La Sala I de la Cámara Federal de Casación hizo lugar al pedido del fiscal Raúl Plee, revocó la resolución de la Cámara Federal y ordenó la inmediata detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, en el marco de la investigación por la millonaria evasión de Oil Combustibles.
En la misma resolución, el máximo tribunal penal volvió a caratular el expediente como «defraudación a la administración pública» en lugar de «apropiación indebida de tributos». Bajo la nueva figura de acusación, el fallo dispuso el procesamiento de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.
El fallo, firmado por mayoría integrada por los jueces Gustavo Hornos y Eduardo Riggi, y en disidencia por la jueza Ana María Figueroa, hizo lugar a los recursos presentados por el Ministerio Público Fiscal y la querella.
En el escrito, los magistrados remarcaron que «los imputados mediante una compleja maniobra defraudatoria habrían desviado millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. debía entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado Grupo Indalo».
En su voto, el juez Hornos consideró que «existen circunstancias objetivas y ciertas referidas a la concreta situación de los imputados López y de Sousa que definen la necesidad de disponer la prisión preventiva de los nombrados en orden a la presunción de que éstos intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga«.
Por su parte, el Riggi remarcó «la extrema gravedad de las imputaciones formuladas, sumada a la contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable daño causado al Estado por el delito» del que se acusa a los imputados
Riggi también destacó que se tuvieron en «especial consideración las manifestaciones públicas proferidas» por López el día que fue liberado, cuando dijo que había «estado secuestrado». Para el magistrado, esos dichos demostraron «un irrespetuoso desconocimiento de las atribuciones legales del magistrado que lleva adelante la causa, pues (…) secuestrado sólo puede estar quien es privado de su libertad por alguien que no tiene facultades para hacerlo».
«No se trató de un mero disenso con relación a una decisión que pudo considerar errónea de parte del juez, sino directamente de la negación de la legitimidad de la autoridad judicial competente y, en definitiva, del funcionamiento mismo del Estado de Derecho del que goza nuestro país», agregó.
En la resolución, los jueces decidieron además subir los montos de los embargos dispuestos por el juez instructor, elevándolos a un total de $ $17.042.509.692.
fuente: Infobae.com
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