Fuente: El sol (Mendoza)
El 22 de abril de 2008 no sería un día cualquiera para Raúl Domínguez, empleado de la Dirección de Rentas de Santiago del Estero. Había descubierto, rutinariamente, que el sello puesto en un trámite menor, un 08 de transferencia automotor, era apócrifo. Como correspondía, lo denunció a sus superiores y al director del organismo.
No sabía dos cosas en ese momento, Raúl Domínguez: que había descubierto al azar el hilo de una megadefraudación al Estado provincial imposible de realizar sin “al menos” complicidad política, y que poco más de un mes más tarde, el 27 de mayo, ocho pedazos de su cuerpo aparecerían en un descampado. El ministro de Justicia del gobernador Gerardo Zamora se enteró del hallazgo antes que la familia de Domínguez.
La causa por defraudación quedó en manos del entonces juez del Crimen de primera nominación Gustavo Herrera. Tan bien hizo las cosas don Herrera que poco tiempo después fue ascendido a presidente del Superior Tribunal de Justicia provincial, y al tiempo se jubiló. “Tan bien” significa que congeló la causa. Como continúa hoy, esperando la prescripción de los mansos.
El abogado inicial de la familia Domínguez, en la causa de su asesinato, fue José Herreras, que denunció al gobierno de Zamora por las enormes irregularidades en los dos procesos. Pero el abogado Herreras acusador del gobierno de Gerardo Zamora tuvo una epifanía y se pasó de bando. Primero, secretario parlamentario de la Legislatura y, desde 2019, diputado provincial a las órdenes de… Zamora.
La gente es así; a veces ve la luz. Verde.
El 5 de enero de 2011 no sería un día cualquiera para Jonathan Barrera. Ese día, el muchacho, policía del barrio Oeste de Frías, en Santiago del Estero, avisó a la subcomisaría que mandaran refuerzos porque estaba persiguiendo, en su moto personal una Honda Wave, a dos hombres armados. Lo encontraron con dos tiros en la cabeza.
No, a los perseguidos no.
A Jonathan.
Flavio Sánchez, pastor evangélico y tío de la víctima no anduvo con vueltas. Aseguró que su sobrino “estaba siguiendo la ruta de la droga y hasta tenía un croquis marcado con los lugares donde se comercializa en Frías”. Siguen las confusiones: una persona denunció que la policía no había preservado las pruebas. Tres días después esa persona recibe una denuncia por abuso sexual de su empleada doméstica y un nuevo silencio cae sobre la provincia.
Frente a la iglesia de la Inmaculada, en Frías, la familia de Jonathan clavó una cruz con la frase “Crimen impune”. La ciudad en aquél momento se llenó de cruces de madera. Corrió fuerte el rumor de que Jonathan fue baleado en la misma sede de la Subcomisaría 23 donde trabajaba, en una disputa de “bandos uniformados” que representarían a los tres cárteles de la droga que funcionan en la ciudad. La justicia nombró como juez ad hoc al abogado Anselmo Juárez, que ordenó la detención de 11 policías como responsables de la muerte del muchacho de 23 años. Poco después, cuando se hizo cargo de la investigación la jueza en lo Criminal y Correccional de Frías, Sara María Harón, liberó a los 11 policías y encarceló a dos perejiles que poco tiempo después fueron soltados.
Nadie mató a Jonathan.
Ni el juez federal de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, ni su fiscal, Pedro Simón, hicieron demasiado. En una provincia de tanto calor, el caso sigue congelado.
Ya como Jueza de Control y Garantías de la Circunscripción Capital, la misma Sara María Harón dictaminó la libertad de un hombre que había abusado de chicas menores. Pocos meses después tuvo que volver sobre sus pasos porque el tipo no cumplió con los requisitos que le habían impuesto.
En mayo del ’12 el Consejo de la Magistratura provincial analizó el pedido de juicio político por mal desempeño contra la jueza Harón, que es de andar soltando gente por las dudas, pero resolvió “desestimar las denuncias”.
El 25 de marzo de 2013 no sería un día cualquiera para Julián González. El muchacho, de 20 años, salió con su moto a buscar a su novia, en Bandera Bajada, departamento Figueroa. Apareció con un disparo en la cabeza. La policía decretó rápidamente: suicidio. Todos sabían que era imposible. Todos sabían que Julián le había contado a una fuerza de seguridad el lugar preciso donde estaban ubicadas dos pistas de aterrizaje clandestinas entre los departamentos Figueroa y Moreno. Pistas que todo el mundo conocía, pero nadie denunciaba. El caso desapareció de la prensa local y nunca llegó a la prensa nacional.
El 9 de diciembre de 2013 no sería un día cualquiera para Juan Pablo Suárez, director del sitio Última Hora. Publicó en su medio el video en el que se veía a la policía provincial golpear y detener al policía Nelson Villagrán -que anteriormente había sido torturado por esa misma fuerza-. Horas después, la redacción de su medio fue allanada y Suárez quedó detenido. En el encierro al periodista le pasaron las imágenes de la asunción de la esposa de Zamora como gobernadora. Fue acusado de “incitación a la violencia” por el fiscal Pedro Simón y el juez Guillermo Molinari. La Cámara de Apelaciones de Tucumán no sólo revocó la medida y sobreseyó a los imputados, sino que ordenó a la Justicia santiagueña que investigara por abuso de autoridad y prevaricato a Molinari y Simón (Batman y Robin del mal santiagueño).
El Juez Molinari -el mismo que, con su Robin, congeló el caso Jonathan Herrera- es pariente de la esposa de Juárez, a cuyo padre liberó en una causa sobre supuesta estafa al PAMI; primero congelando el expediente y después sobreseyendo a todos por “prescripción”.
Entre otras gracias, Molinari archivó la denuncia por sobreprecio en la obra pública que sacaba a la luz la connivencia del gobernador con De Vido y López, sin siquiera empezar una investigación, y es a quien usó Zamora -junto a Robin Simón- para embarrar la cancha con la denuncia a Silvio Robles, vocero del Juez Horacio Rosatti en el caso del viaje de jueces a Lago Escondido. Todo terminó en la nada, claro, pero lo importante era el show.
Molinari, en el concurso para ser juez, pasó mágicamente del 12° puesto (penúltimo) al 3° en el orden definitivo. En 2007 removió al titular del Registro Automotor y, mágicamente, fue designada interventora su sobrina y esposa de Zamora, Claudia Ledesma Abdala, que después, mágicamente, fue titular. Todo queda en familia: Zamora promovió a Molinari para diputado provincial y para presidente del Directorio del Ente Regulador de Energía Eléctrica de Santiago del Estero.
Hay más.
En las elecciones de 2015, cuando los fiscales de Margarita Stolbizer llegaron al Juzgado Federal con competencia electoral se encontraron con que otra gente -dirigentes zamoristas- ocupaban sus lugares. Los había autorizado Molinari, quien también liberó al legislador peronista tucumano Emiliano Vargas Aignasse, que había sido encarcelado por intentar eludir un control policial con droga en su coche.
¿Qué más hace falta para acallar a una población entera?
La letra con sangre entra y cualquiera que quiera denunciar lo que un juez federal cordobés llamó como “portaaviones del narcotráfico” recordará los nombres de Raúl Domínguez, Jonathan Barrera y Julián González. Y el de Guillermo Molinari, si piensa en justicia.
Los pocos medios que subsisten a la férrea censura oficial gritan en el desierto de la burla y el apriete.
Un fenómeno atmosférico, que todavía no fue mostrado por los meteorólogos José Bianco y Matías Betrolotti en su programa de cuestiones climáticas, se da con asiduidad en Santiago del Estero. Es la famosa lluvia de cocaína.
El 11 de noviembre del 2016 no sería un día cualquiera para los habitantes de los parajes Ahí Veremos y Algarrobo Viejo en Santiago del Estero. Vieron los vuelos rasantes de una avioneta que terminó arrojando “más de 200 kilos de cocaína de máxima pureza” según fuentes consultadas por el diario El Tribuno, cifra que baja de 181,900 kg según lo informado oficialmente por el Ministerio de Seguridad de Santiago del Estero. La avioneta fue perseguida por móviles santiagueños y cuando cruzó a la provincia de Salta, le avisaron a la policía de esa provincia que finalmente encontró el lugar en donde se tiraron los seis bultos. Con tanto desparramo de autoridades, nadie vio a ninguno de los responsables de la lluvia blanca.
Otro día de lluvia fue el 1 de febrero del 2017, cuando los habitantes de Campo Zorro, a 220 kilómetros al norte de la capital de la provincia, vieron cómo caían 18 bultos con 450 kilos de cocaína. En la zona hay más de cien caminos vecinales que se usan como pista de aterrizaje para avionetas. Se incautó la droga y unos bidones de nafta que se encontraron, con los que se presumía, reabastecerían la nave.
El 6 de junio del 2020 la policía santiagueña y la Gendarmería encontraron en un campo de Tapso, en el límite con Catamarca, una avioneta abandonada en un campo de soja. Se sospecha que transportaba cocaína de máxima pureza. “Se sospecha”, porque cuando llegó la autoridad sólo quedaba la avioneta rota. Ni mercadería ni nadie que la volara. Otra vez, ningún responsable. La cocaína llueve por sus propios medios, parece. Misterio para José Bianco.
Mientras en todo el país, según el último dicen que censo nacional, cada 1000 habitantes hay 52,6 trabajadores públicos provinciales, en Santiago del Estero hay 68. Y eso sin contar los empleados nacionales ni los de las municipalidades. Sólo los provinciales.
Hay que ser muy mal pensado para relacionar ese número con la permanencia en el poder de dicen que radical Gerardo Zamora, el señor feudal del calor.
Cuando en 2013 Gerardo Zamora cumplió ocho años como gobernador de Santiago del Estero, terminando su segundo período, quiso presentarse para un tercer mandato.
La constitución provincial, que el mismo Zamora había propuesto, lo prohibía. ¿Qué ocurrió entonces? El Tribunal Superior de Santiago del Estero declaró inconstitucional la constitución y listo, qué tanto joder.
Nada del otro mundo: en las provincias feudales, la justicia es esto.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquél momento, lo frenó y ¿qué hizo Zamora? Metió de candidata a su esposa, Claudia Ledesma que tenía como antecedente político haber sido Jueza de Faltas Municipal en La Banda durante un año hasta que se divorció de su ex marido, el empresario Amerio, y se casó con Zamora y, por su tío Molinari consiguió, después de un concurso rigurosísimo, ser titular del Registro del Automotor en la provincia.
Obvio, con esos antecedentes, ¿cómo no ser gobernadora? Igual, poco deconstruida, en el acto de asunción lo miró a los ojos y le dijo: “Este triunfo es tuyo, Gerardo”.
La intervención de Pablo Lanusse sacó de la gobernación al corruptísimo y macabro matrimonio formado por Carlos Juárez y su esposa la Nina. Quedó al mando de la provincia quien fuese intendente de la capital, el bueno de Zamora, quien apenas ganó las elecciones fue a agradecerle a los Juárez a “La Rosadita”, donde cumplían arresto domiciliario. Cómo habrán sido de corruptos el Carlos y la Nina (que se pasaban la banda de gobierno provincial como quien se pasa la sal en la mesa) que quien intervino la provincia fue Néstor Kirchner, uno que se murió a tiempo antes de que fuese condenado como jefe de la banda, como su esposa (“Poder y corrupción como bien ganancial; Juan y Eva, Juan e Isabelita, El Carlos y La Nina, Alperovich y la Betty, Néstor y Cristina, Rodríguez Saa y la Tur…ah, no”, no sé cómo en el Conicet nadie hizo un paper todavía. Bueno, sí sé).
Así, el bueno de Gerardo fue diputado provincial desde el ’91 al ’93 y desde el ’97 al ’99 para pasar después a ser viceintendente de la Ciudad de Santiago del Estero del ’99 al ’01 y subir un escaloncito más a Intendente, desde el ’01 al ’05, año en el que dio el gran salto a la gobernación que no abandonaría por ocho años, en el ’13, hasta que la Corte Suprema dijo basta. Ahí lo siguió como gobernadora, su esposa, Claudia Ledesma, que dijo sí querido, tomala vos dámela a mí. Agarró el puesto en el ’13 hasta el ’17, cuando se lo devolvió a su marido. Los bienes gananciales son así.
Claro que la buena de Claudia le agarró el gustito al oropel político de la provincia pobre y después, ya embalada, se mandó a diputada provincial desde el ’17 al ’19, donde por los designios de la viuda de Kirchner se pasó no sólo a senadora por Santiago del Estero sino a Presidente Provisional el Senado, cargo que en el ’14, también con el dedo CFK, ocupó Gerardo Zamora. Sí, los dos fueron gobernadores, los dos fueron presidentes provisionales del Senado. Ahora mismo, la ex jueza de faltas de La Banda es la tercera en la línea sucesoria presidencial.
El hijo de Gerardo y Claudia, Francisco, sólo es un empresario que en el 2012 ya había recibido 6 millones en subsidios para su compañía Servicios y Transportes S.R.L y que al año siguiente, en el ’13, sólo recibió 5 millones. Una injusticia. Francisco aparece nombrado en las grabaciones de Juan Suris, el ex de Mónica Farro, amigo de Leo Fariña y actual procesado en tres causas graves (comercialización de drogas, jefe de una asociación ilícita fiscal y lavado de activos). Suris le dice a un conocido que Francisco es “un amigo para hacer negocios. Lo que quieras”.
Perdón por tantos nombres, si acá dijese Arribas o Majdalani, cualquiera pensaría que es una nota de Carlos Pagni.
A comienzos de este año se conoció el informe “Santiago del Estero, centro de convergencia para el crimen transnacional” de la consultora internacional IBI Consultants, dirigidos por el prestigioso periodista Douglas Farah, consultor habitual de los grandes poderes internacionales.
Lo que en cualquier país decente hubiera sido una bomba y el principio de un pedido de intervención federal, acá pasó alegremente, total era verano y estaban los falsos rugbiers para distraer tranquilamente.
El informe dice cosas como: “‘Los radares fronterizos solo funcionan durante unas pocas horas al día, y la policía tiene órdenes permanentes de no moverse cuando se ve un avión arrojando paquetes blancos desde el aire’, dijo un oficial de inteligencia civil que sirvió en el área durante varios años. ‘Si los radares están encendidos, están convenientemente apuntados lejos de donde se acercan los aviones. Si alguien agarra una carga, es un competidor del cartel que la dejó caer, no una acción de las fuerzas del orden’. Lo mismo ocurre con las redadas de drogas en la zona, dijo la policía nacional. Si bien hay constantes decomisos de cocaína en la provincia, es la cocaína de quienes no han comprado la protección de la red Zamora-Ledesma. Por el contrario, muchas de las principales redadas de cocaína incautan cocaína que ya había transitado por Santiago del Estero sin problema, pero que se recoge más al sur”.
O “La familia Zamora-Ledesma también está acusada de usar el poder judicial para apropiarse de decenas de miles de acres de tierra para beneficio personal. Para ello, primero pagan a las comunidades indígenas empobrecidas para que invadan grandes latifundios, antes de expropiar la tierra, supuestamente en nombre de las comunidades”.
El informe profundiza las relaciones CFK con la familia feudal.
Nada de todo esto es nuevo.
Todo ha sido publicado, ha salido por televisión, se ha comentado en radio.
Ningún intelectual progresista argentino dice nada sobre los feudos, la vida de atraso y postergación de millones de argentinos.
No hay novelas de escritores comprometidos sobre las injusticias feudales.
No hay películas, no hay ficción, nada.
En Atamisqui, a 120 kilómetros de la capital Santiago del Estero, no hay agua, no hay gas, casi no hay electricidad, hay planes, pensiones para discapacitados, jubilaciones sin aportes, no hay libertad.
Alberto Fernández ganó las elecciones con 92.3% de los votos.
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