el desalojo se encuentra en etapa procesal de prueba, “es decir que ellos dicen que la propiedad se ha vendido y nosotros decimos que no”, explica Manzur y agrega “presentan testigos truchos diciendo que lo vieron a Córdoba pagándome en la calle, cosa que jamás existió ni en la calle ni en ningún lado. Qué casualidad que siempre había parado en la calle un tipo cada vez que supuestamente me pagaba”.
¿FALSO PERITO?
Durante la etapa de prueba, había que determinar si realmente la firma de Manzur era la que aparecía en los recibos aportados por Córdoba, es por eso que se había designado a un perito calígrafo para llevar adelante sus correspondientes acciones.
El hombre designado para esta labor es el señor Pablo Rodolfo Iñiguez Verón, quien según asevera Manzur no es calígrafo.
“No tiene conocimiento universitario, no tiene la idoneidad ni la capacidad para llevar a cabo una investigación de esa envergadura. Él tiene una tecnicatura en un instituto privado de Tucumán, lo cual dista mucho del paso universitario para ser calígrafo”, manifiesta Manzur.
LA INACCIÓN DE FISCALÍA Y LA DENUNCIA CONTRA EL FISCAL
Debido el recientemente implementado sistema acusatorio procesal-penal, todas las denuncias ahora se re-direccionan a una fiscalía. Sabiendo esto el matrimonio no dudó un segundo y decidió llevar adelante la correspondiente denuncia contra Córdoba.
La denuncia por sorteo recae sobre el fiscal Álvaro Ruíz, quien hasta el día de hoy se ha negado a iniciar la investigación penal preparatoria, sin dar una explicación. “Él es un abogado santiagueño, no es fiscal. Cada vez que iba a la fiscalía a hablar con él, nunca lo encontraba. Hasta que al final lo encuentro y me dice: ‘yo no voy a investigar, voy a esperar que termine el desalojo’”, relató indignado.
“Usted tiene un criterio equivocado, nada tiene que ver un desalojo civil con una denuncia penal”, le respondió Manzur al Fiscal, a quien decidió denunciar por “no investigar un delito”, es decir, por retardo de justicia. Continúan pasando los días y al ver que no había ningún tipo de respuesta a pesar de todos sus reclamos, Manzur ejerce una nueva denuncia, esta vez por “denegación de justicia”, presentada ante el Fiscal General Luis Alberto de la Rúa.
Hace un par de días el denunciante volvió hasta la Fiscalía general de la provincia, en donde fue atendido por varios profesionales del derecho, quienes actualmente están pidiendo informes a Añatuya para estar al tanto de la irregular situación y ver de qué manera van a actuar. “Además hemos pedido sumarios para que se lo penalice al fiscal, porque ha incurrido en un delito y que se asigne un nuevo remplazo”, explicó Manzur.
TRÁFICO DE BEBÉS: EL OSCURO PASADO DEL ABOGADO GARCÍA
El letrado Carlos García “es un muy conocido traficante de bebés” revela Manzur y asegura que “la mayoría de bebés que se han traficado en Añatuya han sido por intermedio de él”. Antes era fiscal, pero lo echaron justamente por este grave delito, relata Manzur.
“Ahora él se ha reciclado, de tráfico de bebés ha pasado al tráfico de inmuebles. Ya tengo conocimiento que en otras oportunidades ha operado de idéntica manera”, dice y asevera que ese sería su modus operandi, “ya tienen todos los testigos, se ve que es una organización porque tienen un pelotón de personas que se animan a mentir en la justicia”.
“Es un abogado inescrupuloso y delincuente que se anima a cualquier falsificación. Se imagina, falsificaba partidas de nacimiento de bebés, que no va a falsificar una supuesta venta”, expresó.
“¿Quién puede creer que una persona compre un inmueble con recibos de almacén y que 4 años después se haga un contrato? Esto es algo ilógico, ¿cómo van a hacer un operación inmobiliaria en la calle? Entonces en el juzgado de Manzilla se está tratando de legalizar una estafa” concluyó visiblemente preocupado.
En síntesis, un juez incompetente, un fiscal que no es fiscal, un perito que no es perito, un abogado responsable de delitos de lesa humanidad y un comerciante inescrupuloso, en connivencia con la aparentemente desinteresada justicia local, forman parte de la pesadilla que agobia a un simple hombre y a su mujer.
