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Un abogado de Cristina Kirchner advirtió que, si va presa, “el pueblo saldrá a la calle” y “correrán ríos de sangre”

Uno de los abogados de Cristina Kirchner advirtió este martes que si la ex presidenta va presa “el pueblo saldrá a la calle” y “correrán ríos de sangre”.

Las estruendosas declaraciones fueron hechas por Gregorio Dalbón, uno de los defensores de la ex mandataria y actual senadora, luego de que este lunes quedara aplazado el comienzo del juicio por corrupción en la obra pública, que estaba previsto para el 26 de febrero.

Entrevistado en un programa de radio de la agencia de noticias Sputnik, Dalbon comparó la situación judicial de Fernández de Kirchner con la que que atraviesa el ex presidente de Brasil, Lula Da Silva (preso desde el año pasado): “Es peligroso lo que pasó allá con Dilma, con Temer. Los argentinos somos diferentes en ese sentido. Si hay algo arbitrario e ilegal que puedan llegar a hacer con el candidato de la oposición, que no creo que suceda, el pueblo saldrá a la calle y correrán, sin lugar a dudas, ríos de sangre, porque el argentino no es una persona sumisa”.

En ese sentido, habló de un contexto de “derechización regional” y de una puja entre dos modelos de país, uno en el que “los pobres no tienen trabajo” y otro, “más inclusivo, que estaba desendeudado, donde la gente podía tener trabajo y jubilaciones dignas”.

El abogado, además, opinó que para los argentinos “no es prioridad el juicio de Cristina, sino pagar la luz, el agua y llegar a fin de mes” y que “no le creen” a la Justicia en las causas vinculadas a la ex presidenta.

Este lunes, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) postergó para el 21 de mayo el inicio de las audiencias del primer juicio oral y público por corrupción que enfrenta Cristina Kirchner por el estado de salud de uno de sus integrantes, Jorge Tassara, quien debe ser intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

En la causa también están procesados varios funcionarios kirchneristas y el empresario Lázaro Báez. La ex presidenta está acusada de estar al frente de una asociación ilícita que direccionó 52 contratos viales a favor del empresario K por $ 46.000 millones.

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