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«Una cuestión de machismo hace que las penas tiendan hacia el mínimo»

El ministro de Justicia, Germán Garavano, explicó que en materia seguridad, el problema del cumplimiento de penas se trata de un tema multicausal en el que las fuerzas de seguridad, por un lado; y la Justicia, por otro; brindan su mensaje a la sociedad. «Ahí es donde el sistema de justicia tiene un problema estructural. Tiene problemas normativos, como los Códigos Procesales y un Código Penal que va a cumplir 100 años». El funcionario también cuestionó la estructura de los juzgados de la mayor parte de la país por su obsolescencia.
Cabe señalar que el ministro hizo referencia al caso de Sebastián Wagner que cumplió cuatro de los nueves años de condena. Recibió el beneficio de libertad condicional, volvió a violar y mató. Un día después del velorio de Micaela García, Garavano sostuvo que el sistema judicial argentino tiene «problemas estructurales». Sobre la reincidencia de Wagner, el funcionario sostuvo que hay una cuestión de «machismo y una cuestión cultural que hace que los montos de las penas tiendan hacia el mínimo». Además el ministro sostuvo que en el Congreso se están evaluando las salidas anticipadas de condenados, máxime en el caso de los agresores sexuales que tienen una alto nivel de reiterancia delictiva una vez que cumplen, de manera parcial o total, con su pena.
Por otra parte, a raíz de los avances de una causa en la que investiga la participación de la procuradora Alejandra Gils Carbó en la compra de un edificio, Garavano consideró que la jefa de los fiscales debe dar un paso al costado. «Se genera una situación institucional muy grave y creemos que debería dar un paso al costado o tomarse una licencia», concluyó.
Recordamos que la policía Federal allanó la Procuración de la Nación por orden del juez federal Julián Ercolini en busca de mails en los que figure Guillermo Bellingi, ex subdirector de la administración, y quien concretó en 2013 la sospechosa compra de un edificio. La inmobiliaria que participó de la operación fue Jaureguiberry Asesores, que había sido contratada por la firma Arfinsa SA, integrante del Grupo Bemberg, y que habría subcontratado a Juan Thill para que intercediera en la operación.
La Justicia investiga cómo se pagaron 8 millones de pesos en la adquisición del inmueble y se abonó una subcomisión de 3 millones de pesos a un productor de seguros. También indagan si estos agentes inmobiliarios tienen algún tipo de vínculo con Héctor Alonso, el exmarido de la Procuradora, Alejandra Gils Carbó.
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