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«El gobierno provincial es el principal responsable de la impunidad»

Familiares de víctimas de violencia institucional nucleadas en el «Comité de lucha contra la Injusticia y la Impunidad SDE» se reunieron con los comisionados del «Comité Nacional para la prevención de la tortura», órgano rector del sistema de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles.

 

En dicha oportunidad cada una de las familias pudo exponer la situación que les toca enfrentar ante un poder político-judicial que con ambiciones de perpetuidad disciplina apelando a la persecución, hostigamiento y muerte de jóvenes Santiagueños.

 

En este sentido el coordinador general del comité de lucha Jaime Mario Díaz manifestó «denunciamos ante el pleno del «Comité Nacional contra la tortura» denunciamos la existencia de una estructura política-judicial-policial encargada de proveer impunidad a los asesinos, narcos responsables de la muerte de jóvenes Santiagueños, consideramos que el funcionamiento de esa estructura perversa es posible por qué cuenta con el acompañamiento de un gobierno provincial que intenta perpetuidad en el poder y apela al disciplinamiento mediante el miedo, el hostigamiento, la persecución y la muerte usando a fuerzas policiales quienes se encargan de ejecutar el plan, a su vez los mismos cuentan con la complicidad del poder judicial encargado de proveer impunidad a narcotraficantes y asesinos.

También Jaime Díaz resalto que «En los homicidios que desde el comité de lucha denunciamos no podemos desconocer el rol clave del gobernador de la provincia, del secretario de seguridad, de jueces y fiscales de justicia.  

Del encuentro participaron Patricia Isorni, presidenta del comité de lucha contra la Injusticia y la Impunidad, Juan Jaimes, Sonia Córdoba, Inés Santillan, Malena Romero, Natalia Medina, Carina Córdoba, el Diputado nacional Rubén Manzi, autor del proyecto pedido de intervención federal del poder judicial Santiagueño.

En este sentido Patricia Isorni, Madre de Franco Isorni manifestó que seguirán insistiendo con el pedido de intervención federal del poder judicial y de los pedidos de juicio político para fiscales tales como Erika Leguizamon y Vanina Aguilera.

Isorni también manifestó la importancia de la presentación del informe sobre la violencia institucional en nuestra provincia que recientemente fue entregado a la comisión de Derechos Humanos de la ONU quien pronto dará a conocer su posición al respecto.

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