A tres años y nueve meses de la muerte del fiscal Alberto Nisman, uno de los policías que debía custodiarlo en las horas previas al deceso pidió ser sobreseído por prescripción, de acuerdo revelaron a Infobae fuentes judiciales. Se trata de Néstor Durán, integrante de la dupla de efectivos que debía cuidar al funcionario judicial el sábado 17 de enero de 2015 y el menos comprometido de los policías procesados en el expediente.
Fue, además, quien acompañó en el ascensor a Diego Lagomarsino, el técnico informático que está acusado de haber sido partícipe necesario en el supuesto homicidio del fiscal. Lagomarsino llevaba en su mochila una pistola Bersa calibre 22 que, según dijo, le había pedido el propio Nisman. Fue el arma que se activó para disparar el tiro en la sien que dio muerte al entonces titular de la UFI AMIA.
A diferencia de sus otros tres compañeros, Durán no está acusado del encubrimiento del crimen sino del incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Ese delito tiene una pena máxima de dos años de prisión. Y, por eso, su defensa entendió que la acusación en su contra había quedado prescripta en enero de 2017, dos años después de la muerte del fiscal Nisman.
Sin embargo, el juez federal Julián Ercolini rechazó la petición de sobreseimiento por el paso del tiempo. Recordó que Durán fue funcionario público en la Policía Federal (en su rol de sargento) hasta diciembre de 2017 cuando Ercolini lo procesó y el Ministerio de Seguridad decidió desafectarlo. «Precisamente, la prescripción se interrumpe en casos de funcionarios públicos y por eso no correría esta solicitud«, resaltaron las fuentes a Infobae.
Ahora, la defensa oficial de Durán insistió ante la Cámara Federal. El tema está en estudio de los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, que deberán dar una respuesta al planteo del policía. En cambio, Rubén Benítez, Luis Miño y Armando Niz, los otros policías procesados en la causa, no pueden apelar al mismo reclamo. Pesa sobre ellos también el delito de encubrimiento, que prevé una pena máxima de seis años de prisión.
Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento en el edificio de Le Parc, de Puerto Madero, en la noche del domingo 18 de enero de 2015. Cuatro días antes había denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner y su entorno de haber encubierto a Irán en el atentado contra la AMIA, a través del Memorándum. Ese lunes, Nisman debía presentarse en el Congreso para dar a conocer qué pruebas había reunido para llevar adelante esa acusación.
El papel de los custodios estuvo siempre bajo la lupa de la Justicia. El sábado 17, los encargados de vigilar y garantizar la seguridad del fiscal fueron Benítez y Durán. El domingo, esa tarea le tocó a Miño y Niz. Cuando la causa estuvo bajo la órbita de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein, estos dos últimos policías recibieron una falta de mérito.
Sin embargo, cuando la justicia pasó al fuero federal y comenzó a trabajarse en la hipótesis de un homicidio a raíz de las funciones del fiscal, la situación de los custodios se complicó. «Sus incumplimientos ayudaron a la perpetración del ilícito, por cuanto ello facilitó el ingreso del arma homicida al domicilio del custodiado, franqueó el acceso de los ejecutores del hecho, permitió que estos lleven adelante su accionar sin riesgo de ser descubiertos, determinó su salida impune del lugar e impidió tomar conocimiento del hecho en forma inmediata a su producción», dijo Ercolini en su resolución, en diciembre último.
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En junio, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Lagomarsino, y de los custodios en junio pasado. Allí no solo validó la hipótesis del homicidio a raíz de la denuncia que Nisman había hecho contra la ex presidenta y su actividad como fiscal, sino que sostuvo que existió «un punto ciego» en la custodia del fiscal. «Al menos una persona pudo entrar a su departamento asesinarlo y dejar el lugar favorecido por diversas y selectivas disfuncionalidades de los mecanismos de filmación sin que se encendiera la más mínima alerta hasta su tardío y ensombrecido hallazgo», se sostuvo. Esa persona, se sospecha, fue Lagomarsino.
Según el fallo de Ercolini, durante el día sábado 17 de enero de 2015, «los custodios se retiraron en varias oportunidades del edificio donde se encontraba su custodiado Nisman, dejándolo solo y desprotegido y violando así la normativa que les imponía mantenerse en el perímetro del lugar». En la causa se asegura que llegaron a las 11, se fueron a almorzar a las 13 y, por orden de Nisman, Benítez y Durán, se dirigieron cerca de las 6 de la tarde de la casa de Soledad Castro, la secretaria de la fiscalía, para recoger un sobre que la funcionaria debía hacerle llegar a Nisman. Volvieron a Le Parc a las 19.30.
Benítez subió primero al departamento. Según él declaró en la justicia, el fiscal le pidió si le podía conseguir un arma. Después, a las 20.04.45, Durán subió hasta la puerta del departamento. Era la primera vez que lo hacía, porque siempre cumplía las órdenes de Benítez, quien era el que tenía el trato directo con el fiscal. Iba a buscar un sobre para enviarlo a un periodista. En el ascensor viajó con Lagomarsino, quien lo consultó por el plan 4G de celulares que estaba por llegar al país. Durán volvió a subirse al ascensor para bajar y llevar un sobre hasta Olivos para un periodista. Cuando lo entregó se lo avisó por radio al fiscal que el encargo estaba cumplido y no volvió a hablar con él.
Las irregularidades en la custodia seguirían el domingo hasta que finalmente, con la madre del fiscal Sara Garfunkel, se ingresó a ultima hora de ese día al departamento y se halló el cadáver en el baño. Según el peritaje de la Gendarmería, la muerte se había producido a las 2.46 de la madrugada del domingo.
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