Desencajado, anacrónico, caricatura del caudillaje que perturbaba el camino a la organización nacional que impuso en el país el Estado de Derecho, se lo ve al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, haciendo desafortunadas declaraciones. Parece que el señor feudal santiagueño disfruta de confirmar su condición de conspicuo ladero de la vicepresidenta de la Nación, eternamente sumida en una desesperada búsqueda de impunidad.
Lejos de la imagen que pretende dar, Zamora luce como un personaje acomplejado. “No nos subestimen”, vocifera, defendiéndose de las críticas hacia él y hacia su pareja, Claudia Ledesma Abdala, actual presidenta provisional del Senado de la Nación y quien lo ha reemplazado en la gobernación cuando la Justicia impidió a Zamora maniobras fraudulentas para asegurarse el poder eterno al frente del distrito.
Deberán saber ambos que lejos está la sociedad de confundir a Santiago del Estero, o a los santiagueños, con sus pésimos dirigentes políticos, un mal que lamentablemente no es exclusivo de esa provincia.
Nadie subestima a Santiago del Estero, que mucha sangre derramó en la guerra de la independencia y en la consolidación del poder de la Nación, frente a los intentos anárquicos en Pozo de Vargas. Mucho menos desde este diario, fundado por Bartolomé Mitre, quien encontró en esas tierras a tantos y leales partidarios. Un hijo de Santiago del Estero, cuya familia emigró ante los atropellos de Felipe Ibarra, fue nombrado ministro de la Corte Suprema por el presidente Mitre, en 1865. Nos referimos a José Benjamín Gorostiaga, el santiagueño más eminente del siglo XIX. Su protagonismo en la redacción de la Constitución fue notorio. En la Corte Suprema, que llegó a presidir, estableció la jurisprudencia en cuanto al rol del más alto tribunal del país como intérprete final de la Constitución nacional.
De vieja estirpe santiagueña fue también Ricardo Rojas, escritor e historiador que cursó sus primeros estudios en ese distrito, habiendo ganado merecido prestigio y llegado a ocupar el rectorado de la Universidad de Buenos Aires.
Desde los tiempos del imperio español, Buenos Aires recibió una numerosa y esforzada emigración de Santiago del Estero, que contribuyó a la riqueza y la cultura de la provincia y de la ciudad homónima. Queda claro que la subestimación la ejecuta la propia pareja gobernante de ese distrito, que conduce los destinos de los pobladores como si fueran sus súbditos, con una Legislatura y un Poder Judicial sumisos, que no ponen freno a sus embestidas y que nunca investigan a fondo los crímenes del poder. Basta recordar el caso del secuestro y posterior asesinato de Raúl Domínguez, empleado de la Dirección de Rentas de Santiago del Estero, testigo de una millonaria estafa contra el organismo, quien aparentemente sabía mucho de los desmanejos del gobierno de los Zamora. Tampoco se esclarecen los continuos atropellos policiales que han llegado a costar el cargo a un fiscal que se atrevió a investigar.
Su denodado impulso para someter a juicio políticos a los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación encubre viejos rencores del gobernador. En 2013, la Corte, con otra composición, impidió que Zamora violara la Constitución del distrito, que le prohibía una segunda reelección consecutiva y que la Corte provincial, mostrando un servilismo impropio de una república democrática, había respaldado.
Zamora extiende el fastidio por no lograr sus espurios objetivos también a la Unidad de Información Financiera, en tiempos en que ese organismo no estaba al servicio de la impunidad del gobierno de turno y que, con todo profesionalismo, denunció el intento de representantes de la gobernación que, violando la ley, pretendían retirar de un banco 32 millones de dólares en efectivo, evitando los controles que deben tener los fondos públicos y que fija la legislación antilavado.
Su burdo y acomodaticio desconocimiento de la legalidad guía su campaña contra los fallos de la Corte Suprema en un disparatado juicio, llegando incluso a promover causas penales contra un colaborador del presidente de la Corte, utilizando para ello a un juez federal y basándose en chats obtenidos de forma ilegal.
Su vergonzosa disposición a continuar accediendo adulonamente a las patrañas vicepresidenciales lleva ahora a Zamora a alentar al presidente Alberto Fernández a violar el artículo 53 de la Constitución nacional, al incluir en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso el pedido de iniciación de juicio político a la Corte, una función que solo le corresponde iniciar a la Cámara de Diputados. También se ha expresado de manera sobreactuada y despectiva sobre la rapiña que ha hecho el gobierno nacional de los fondos coparticipables de la ciudad de Buenos Aires, cuya devolución ha sido dispuesta por el máximo tribunal.
Aunque, al asumir, juran cumplir y respetar las normas constitucionales, dirigentes como Zamora las violan sistemáticamente.
Con el ataque a la Corte, el gobierno nacional y sus cómplices, entre ellos, gobernadores de provincias con la peor calidad institucional, contribuyen también al desprestigio internacional de la Argentina, ahuyentando cualquier intención de invertir en el país.
Sin justicia ni seguridad jurídica, la Argentina resultará inviable.
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