Mientras Gerardo Zamora en su discurso mostraba su amor por el federalismo y le contestaba a Patricia Bullrich, quien lo denunció a él y a otros 18 mandatarios por sedición; Alberto Fernández mostraba la realidad de Santiago del Estero, no hay agua.

En su discurso, el primer mandatario nacional expresaba: “Me encantaría que venga el Jefe de Gobierno al norte del país. Acá no discutimos como se amplían los Subtes, sino quien tiene agua”.

Sin embargo, Alberto Fernández no solo se refirió a la falta de agua en Santiago del Estero, sino que fue más allá y expresó que el norte argentino se encuentra olvidado: “una de las cosas que encomendé @gabriel_Katopodis y a @wadodecorrido es que le prestemos mucha atención al norte porque había quedado una y otra vez olvidado” escribió en la cuenta de la casa rosada en Instagram.

El pelotazo en contra de Alberto Fernández no pasó Inadvertido. En reconocido abogado y ex consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi remarcó: “ Dijo AF en Santiago del Estero que en el norte se discute quien tiene agua, no como ampliar subtes.Oculta que Zamora construyó un estadio de fútbol de nivel internacional en vez de dar agua a sus habitantes que hasta carecen de cloacas”.

Cabe recordar que fue Alberto Fernández quien junto a Gerardo Zamora quienes cortaron la cinta del estadio único Madre de Ciudades. Es Gerardo Zamora quien gobierna está provincia hace más de 15 años y sigue castigando a un gran parte del interior provincial sin proveer agua potable.

Fuente: Diario La Nación

El respeto a la ley es lo que nos permite vivir en sociedad. El incumplimiento de las leyes provoca el deterioro institucional y afecta la convivencia social civilizada. Mucho más cuando son los que detentan el poder quienes las violan.

Cuando una mayoría circunstancial pretende desconocer fallos de la Corte Suprema expedidos en cumplimiento de la función que le reconoce la Constitución Nacional, o se agravia a jueces por cumplir con su deber y mostrar a los ciudadanos que un cargo político, por más elevado que sea, no da privilegios cuando hay denuncias de ilícitos, hay fundados motivos para alarmarse.

Pretender que la Justicia sea cómplice de los abusos del poder político es afectar principios fundantes de nuestra república, como lo son la libertad y la igualdad ante la ley. Es decirle al pueblo que hay ciudadanos de primera y de segunda clase, como sucede en los regímenes autocráticos en los que una oligarquía detenta el poder sin rendir cuentas a nadie de sus actos.

Días pasados, la Corte de Justicia de Tucumán ha dado otra muestra de ser un poder judicial servil a las preferencias de gobernadores y senadores oficialistas. La Constitución de la provincia no permite un tercer mandato consecutivo para el gobernador. El jefe de gabinete de la Nación, en uso de licencia como gobernador, Juan Manzur, se presenta como candidato a vicegobernador y, ante la fundada impugnación de la oposición, la Corte se limita a decir que la omisión de alguna referencia a la cuestión en la Constitución lo habilita. El fallo es una falacia porque no se plantean interrogantes como la renuncia o el fallecimiento del gobernador que se elija, en cuyo caso Manzur tendría un tercer mandato prohibido por la Constitución tucumana.

Los problemas de calidad institucional no afectan solamente a las controversias del poder como los conflictos suscitados por la composición del Consejo de la Magistratura ante la actitud tramposa y genuflexa de los bloques del oficialismo con los caprichos de la vicepresidenta de la Nación por sus problemas con la Justicia.

La calidad institucional influye en los derechos de las personas, en su vida cotidiana, en las decisiones de inversión, de emprender negocios. Por eso no podemos dejar de comentar las continuas denuncias que llegan a este diario sobre los desmanes contra la propiedad que se suceden en Santiago del Estero.

Desde estas columnas nos hemos referido a la persecución desatada por abogados sin prestigio vinculados a las mafias de usurpadores de tierras con el sello del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) y complicidades del gobierno provincial contra empresarios que apoyaron a la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Ahora aparecen denuncias en esos campos sobre robo de trigo y la quema en el departamento de Juries de centenares de hectáreas en las que la cosecha de trigo se iniciaba. Un administrador de otra firma en Quimilí decía a este diario que “la policía protege a los usurpadores y nos hace la vida imposible a los legítimos propietarios”. Una de ellas, en el departamento Pellegrini, perdió la mitad de sus ocho mil hectáreas y no tiene reparo en acusar a abogados vinculados al poder político de esa provincia de instrumentar el despojo.

Los informes de la UIF, cuando tenía una conducción profesional, fueron concluyentes en cuanto a las irregularidades que comete el gobierno provincial. Se suman a las denuncias sobre senadores nacionales que responden al oficialismo provincial.

No es casual que, más allá de condicionantes geográficos, las provincias con peores índices de calidad institucional y transparencia sean las que registran los mayores indicadores de pobreza y falta de desarrollo.

Financiados por una coparticipación federal que no responde a criterios económicos ni fiscales serios, los recursos que llegan a las provincias tienen como oscuro destino la perduración de las oligarquías de políticos y vividores del Estado que las han colonizado. Nada más alejado del progreso genuino que merecen, al amparo de la Constitución y las leyes.

Cerca de las siete de la mañana estaba previsto la marcha para pedir agua y electricidad para la zona pero un fuerte operativo policial impidió que los vecinos se lleguen al punto pactado y el reclamo se realizará con menos cantidad de vecinos.

La lamentable situación del hombre detenido en la movilización llevada a cabo el día lunes, intimó a los pobladores de La Dársena para que no se presenten en el lugar.

“Hace más de 4 años que el agua es mínima en la zona, tenemos bomba de agua pero ya no es suficiente porque está zona está creciendo”  expresa una vecina.

La detención arbitraria del poblador

Arias, es el protagonista del vídeo que dimos a conocer, cuando lo llevaron detenido por reclamar agua para la zona, según sus propias palabras lo tuvieron detenido desde las 7.20 de la mañana hasta las 12:15 del mediodía.

“La verdad que no se que cargo me pusieron me tuvieron esposado desde las siete hasta las 10.30 de la mañana, después me dejaron en el calabozo “ señala Arias.

“Nos quitaron todas las cosas que teníamos para la movilización, fue todo así de la nada, no nos dieron ninguna explicación, nos trataron mal sin ningún motivo” señala una vecina

Los pobladores, cansados de no obtener respuestas por la falta de agua, tomaron la determinación de cortar la ruta provincial 5. Tal como muestran las imágenes el poblador que participó en dicha movilización, fue detenido por la policía en su domicilio.

“¿Son cancheros?” Fue la respuesta policial ante la pregunta del motivo por el cual lo detienen, “solamente estamos pidiendo agua” expresa una vecina ante la brutalidad policial que sufre el poblador.

Las constantes represiones a los reclamos por agua, son una moneda corriente en este último tiempo, hace unos días atrás, en la ciudad de Nueva Esperanza, pobladores reclamaron la falta de agua y fueron fuertemente reprimidos

“Extrema gravedad institucional” así dio inicio el descargo de Zamora sobre el principal tema que ocupó todas las tapas de los diarios; “el agravio más grande al sistema democrático” continuó.

Gerardo Zamora fue uno de los “protegidos” en los gobiernos de Nestor y Cristina Kirchner durante los periodos presidenciales y como no podía ser de otra manera, salió a defender a la actual vicepresidenta de la Nación.

El escrito completo del primer mandatario provincial:

UN HECHO DE ENORME GRAVEDAD INSTITUCIONAL QUE ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA

         Desde la Liga de Gobernadores manifestamos que ha ocurrido en nuestro país un hecho de extrema gravedad institucional, que quedará registrado como uno de los agravios más grandes al sistema democrático.

         Se pretende condenar e inhabilitar políticamente a la vicepresidenta de la Republica mediante una sentencia judicial generada en un proceso atravesado por innumerables irregularidades y violaciones a principios y garantías constitucionales fundamentales.

           Los fiscales y jueces actuantes en su afán de imputarla penalmente, le adjudicaron actos y funciones que son de exclusiva jurisdicción de otras áreas de gobierno y que le están vedadas expresamente por la constitución nacional, como lo actos de administración general y el manejo de fondos públicos.

            Durante este burdo proceso judicial, se omitió deliberadamente analizar pruebas documentales y periciales relevantes que demostraba la absoluta regularidad de las obras investigadas.

             Los alegatos del juicio nos permitieron conocer de primera mano las afrentas al debido proceso que sufrió la vicepresidenta y la imposibilidad de los fiscales de sostener sus agravios y acusaciones.

             Todo este show mediático y judicial se dio además en un contexto de palmaria y escandalosa promiscuidad entre fiscales y jueces intervinientes que escandalizo a la opinión publica.

            Los hechos investigados objeto de la condena, ya habían sido sobreseídos años anteriores y la reapertura del proceso se dio cuando en el gobierno anterior se puso en marcha como nunca en la Argentina un mecanismo de persecución judicial y mediática a líderes políticos del campo nacional y popular.

             Esta absurda condena con fines políticos no es un hecho aislado, sino que forma parte de una operación de poderes económicos que se reprodujo recientemente en Sudamérica con otros líderes populares y que luego de disparatadas condenas, y al paso del tiempo, volvieron a ser legitimados por sus pueblos regresando al poder.

            La inhabilitación para ejercer cargos públicos dictada hoy es el nuevo ropaje jurídico en la histórica proscripción que sufrió el peronismo toda vez que fue derrocado del poder por la fuerza, tal como aconteció en 1955 con la revolución libertadora y en 1976 con la última dictadura cívico militar que tuvo como saldo la muerte y desaparición de 30 mil argentinos.

             El enorme respaldo popular y prestigio que goza nuestra vicepresidenta como líder y conductora del espacio político mayoritario de la Argentina es la garantía que impedirá que grupos minoritarios, violentos y antidemocrático pueda poner en riesgo el estado de derecho que tanto nos costó conseguir a los argentinos.

Mientras la gente se encuentra conmocionada por el mundial de fútbol existe otra realidad que golpea duro en cada rincón de la provincia, la falta de agua, ante esto los pobladores del interior provincial prefieren tener agua antes de poder ver un partido de la selección.

Dicho informe realizado por los periodistas de TN saldrá en las próximas horas y contará con testimonios desgarradores de aquellas personas que padecen el faltante de agua tanto del interior como la personas que viven en barrios periféricos de ciudad Capital a metros del estadio Único.

Mira el vídeo aquí:

El 13 de julio pasado, mientras estaba siendo investigado por lavado de dinero, el senador de Santiago del Estero Gerardo Montenegro vendió su casa en Miami, registrada a través de una sociedad de su mujer y su hijastro. La operación, según registros públicos de Miami, se concretó en USD 460 mil, unos USD 154 mil más de lo que había pagado tres años antes. No es todo. En 2021, apenas Infobae reveló el escándalo, el senador y su esposa vendieron un lujo departamento en Punta del Este, valuado en más de USD 500 mil.

Montenegro está siendo investigado desde comienzos de 2021 a raíz de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se transformó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El senador está acusado de usar cooperativas para cobrar subsidios millonarios y comprar bienes de lujo.

La causa está en manos del juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri, y la fiscal Cecilia Indiana Garzón.

Recién hace dos semanas, Argibay citó a indagatoria a Montenegro, a su mujer, María Teresa Sciolla, y a una decena de miembros de las cooperativas. Ahora el juez tiene un plazo para definir la situación procesal de todos los indagados. En Santiago del Estero, sin embargo, sospechan que hay una maniobra en curso para que la causa siga en la justicia provincial, donde los jueces suelen estar más influenciados por la política local.

Pese a que la investigación está en pleno desarrollo, Montenegro le vendió su casa de Miami a la sociedad CLARF LLC. El senador había comprado esa propiedad en noviembre de 2019 a través la sociedad JM SILVER GROUP LLC, donde su mujer y su hijastro aparecen como “personas autorizadas”.

Para constituir esa sociedad, Sciolla había declarado como domicilio una casa en la capital santiagueña, ubicada en Islas Malvinas 665, la misma dirección que utilizó para crear una SRL con el mismo nombre. En cambio, el hijastro de Montenegro, Javier Sciolla, declaró como domicilio un departamento en la calle 25 de mayo al 300.

La casa está ubicada en el barrio cerrado “Via Ventura 2″, a solo 15 minutos del Aventura Mall. El lugar ofrece amenities como Club House, pileta, spa, gimnasio, cancha de fútbol y juegos para niños.

La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar esa propiedad, aunque la denuncia original mencionaba una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR, dueña de esa emprendimiento.

Montenegro también llevó su fortuna a las playas de Punta del Este. Según datos aportados por la UIF en el expediente, el senador y su esposa compraron un departamento en el Venetian Luxury Residences, un emprendimiento de lujo de 27 pisos ubicado en la Parada 17.

Entre el 13 de abril de 2018 y el 25 de abril de 2021, la mujer de Montenegro hizo depósitos y transferencias por un total de USD 511.590 para comprar la unidad 403. Algunos de esos pagos fueron remitidos por Washy Corporation SA, Larix SRL, Puerto Colonia LTD, Marcelo Walter Perretta Masantis y Zully Giunta.

Los detalles de las sociedades involucradas figuran en un informe que le mandó la UIF hace apenas dos meses al juez federal de Santiago del Estero.

En mayo de 2021, Infobae reveló la causa judicial contra Montenegro y se encendieron todas las alarmas. Según consta en el expediente, en agosto de ese año, la mujer de Montenegro le cedió sus derechos a Daniel Guillermo Felix por USD 534.709. Los investigadores sospechan que podría haber sido una venta ficticia.

Actualmente, las unidades más grandes de ese edificio de lujo se venden por más de USD 2 millones.

Gerardo Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde 2013. Siempre en las filas del kirchnerismo. Aunque la causa judicial lleva casi dos años, hasta ahora el bloque de senadores de Juntos por el Cambio nunca se expresó en público sobre el escándalo. Apenas hubo comunicados de la UCR y del PRO local pidiendo que la Justicia avance con la causa.

La Justicia sospecha que la fortuna de Montenegro provenía de fondos públicos. De hecho, está acusado de comandar una red de cooperativas que recibieron más de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero. En esas cooperativas había familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de Santiago del Estero, y hasta trabajadores de la seccional local de UPCN, el gremio que controla Montenegro desde 1998.

El caso más emblemático fue la cooperativa “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”, íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro. En esa cooperativa también aparecía Ramón Orlando Bravo, empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicación de UPCN, y Walter Gómez, otro empleado provincial.

Entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de las cuentas de esa cooperativa se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que controla a la cooperativas.

Además, esa cooperativa le otorgó un préstamo sospechoso a la SRL JMSC, propiedad de la mujer de Montenegro (80%) y de su hijastro (20%).

La UIF detectó que esa sociedad, creada en 2009, fue utilizada para comprar una camioneta Jeep Renegade Sport 1.8 que manejaba el hijastro de Montenegro y un BMW 503 221i Cabrio. Los únicos autorizados a manejar el BMW eran el senador y su hijo Facundo Gerardo Montenegro.

La denuncia contra Montenegro también apuntó a los movimientos migratorios del senador y su mujer. Entre 2017 y 2018, Sciolla viajó siete veces Estados Unidos, cinco a Panamá (una plaza muy utilizada para maniobras de lavado de dinero), y estuvo una vez en las playas de República Dominicana. “El promedio de los viajes es de apenas cinco días”, alertaron los investigadores. Para ese entonces, llamativamente, la mujer figuraba como monotributista, en la categoría ‘G”.

No es todo. La UIF y la PROCELAC detectaron que la mujer de Montenegro, siendo empleada del Senado, visitó 74 veces los casinos de Buenos Aires y registró “ganancias” por $8 millones. Todo en un período de seis años. Ahora se investiga si en realidad se trató de una maniobra para lavar dinero y ocultar el verdadero origen de los fondos

El causante de que los ciudadanos salgan a las calles habría sido una supuesta mala praxis dónde un joven murió al no ser atendido por un fuerte dolor en el apéndice, sumado a este lamentable, los vecinos reclaman que no hay medicos en la zona.

Mira el vídeo aquí:

Mientras el graf de crónica decía “la comida por las nubes” el diputado nacional sentenció que el primer mandatario provincial es “el mejor gobernador por lejos que tiene la Argentina” mientras aludía una posible candidatura presidenciable de Zamora.

“Tiene la misma cantidad de empleados públicos ( en relación desde el inicio de su mandato) no es lo que venden desde Buenos Aires “ señala y continúa: “ todo el tiempo inaugura escuelas, la obra pública está presente, el estado está presente”

“Los que tuvimos la posibilidad de conocer Santiago del Estero en un antes y después de Gerardo Zamora, yo soy fanático de Gerardo” y agrega: “en los gobiernos de Nestor y Cristina lo ayudaron mucho Zamora” recalca Santoro.

Paralelamente a las flores de Santoro hacia Zamora, la policía continúa matando a jóvenes inocentes mientras el estado provincial mira para el otro lado.

Mira el vídeo aquí:

En el km 1.250 de la RN 16 se encuentra El Caburé, en el Departamento Copo, Santiago del Estero en el que Antonio “Chomo” Díaz, quien pasó toda su vida allí, se planta y dice: “Nosotros hemos nacido y nos hemos criado allí y hemos defendido la tierra como hemos podido, aún en la miseria. Nos criamos cazando y criando, sembrando a reja de arado y a caballo, arados de mansera… No teníamos agua. Sacábamos agua de los trenes a vapor y llevábamos a las casas. Sobrevivimos a las crisis más grandes cuidando de esas tierras para que hoy venga Carlos Hazam (diputado), Leder –cacique y matón– y las quiera vender. Para que vengan unos muchachos tan jovencitos allá por el 2000 como Matías Orué y Pablo Picá de Jesús María. Compran 16 mil hectáreas y otras diez mil que eran de FACA (ex Fábrica de Carbón Activado). Siempre fuimos atacados por los organismos. Aquí hay una especie de entramado para quebrarnos. Aquí había muchísimos habitantes con más de cien años en esas tierras que hoy fueron despojados. Hoy son víctimas. ¿Por qué? Porque Santiago del Estero nunca quiso regularizar la posesión y propiedad de la tierra. Nunca se regulariza la tierra de los pobres, pero sí se ha regularizado con alambrados, planos y mensuras truchas las tierras de Hazam, Picá y otros terratenientes. Se permite que se desmonten y quemen miles y miles de hectáreas para ser vendidas en dólares. Mis abuelos están enterrados ahí y a mi madre, de 81 años, le quitaron cincuenta hectáreas como represalia hacia mí, que no quiero vender ni regalar la tierra. De niño pude comprender que el tesoro más grande que teníamos era nuestro rancho, algunos pocos animales, nuestro cerco y nuestra tierra. Hoy somos despojados por estos gobernantes y jueces corruptos”.

Un par de semanas atrás, las tapas de los diarios oficialistas de Santiago del Estero anunciaban que la Fiscalía de Estado encaraba un operativo en el Departamento Copo para recuperar 30 mil hectáreas usurpadas. Sus habitantes lo cuestionan abiertamente, alegando que ese número es insignificante en relación con las tierras usurpadas y desmontadas en estas últimas décadas, que tienen por destino la venta ilegal.

—¿Cómo está viviendo el grueso de la gente de estas zonas? ¿Es cierto que los planes sociales fueron sustituyendo el trabajo real?

Es cierto, sí. Como en tantos otros lugares. En El Caburé y en el Departamento Copo la gente está viviendo de los planes sociales. Los terratenientes les han quitado la tierra. Si no se la sacan por las buenas, –con una monedita y convenciéndolos que nada pueden hacer para detenerlos– se las sacan por las malas, como me pasa a mí. El paisano pobre va diez veces al Juzgado de Monte Quemado (vendiendo sus últimos animalitos para viajar y pagar abogado) hasta que baja la guardia y se resigna. Te terminan debilitando para que les vendas (mejor dicho, regales) la tierra. A esa misma gente despojada, les pagan para que vayan a usurpar más campos. Los mandan a usurpar a los que no queremos vender: a “los rebeldes”.

—¿Es verdad que los usurpadores tienen lazos estrechos, convenios o estrategias conjuntas con funcionarios y letrados.

Los usurpadores luego se juntan con el diputado Hazam, con los fiscales, con jueces y escribanos. Con los abogados poderosos que tienen hoteles y barrios completos del Departamento Copo. Aquí el abogado es juez y diputado. Si nos ven cazando un pichi o quirchincho para comer, te mandan a Bosques y nos meten presos. Pero ellos están acabando con la fauna nativa, desmontando miles y miles de hectáreas y no les dicen nada. Ellos siembran a campo abierto y si alguno de nuestros animalitos va para allí, los matan. Mandan a fumigar en aviones y después, para la cosecha, uno se queda mirando cómo se llevan en silos nuestra riqueza, y a nosotros nos dejan la desolación. Los pobladores de El Caburé estamos perdidos. Ya la gente no tiene tierras para trabajar. Mientras tanto, los terratenientes ya desmontaron y quemaron todo. No te dejan ni para carbón.

—¿Hay otros lugares de la zona en los que se dan situaciones con características como las que usted está describiendo?

—La Reserva Provincial Copo (ex FACA) estaba siendo tomada con el mismo modus operandi. Santillán y luego Tesio, apoyada por la misma “asociación ilícita”. Regularizan fraudulentamente las tierras y venden. Son estrategias para confrontar pobres contra pobres. Ahora llegó Fiscalía de Estado y sacaron a los pobladores, pero nada de los organizadores de la asociación. En el Parque Nacional Copo también están desmontando para unos porteños. Unos pesos y el guardaparques de Los Pirpintos hace la del tero, junto a Bosques y Fauna, o sea, no tira el disparo.

—¿Y el rol del Mocase? Entiendo que debería prestar algún tipo de amparo a quienes están enfrentando una situación como la que usted describe, pero que, lamentablemente, no es para nada así…

—En el Mocase se cuidan entre ellos nomás. Para entrar en el Mocase en El Caburé tenés que estar de acuerdo con Antonio Campana, quien trabaja en conjunto con la Justicia de Monte Quemado. Están para atacar a los pobres nomás. El Mocase está para el despojo campesino. Son todos funcionarios. Sus punteros me conocen de toda la vida. La Pichona Masa ya tiene más de diez mil hectáreas. Me fui a pedir audiencia con Campana. Primero no me recibieron. Después me echó. Volví. Me recibió y me dijo: “vos sos el que te has hecho viral”. Se enteró que denunciaba a Orué y nunca más, me declararon “persona no grata” para la Vía Campesina, que de campesinos no tienen nada.

Las usurpaciones suelen ser muy violentas? Circularon fotos en las redes que dan escalofríos…

—Sí, hay destrozos enormes. La gente recibe latigazos y golpes, no importa si son hombres o mujeres. Las usurpaciones son siempre violentas. Están organizadas y dirigidas, por lo general, financiadas y con entrenamiento. Hachas, machetes, armas de fuego. Son muchas las mujeres que deben hacer frente a bandas como las del Mocase Vía Campesina (foto). Los hombres, por lo general, son atacados por mujeres, para que no se puedan defender. Una vez en los hospitales, los mismos médicos (mientras colocan un hombro en su lugar) les aconsejan que “no realicen la denuncia”, porque ellos están amparados por el gobierno.

—¿Está solo dando esta pelea?, ¿cuánto tiempo lleva en esta situación?

—Llevo más de veinte años peleando. En El Caburé estoy solo porque la gente tiene mucho miedo. Me acompañan mis hijos y, desde el año pasado, cuento con el apoyo de una asamblea de paisanos que la vienen peleando como yo. Allí hay gente que está siendo usurpada por jueces, escribanos y por el mismo Mocase. Ya me están quitando todo. Pero no solo a mí. Los nativos tienen que tomar conciencia. No podemos seguir mirando cómo desmontan miles y miles de hectáreas y se llevan la riqueza.

—¿Cómo lleva su cotidianeidad adelante frente a tanta adversidad?

—Los campesinos sabemos que tenemos a la policía en contra, al gobierno en contra, a fiscales y jueces en contra. Pero cuando uno agarra un hacha y sale al monte a juntar leña, o cuando ensilla un caballo nomás… se olvida de todo. Salir a disfrutar de la belleza de monte te hace olvidar de todo. Recorriendo un poco ya tienes el sustento. El monte nos da la miel, y a veces algún pichi, algún peludo… y ya la alegría es completa. Ya tienes el sustento para llevar al rancho. Salgo solo o con mis hijos y eso se disfruta mucho. El monte siempre te da de comer. Y si además tienes algún zapallo sembrado y una sandía, ya somos felices. ¡Ni hablemos si tenemos choclo! Los amigos me dicen “cuidate hermano, te necesitamos. Vos sos la voz de nosotros. Los pobres estamos asustados y humillados”. Ellos tienen miedo, pero sé que me apoyan en silencio. Ya cuando el sol se pone la felicidad más grande es saber que Hazam no anduvo por mi campo con su gente. Siempre aparece algún vehículo raro o policía. En los años 70 yo tenía 8 años y hacía esto con mis abuelos. Salir a buscar agua o leña. Con ellos aprendía a defender la tierra. Ellos han sido colonos aquí. Y eso me da alegría, aunque me corran las lágrimas.

En la zona de Las Abitras, instalaron unos caños para abastecer de agua desde la ruta hasta el paraje que recorre unos siete kilómetros, sin embargo, esos caños no están funcionando y desde hace dos años que la zona no cuenta con agua potable.

Ante este problema, los pobladores tomaron la drástica medida de cortar una de las vías que recorre toda la provincia. “Estamos pidiendo el cruce de agua para los chicos y adultos mayores y personas discapacitadas de manera urgente” reza un cartel.

Mediante una asamblea general, el gremio docente Cisadems, determinó está medida de fuerza ya que su lucha por un sueldo docente digno sigue sin ser escuchada a pesar de los recientes anuncios del gobernador, es por ello, el 28 del corriente mes, se concentraran en la Plaza del Maestro y marcharán a partir de las 9 horas.

Por otro lado, en dicha asamblea se aprobó una campaña para juntar firmas, con el propósito de crear un fondo compensador para mantener el 82% móvil a lo largo del tiempo, esto, es a consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación.

Tal como vienen luchando desde que se implementó la intervención al Consejo General de Educación, Cisadems continuará solicitando el inminente cese a la intervención del Sistema Educativo.

Un importante número de empleados municipales de la ciudad de Añatuya, se concentraron en la tarde de hoy en la ruta 92, con el propósito de reclamar por la gran cantidad de despidos que se efectuaron en la comuna de dicha ciudad.

Cerca de 36 empleados municipales quedaron prácticamente en la calle ante está “cacería”que sin brindar ninguna explicación despidieron a estos trabajadores. Durante la mañana de hoy los empleados se hicieron presente en la municipalidad para ejercer sus labores y se dieron con la sorpresa de que ya no formaban parte la comuna.

“ Estamos sufriendo, nadie nos brinda una respuesta, el actual intendente dejó sin trabajo a 36 familias que estuvieron contratados por el intendente anterior cuando él ya tomó cerca de 147 empleados en su nueva gestión, es por ello que nos estamos manifestando, sufrimos atropellos injustificados solo por pertenecer a otro partido político” expresa una empleada despedida.

La detención de Rodrigo Posse en este último tiempo, se sumó a una larga lista de políticos y periodistas presos solamente por no seguir los lineamientos de Gerardo Zamora. Recientemente Patricia Bullrich salió a declarar que “Gerardo Zamora persigue a los opositores”, una vieja práctica que utiliza nuevamente el caudillo.

La larga lista inicia con el ex intendente Julio Alegre quien fue detenido por defraudación al arca del estado municipal, cohecho pasivo, dirigir una asociación ilícita entre otros delitos. En la actualidad el ex intendente, se encuentra bloqueado de todas sus cuentas bancarias, sin acceso a la salud y en un estado prácticamente de bancarrota solo por ser un opositor a Zamora .

Otro de los perseguidos que terminaron preso fue el ex director de Última Hora Díario, Juan Pablo Suárez, quien en el año 2014 le aplicaron la ley antiterrorista por cubrir una marcha policial, en ese entonces, un amplió despliegue policial, allanó las oficinas del medio opositor y llevo una gran cantidad de computadoras y cámaras fotográficas. Suárez fue detenido durante diez días. En la actualidad, el periodista está residiendo en la provincia de Córdoba sin trabajo.

Miguel Angel Moreno, antiguo aliado del régimen Z, hoy detenido por el incumplimiento del deber público y encubrimiento agravado en perjuicio de la administración de justicia y otros durante la investigación del crimen de “Marito” Salto. En ese entonces, Moreno planteó la hipótesis de un crimen relacionado con el narcotráfico, a los pocos meses, a moreno le allanaron su domicilio y también fue detenido.

Eduardo “Chabay” Ruiz, opositor de la primera época al actual gobernador, denunció en aquel entonces que la causa de abuso sexual que se lo acusaba, era una causa “armada” dónde el ex intendente fue obligado a confesar aquella supuesta violación; para ese entonces, Ruiz dijo que amenazaron de muerte a sus hijos . Aquella causa lo sigue hasta el día de hoy; en las últimas elecciones a gobernador “Chabay” no pudo acceder a la banca de diputados que le correspondía por considerarlo persona “indigna e inmoral” .

El ex diputado Jaime Díaz, durante su gestión, denunció varias veces al poder político y en varias ocasiones, tuvo que ir a declarar por sus dichos. Díaz en aquel entonces desnudó la complicidad de Gerardo Zamora, Claudia Ledesma Abdala y el kirchnerismo gobernante en la causa Tren al Desarrollo. El oficialismo envió un oficio a la Legislatura provincial en el que pedía que el cuerpo proceda a desaforar al diputado Jaime Díaz para su posterior detención.

Una vez más, la fuerza policial se encuentra señalada por su brutal accionar en contra de un ciudadano, en esta oportunidad, la familia de Martin Sierra, afirman que el joven fallecido el día domingo, fue brutalmente golpeado por el personal de la comisaría Once del barrio Ejercito Argentino.

Los medios oficiales, divulgarnos la versión que el joven Martín Sierra, había fallecido a causa de un golpe en la cabeza que se propinó por si mismo. Sin embargo, los familiares, descreen totalmente de está versión y según testigos que estuvieron presente en el momento que llevaron detenido a Sierra; fueron los propios uniformados que le habrían propinado una brutal golpiza ocasionando el deceso del joven.

La mamá del joven fallecido visiblemente angustiada por lo ocurrido con el joven, diálogo con este medio y contó la versión del lamentable suceso: “Martin se encontraba con la familia de su mujer en el barrio Sarmiento bebiendo con unos amigos cuando le pusieron algún tipo de droga en la bebida, él no suele tomar, de esa juntada ya vino medio mareado” afirma la madre.

“Del barrio Sarmiento vino al Ejército Argentino en remis, un amigo lo retuvo en su casa hasta que yo vaya, cuando el amigo abre la puerta, Martin se escapa y no lo pudieron parar, entonces yo con la hija de Martin salimos a buscarlo” agrega la progenitora y continúa: “decía que lo veía al demonio reflejado en los espejos, jamás tuvo la intención de robar en ningún lado” sostuvo la madre.

“El cuando veía un espejo lo rompía porque decía que veía al demonio, es por eso que rompe un auto, en ese momento tres personas lo pegan a él, logra escaparse y fue ahí cuando aparece la policía y le dicen a Martin, ¿ahora te haces el machito? Y le pisan la cabeza y lo patean, eso me dijeron los amigos que estaban presenciando la golpiza” señala un tío de la víctima.

“Yo lo ví tirado en la camioneta en la camioneta de la policía, se estaba arrastrando, ningún policía lo ayudaba luego los amigos me dijeron que en la esquina de casa la policía lo habían pegado cuando terminaron de golpearlo lo tiraron dentro de la camioneta como una bolsa de papa” relata la madre.

“Uno le piso la cabeza y le dijo ¿Vos sos machito?, Vas a ver lo que te va a pasar. Los amigos que vieron todo dijeron que iban a ser testigos” argumentó la madre y continúa: “nunca intentaron ni reanimarlo, nunca llamaron al médico sabiendo en el estado que estaba y lo golpeado que se encontraba”.

“Queremos justicia, necesitamos justicia y que se sepa la verdad, sabemos de varios casos que ocurrieron como el de Martin, necesitamos justicia “ concluye la madre.

Dichos audios fueron revelados por el panelista “Pampito” en el programa que conduce Carmen Barbieri;  quien hablaria en estos audios sería el participante de Gran Hermano, Walter Santiago y en los mismos, hace referencia de una cercana amistad con el hermano del gobernador. “Yo levanto el teléfono y hablo con Zamora” expresa “Alfa”.

“¿Sabes quién es Zamora?” continúa el audio “es el dueño de Termas de Río Hondo Zamora. Daniel Zamora es intimo amigo mío; cómo estoy en el gobierno conozco mucha gente” continúa el participante de Gran Hermano.

Estos audios fueron revelados en el marco de una denuncia por el supuesto delito de acoso sexual y amenazas efectuadas por el Walter Santiago en contra de una joven.

“La guita no es nada en la vida. En la vida vale la gente que vas conociendo. El mundo es redondito, vos sos muy pendeja, y te encontrás con todo el mundo en todos lados. Está bueno, como me pasó a mi, tener las puertas abiertas en todo el mundo, porque yo no cagué a nadie” le habría expresado “alfa”.

Fuente: Clarin

El 29 de septiembre pasado, agentes federales de las fuerzas de seguridad allanaron las oficinas de trabajo de Mauricio Macri. Libertador al 2700, Olivos, Buenos Aires. Una torre. Piso 3. Sesenta policías, seis patrulleros y un carro de asalto rodeó el edificio.

El expresidente recibe allí a políticos, empresarios, periodistas, en un despacho con una foto del líder sudafricano Nelson Mandela, y otras imágenes de sí mismo en las marchas que lideró para intentar dar vuelta en el balotaje el resultado adverso de las elecciones del 2019. La policía no lo buscaba a él. Tampoco a sus principales colaboradores que lo acompañan en sus labores en ese lugar, como el ex secretario General de la Presidencia, Fernando De Andreis.

No secuestraron documentos ni computadoras. Los agentes se presentaron allí para requisar el lugar en busca del empresario que figura como dueño de ese inmueble. Se llama Guillermo Masoni. Tiene un pedido de captura ordenado por un juez de Santiago del Estero, misma medida que afecta a su hermano Daniel.

El episodio pasó desapercibido salvo para la dirigencia del PRO. Los Masoni, sobre todo Guillermo, son dos de los ejecutivos influyentes, aunque de perfil muy bajo, algo que acaba de romperse. Ambos son accionistas de diferentes firmas dedicadas al desarrollo inmobiliario, entre otros negocios, como la llamada Compañía Inversora Libertador (CILSA), o Los Mimbres SA. Desde hace setenta años la familia Masoni es propietaria de más de cien mil hectáreas de campos en Santiago del Estero.

Quien presentó un pedido de detención para llevarlos a la cárcel es un juez de esa provincia, Darío Alarcón, en el marco de una denuncia presentada hace nueve años sin que haya ninguna novedad al respecto hasta fines de septiembre, hace pocas semanas. Según el magistrado, los Masoni son parte de una asociación ilícita que se dedicó a usurpar terrenos de grandes extensiones en el distrito que gobierna Gerardo Zamora, en intermitencia con la actual vicepresidenta provisional del Senado, su esposa, Claudia Ledesma, de confianza de Cristina Kirchner. La acusación judicial indica que los Masoni, Posse y otros imputados más ocuparon de modo ilegal 250 mil hectáreas. El caso se reactivó de modo vertiginoso y con escándalo.

El ex diputado nacional del PRO y referente del partido en Santiago del Estero, Rodrigo Posse, fue encarcelado por decisión del mismo juez Alarcón, quien lo incluyó como integrante de la asociación ilícita que, según él, liderarían los Masoni. Posse es abogado de los empresarios vinculados a Macri. Fue legislador nacional y concejal de la capital de su provincia. Un opositor muy duro de la familia Zamora. Cuando se enteró que el que la denuncia presentada hacía nueve años en su contra y la de sus clientes había empezado a moverse, se presentó tres veces ante el magistrado Alarcón para ponerse a su disposición. Nunca fue atendido ni por el juez ni por la fiscal de la causa.

Posse salía de su casa el miércoles anterior al allanamiento de las oficinas de Macri. Iba a nadar, a hacer deporte. Vio de golpe que varios hombres lo rodeaban de atrás, por adelante, por los costados. Le preguntaron su nombre. Pensó que era víctima de un robo. Los inquisidores se identificaron entonces como policías y le dijeron que tenían orden detenerlo. No llevaban uniforme. Lo subieron a una camioneta común. No era un patrullero, según denunció. Reconoció a un agente de la fuerza al que trató por su labor de abogado. Le exigieron que les entregue la clave de su celular para que pudieran abrirlo. Posse se negó. Argumentó que, además de su actividad política opositora a Zamora, guardaba allí conversaciones con sus clientes que son confidenciales. Sin notificación alguna y sin que su familia ni su abogado supieran nada de él, fue encerrado en un calabozo del llamado Centro Único de Detención, en la capital santiagueña. Su esposa supo de él después de recorrer varias comisarías. Posse estaba preso acusado de ayudar a robar miles y miles y miles de hectáreas para los Masoni. A las cuarenta y ocho horas de encierro el juez Alarcón le tomó declaración indagatoria. El abogado le pidió que le informen qué delitos había cometido. Pidió leer el expediente que antes se le había negado conocer. El interrogatorio chocaba con las normas habituales que deben garantizar el derecho a la defensa de cualquier ciudadano argentino. Fue liberado. Los Masoni aun son buscados por la policía.

A través de su presidenta Patricia Bullrich, el PRO a nivel nacional emitió un comunicado en defensa de Posse. El texto condena su detención, la describe como “arbitraria” y “extemporánea”, y afirma que la causa por el supuesto robo de 250 mil hectáreas donde los Masoni son los principales acusados es parte de una denuncia presentada “en el 2013 por una persona ya fallecida”.

Se señala también que nunca existió notificación alguna a los defensores de los acusados de su imputación o de nuevas medidas que se tomaron en las últimas semanas. No se conoce la prueba que recolectó el magistrado Alarcón. El comunicado del PRO pide que se “respeten los derechos civiles y procesales” Posse, como los de “cualquier ciudadano de la Nación”.

Bullrich apuntó de modo directo a los Zamora por la detención del ex diputado Posse: “No puede haber en la Argentina un rincón del país donde no rija la ley».

El diputado nacional Cristian Ritondo hizo declaraciones en el mismo sentido, entre otros dirigentes de su partido.

En diálogo con Clarín, Bullrich enfatizó que el encarcelamiento de Posse se produjo solo por razones políticas debido a que el dirigente es opositor al régimen de los Zamora y había vuelto a trabajar para su precandidatura presidencial.

Los Masoni no solo son dueños de las oficinas que usa Macri en la avenida Libertador, en Olivos.

También denunciaron al presidente Alberto Fernández, y al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, por su inacción ante la toma de las tierras de grupos de supuestos mapuches en la Patagonia.

Eso ocurrió antes de que el Gobierno desalojara de esos terrenos a los usurpadores.

El abogado de los Masoni en este expediente es Hugo Wortman Jofré. Afirmó que pidió la excarcelación de sus clientes pero que esa solicitud no fue tratada por el magistrado Alarcón, que ni siquiera le dio vista a la fiscal del caso.

El ex diputado Posse no tiene dudas de que su detención en un calabozo no solo no se ajustó a Derecho. Afirmó que el gobernador de la provincia, Zamora, influyó en el Poder Judicial para “castigarlo” a él y los empresarios Masoni por su cercanía con el PRO, con Bullrich, con Macri.

Los Masoni donaron varias veces terrenos que eran de su propiedad en Santiago del Estero para evitar conflictos con comunidades que exigían ocuparlos. Son noticias que se encuentran en los diarios santiagueños. Los convenios que firmaban los empresarios sobre esas cuestiones culminaban, por ejemplo, con firmas en actos en los que participó varias veces la ex gobernadora Claudia Ledesma de Zamora.

Cuáles son las pruebas por las que ahora se los acusa de haberse adueñado de 250 mil hectáreas cuando ya demostraron en una causa ratificada por la Corte Suprema de la Nación de que son propietarios de más de 100 mil hectáreas en esa provincia? También con el patrocinio de Wortman Jofré, los Masoni habían denunciado en el año 2000 que existía en Santiago una “banda mafiosa que roba tierras”. Los afectados eran los Masoni. Ahora están acusados con orden de prisión preventiva de ser ellos los usurpadores.

El juez de la causa, Alarcón, es un viejo amigo del gobernador Gerardo Zamora.

En sus épocas de estudiantes de Derecho ambos trabajaron en el estudio del doctor Julio Abate.

El mandatario provincial nombró a Abate fiscal de Estado de Santiago del Estero.

Zamora ascendió en el poder de Santiago del Estero tras la caída del otro caudillo que gestionó esa provincia por más de medio siglo sin respetar la independencia de los tres poderes del Estado, Carlos Juárez. Tras la intervención de esa gobernación, decisión que tomó Néstor Kirchner, el entonces dirigente de la UCR Zamora ganó las elecciones y pasó de ser intendente de la municipalidad de la capital de la provincia a gobernador. Jamás dejó el poder al que llegó en el 2005. Intentó competir en elecciones por un tercer mandato en el 2013. Por unanimidad, la Corte Suprema de la Nación se lo impidió acusándolo de intentar violar la Constitución provincial.

Zamora se bajó entonces de esos comicios pero la candidata fue su esposa, Claudia Ledesma.

Un ardid que igualmente fue premiado con votos en comicios no impugnados.

Los Zamora se alternan el poder desde entonces.

En sus épocas de jefe comunal, Gerardo Zamora recordó la vieja amistad que lo unía con el compañero Alarcón, su compinche en el estudio del abogado Abate, y lo designó como Defensor del Pueblo del Municipio que él comandaba.

Como mandatario provincial lo eligió para ser juez de instrucción.

La influencia del gobernadora y la ex gobernadora en el Poder Judicial de su provincia es evidente.

Del mismo modo que se repitieron, a lo largo de los últimos años, denuncias en contra de ambos dirigentes por persecución a opositores y periodistas críticos. Incluso también a abogados que aceptan trabajar con clientes que litigan en contra del Estado provincial.

Posse, por ejemplo, fue detenido en un expediente en el que en rigor era defensor de los empresarios Masoni. Nunca se le notificó que había pasado a ser imputado.

No tiene dudas que la Gobernación influye en este causa. “Ser opositor en Santiago del Estero es transformarte en un enemigo total de los Zamora. Es muy frustrante”.

Desapareció.

Su cuerpo, mutilado, descuartizado, apareció cerca de su casa, en un descampado del barrio El Vinaral.

Tenía esposa y un hijo.

La tragedia, según el diario Página12, “un crimen mafioso”, ocurrió en mayo del 2008, permanece impune.

Muchos otros muertos que habían denunciado delitos contra al administración pública perdieron la vida de repente.

El diputado de la Coalición Cívica, Rubén Manzi, presentó dos informe sobre violaciones a los derechos humanos y abusos desde el poder durante el confinamiento de la pandemia en las provincias del norte argentino.

Los dos documentos se inician con casos de tortura y muertes en Santiago del Estero.

Manzi escribió que en esa provincia “periódicamente se registran muertes provocadas bajo la responsabilidad del Estado”, y profundizó: “En Santiago las persecuciones políticas” y “las policiales” usan “tecnología de monitoreo y control” avalados por el Estado.

Los hermanos Masoni aun no se presentaron en el juzgado que ordenó su detención, el mismo que encarceló a su abogado. El juez Alarcón no estudió aun su pedido de excarcelación.

Zamora no hizo declaraciones al respecto.

Dicha marcha inicio en la mañana de hoy en la Plaza Libertad para concluir en las intersecciónes de Avenida Belgrano y Jujuy; un imponente operativo policial impidió que los docentes puedan manifestarse al frente de Casa de Gobierno.

“Las ollas siguen vacías, marchamos en paz y en defensa a la educación pública” expresaron en plena movilización los docentes. Cabe señalar que, junto a los docentes, marcharon vendedores ambulantes que son perseguidos por organismos estatales y no permiten que desarrollen su actividad.

Para concluir la sexta movilización del año, el Secretario General, Darío Toledo manifestó: “Como docentes usamos metáforas para aclimatar a nuestros alumnos sobre el tema que vamos a tratar, miren el marco que tenemos, un día gris, un día triste porque estamos llegando a fin de año con mucha tristeza…”

“El cartel que dice Zamora hay hambre, no es una frase suelta es lo que está padeciendo la gente hoy, podemos hablar de muchas cosas pero no podemos dejar de hablar del hambre” sostuvo Toledo.

La candidata a consejera para la Magistratura de la Nación por la Lista 3 “Por una justicia independiente”, encabezada por Miguel Piedecasas y la actual miembro del consejo, Jimena de la Torre, dialogó con Última Hora Diario sobre la justicia en Santiago del Estero y las próximas elecciones de este 18 de octubre donde se definirá quién ocupará los cuatro lugares vacantes que corresponden al estamento judicial.

“Es bastante impactante uno llega por la ruta y lo primero que ve es un estadio monumental iluminado a niveles internacionales mientras tanto a 20 kilómetros las comunidades rurales no tienen ni luz ni agua, es muy emblemático, creo que ese estadio dice mucho de Santiago que tiene una justicia totalmente contralada por el gobernador Zamora”. Señala la doctora de la Torre.

“Hace pocos días vimos cómo un profesional, un colega que ejerce su profesión fue detenido injustamente por tener un cliente, es algo que es aberrante y que de echo nosotros repudiamos abiertamente; creemos que es fundamental, qué, para el desarrollo económico de un país tener una justicia que garantice la seguridad jurídica necesaria”.

“ Mientras esté colega era detenido, Gerardo Zamora iba a Estados Unidos a buscar fondos, digo, con que cara está yendo a Estados Unidos cuando tiene abogados detenidos por ejercer su profesión” expresa la actual miembro del Consejo de la Magistratura.

“El panorama de la justicia en Santiago es muy oscuro, no solamente en la justicia ordinaria, también en los fueros federales, una justicia muy funcional al gobernador; un modelo de justicia que se réplica en Chaco, en Cuyo, en Formosa y es el modelo de justicia que quiere imponer el Kirchnerismo a nivel nacional; desde que asumieron al gobierno tienen una obsesión con controlar el poder judicial y en las elecciones del 18 de octubre donde se elijen a cuatro de los representantes de la abogacía para integrar el Consejo de la Magistratura Nacional, lo que está en juego es esto, que tipo de justicia queremos, una justicia controlada por el poder político de turno o queremos una justicia realmente independiente que garantice la seguridad jurídica necesaria para crecer económicamente y lograr recuperar la confianza en el país que necesita”.

Sobre las elecciones de este 18 de octubre

“Hoy en día, hablando de estos dos modelos de país en pugna, creemos que somos la lista que mejor representa los valores republicanos que venimos hablando, lo representamos a través de nuestra trayectoria, nuestras biografías, basta mirar cuál a sido nuestro compromiso histórico para saber que no estamos llenos de palabras vacías y que acá hay un compromiso genuino” concluyó la doctora de la Torre.

“En el norte hay muchas muertes” remarca Carrió y continúa: “ no hay conciencia social en determinados sectores, medios, no hay conciencia de la situación de violencia y sicariato que vivimos; vos no podés entrar a Santiago del Estero está cerrada, no podés entrar a Formosa porque está cerrada”.

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