Fuente: Diario La Nación
El respeto a la ley es lo que nos permite vivir en sociedad. El incumplimiento de las leyes provoca el deterioro institucional y afecta la convivencia social civilizada. Mucho más cuando son los que detentan el poder quienes las violan.
Cuando una mayoría circunstancial pretende desconocer fallos de la Corte Suprema expedidos en cumplimiento de la función que le reconoce la Constitución Nacional, o se agravia a jueces por cumplir con su deber y mostrar a los ciudadanos que un cargo político, por más elevado que sea, no da privilegios cuando hay denuncias de ilícitos, hay fundados motivos para alarmarse.
Pretender que la Justicia sea cómplice de los abusos del poder político es afectar principios fundantes de nuestra república, como lo son la libertad y la igualdad ante la ley. Es decirle al pueblo que hay ciudadanos de primera y de segunda clase, como sucede en los regímenes autocráticos en los que una oligarquía detenta el poder sin rendir cuentas a nadie de sus actos.
Días pasados, la Corte de Justicia de Tucumán ha dado otra muestra de ser un poder judicial servil a las preferencias de gobernadores y senadores oficialistas. La Constitución de la provincia no permite un tercer mandato consecutivo para el gobernador. El jefe de gabinete de la Nación, en uso de licencia como gobernador, Juan Manzur, se presenta como candidato a vicegobernador y, ante la fundada impugnación de la oposición, la Corte se limita a decir que la omisión de alguna referencia a la cuestión en la Constitución lo habilita. El fallo es una falacia porque no se plantean interrogantes como la renuncia o el fallecimiento del gobernador que se elija, en cuyo caso Manzur tendría un tercer mandato prohibido por la Constitución tucumana.
Los problemas de calidad institucional no afectan solamente a las controversias del poder como los conflictos suscitados por la composición del Consejo de la Magistratura ante la actitud tramposa y genuflexa de los bloques del oficialismo con los caprichos de la vicepresidenta de la Nación por sus problemas con la Justicia.
La calidad institucional influye en los derechos de las personas, en su vida cotidiana, en las decisiones de inversión, de emprender negocios. Por eso no podemos dejar de comentar las continuas denuncias que llegan a este diario sobre los desmanes contra la propiedad que se suceden en Santiago del Estero.
Desde estas columnas nos hemos referido a la persecución desatada por abogados sin prestigio vinculados a las mafias de usurpadores de tierras con el sello del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y complicidades del gobierno provincial contra empresarios que apoyaron a la precandidata presidencial Patricia Bullrich.
Ahora aparecen denuncias en esos campos sobre robo de trigo y la quema en el departamento de Juries de centenares de hectáreas en las que la cosecha de trigo se iniciaba. Un administrador de otra firma en Quimilí decía a este diario que “la policía protege a los usurpadores y nos hace la vida imposible a los legítimos propietarios”. Una de ellas, en el departamento Pellegrini, perdió la mitad de sus ocho mil hectáreas y no tiene reparo en acusar a abogados vinculados al poder político de esa provincia de instrumentar el despojo.
Los informes de la UIF, cuando tenía una conducción profesional, fueron concluyentes en cuanto a las irregularidades que comete el gobierno provincial. Se suman a las denuncias sobre senadores nacionales que responden al oficialismo provincial.
No es casual que, más allá de condicionantes geográficos, las provincias con peores índices de calidad institucional y transparencia sean las que registran los mayores indicadores de pobreza y falta de desarrollo.
Financiados por una coparticipación federal que no responde a criterios económicos ni fiscales serios, los recursos que llegan a las provincias tienen como oscuro destino la perduración de las oligarquías de políticos y vividores del Estado que las han colonizado. Nada más alejado del progreso genuino que merecen, al amparo de la Constitución y las leyes.
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