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Una empleada estatal le ganó al Gobierno porteño

Un juez le ordenó al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que asista económicamente a una empleada estatal que padece un cuadro avanzado de cáncer, a la que dejó de pagarle su sueldo y le niega la incorporación a un régimen de “retiro voluntario”.

El titular del juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario número 16, Martín Furchi, dispuso la medida a favor de la mujer, de 54 años, quien denunció que “padece cáncer de mama estadio IV con metástasis óseas/miocarditis dilatada con alteración severa de función venticular clase funcional III, patología que le fue diagnosticada en el año 2012”.

“En virtud de dicha enfermedad se encuentra imposibilitada de continuar prestando tareas laborales, por lo que solicitó a la Administración licencias por enfermedad, que al agotarse la obligaron a solicitar sendas licencias sin goce de sueldo, motivo por el cual no percibe haberes desde el mes de abril del corriente año”, explicó la paciente.

Por esa razón, pidió ser incluida en un programa de retiro voluntario de empleados estatales locales, pero ello le fue denegado porque no cumple con el requisito de 55 años cumplidos al 31 de diciembre próximo, pues alcanzará esa edad 34 días más tarde.

El juez Furchi recordó que “existe un marco protectorio de los derechos del trabajador, el cual encuentra fundamento en la Constitución Nacional y los Instrumentos Internaciones de Derechos Humanos de rango constitucional o supralegal”.

En ese contexto, no se explicó “por qué razón se habría visto obligada a solicitar licencias sin goce de sueldo, cuando el régimen previsto establece que una vez vencidos tres años de licencia por enfermedad de largo tratamiento el Gobierno de la Ciudad debe otorgar un subsidio al trabajador mientras gestiona la concesión de un beneficio previsional, siempre que se verifique que el trabajador no se encuentra en condiciones de reingresar a su trabajo”.

“La situación de desamparo en la que se hallaría la actora al no percibir ingresos de ningún tipo por parte del Gobierno de la Ciudad a pesar de su crítica situación no parece en principio compatible con los preceptos contenidos en las normas jurídicas que aseguran la protección del trabajador en los casos en los que se vea afectado su estado de salud”, advirtió el juez.

Por esas razones, le ordenó a la administración local, mediante una medida cautelar, que “abone a la amparista una suma mensual no remunerativa” equivalente a la que percibía cuando estaba trabajando, hasta el momento en que recaiga sentencia definitiva y firme”.

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