Mientras el Poder Ejecutivo termina los detalles del proyecto de expropiación de la empresa Vicentin, que ingresará al Congreso en los próximos días, los legisladores del oficialismo se preparan para defender el proyecto, a partir de un instructivo que difundió el Frente de Todos.
Los 118 diputados del bloque liderado por Máximo Kirchner ya tienen en su poder un documento de 39 páginas titulado “Aportes para el debate sobre el rescate de la Sociedad Vicentin SAIC”, para interiorizarse sobre la iniciativa oficial para que el Estado se quede con la empresa y no caiga en «manos extranjeras», como explicó el presidente Alberto Fernández.
El documento contiene argumentos legales y financieros, y críticas a la oposición y a la gestión de Mauricio Macri. Comienza con el apartado “Consideraciones generales”, donde se explica el porqué de la necesidad de la expropiación.
«Evitar un mayor deterioro de los activos de Vicentín y que ello produzca un perjuicio a sus acreedores, proteger los puestos de trabajo, reactivar la producción de empresa y restablecer su capacidad de generación de divisas, ya son asuntos de importancia principal. Garantizar el recupero de las deudas de la empresa con el sector público y evitar una mayor concentración del mercado agroexportador son razones suficientes para que el Estado Nacional intervenga de manera activa en el gerenciamiento y administración de la empresa Vicentín S.A.I.C.”, expone el instructivo, antes de detallar cuestiones jurídicas.
Además, en el documento se describe a la administración privada de Vicentin como «horrible» y se indica que los empresarios «chocaron una empresa de porte en un negocio estratégico para la Nación luego de cuatro años de recibir beneficios por parte del Estado».
El texto considera al macrismo como responsable de una «parábola trágica» por manifestarse «lejos del interés nacional” y agrega: «Lo que se expuso fue una visión conceptual coincidente entre la gestión de esta empresa y los principios del macrismo como proyecto político y económico para la Argentina, una verdadera simbiosis que llevó a esta empresa a endeudarse en dólares, a esconder la información de sus balances y a no poder hacerse cargo de sus responsabilidades corrientes».
En el extenso instructivo, también se dan los detalles sobre el precio que deberá pagar el Estado en caso de que la expropiación avance. “La indemnización sólo comprenderá el valor objetivo del bien y los daños que sean una consecuencia directa e inmediata de la expropiación. No se tomarán en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos, ganancias hipotéticas, ni el mayor valor que pueda conferir al bien la obra a ejecutarse. No se pagará lucro cesante. Integrarán la indemnización el importe que correspondiere por depreciación de la moneda y el de los respectivos intereses”, se detalla.
En el apartado financiero, el documento señala que el pasivo de la empresa alcanza los 99.345,2 millones de pesos y enumera los acreedores: 1895 personas físicas y jurídicas por compra de granos, 585 personas físicas y jurídicas por bienes y servicios, 37 entidades financieras y 19 organismos fiscales y aduaneros. «Un 64% de la deuda (63.961,5 millones de pesos) es con bancos y distintas entidades que le otorgaron préstamos», asegura el Frente de Todos. El mayor de esos acreedores es el Banco Nación, al que le debe 18.162,3 millones de pesos. «El 38,8% de los créditos otorgados por el Banco Nación a Vicentin fueron aprobados en noviembre del 2019, el último mes completo del mandato de Mauricio Macri», agrega.
Un capítulo aparte informa sobre las “estrategias discursivas de la oposición mediática, política y empresarial referidas al rescate de Vicentin” en donde se detalla que “desde el 8 de junio a las 17 horas hasta el 12 de junio a las 9 horas se sucedieron en los medios audiovisuales 303 entrevistas, 118 en TV y 185 en radio, alcanzando un total de 13.000.000 personas”. Y agrega que la cobertura «apuntó, en general, a configurar una voz crítica en contra de la decisión».
Hacia el final, el instructivo muestra en un apartado los resultados de un sondeo de opinión pública propio, que indica que una mayoría del 85,2% de los encuestados considera necesaria la intervención del Estado en la economía.
A partir de este escrito, el oficialismo busca conseguir la mayoría parlamentaria para avanzar en la expropiación. Necesitaría una decena de votos extrapartidarios para alcanzar el quorum. Si bien el bloque de Juntos por el Cambio ya informó que se opondrá al proyecto, el Gobierno recibió algunos gestos de legisladores opositores que se mostraron afines al Gobierno en votaciones previas.
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