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Tragedia de Once: se postergó por segunda vez la audiencia para analizar la condena a Julio De Vido

Por segunda vez, se postergó la audiencia que iba a realizar la Cámara Federal de Casación Penal para analizar la condena a cinco años y ocho meses de prisión al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por la Tragedia de Once. De esta manera, se fijó una nueva fecha para el próximo 19 de agosto.

La primera había sido convocada para el pasado 27 de mayo, pero se suspendió a pedido de los familiares de las víctimas. Por la imposibilidad de concurrir a los tribunales de Comodoro Py a raíz de las medidas sanitarias y de aislamiento social por la pandemia del coronavirus el abogado querellante, Leonardo Menghini, había solicitado que se fije una nueva fecha porque quería que la audiencia sea oral -estaba la posibilidad que se haga por escrito-, ya que los familiares querían exponer ante los jueces.

La tragedia ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once: murieron 52 personas y hubo mas de 700 heridos. En el primer juicio oral, a fines de 2015, fueron condenados los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, el maquinista Marcos Córdoba, el empresario a cargo de la concesión de la línea, Claudio Cirigliano, y ex directivos de Trenes de Buenos Aires. Quedaron detenidos en octubre de 2018, cinco días antes de la condena a De Vido, cuando las penas fueron confirmadas por Casación y comenzaron a ejecutarse. Ahora se encuentran apeladas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese juicio se consideró que el tren funcionaba en malas condiciones, porque los fondos públicos que la administración de Cristina Kirchner le otorgó a TBA no fueron aplicados al servicios y porque el estado no controló su destino. También se estableció que, a pesar del mal funcionamiento del tren, el maquinista tuvo una conducción negligente.

 

De Vido solo fue condenado por la mala administración de los fondos públicos. En el juicio, el fiscal Juan García Elorrio había pedido nueve años de prisión por ese delito y por el estrado, es decir, por las muerte. Los familiares y la Oficina Anticorrupción (OA) habían pedido cada uno 10 años de condena, por los dos delitos. Una segunda querella de víctimas había acusado a De Vido solo por la administración fraudulenta y pidió cuatro años y medio de prisión. En tanto, la defensa del ex funcionario había reclamado su absolución.

La decisión del tribunal oral fue apelada. La defensa de De Vido, a cargo de los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, insistieron con la absolución. Por su parte, el fiscal y las querellas apelaron para que también sea condenado por el estrago. Así, para conocer los argumentos de las apelaciones, Casación convocó a las audiencias que fueron postergadas. La liberación de Simeonoff no fue apelada por ninguna parte, por lo que quedó firme.

La apelación de la OA presenta una situación política particular. Cuando lo hizo, su titular era Laura Alonso, durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora debe sostener o no esa postura durante el gobierno de Alberto Fernández y cuando el organismo está a cargo de Félix Crous.

La nueva fecha de la audiencia es el 19 de agosto. La incógnita es si se volverá a postergar, si es que para ese entonces continúan las medidas de aislamiento y de restricción para concurrir a los tribunales. La querella que representa a los familiares de las víctimas ya adelantó que, si el caso se dilata en el tiempo, puede rever su postura de querer hacer la audiencia presencial.

Cuando la audiencia se concrete, Casación quedará en condiciones de resolver. El caso está a cargo de los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci, y Gustavo Hornos.

La condena por la Tragedia de Once fue la primera que recibió De Vido. Lo hizo desde la cárcel de Marcos Paz, pero el ex ministro y diputado nacional no estuvo preso por este caso. Si la condena es confirmada, podrá volver a ser detenido.

De Vido fue detenido el 25 de octubre de 2017, cuando la Cámara de Diputados le quitó los fueros por la causa por las presuntas irregularidades en la mina de Río Turbio. En diciembre del año, recibió la prisión domiciliaria y tres meses después quedó en libertad.

El ex ministro afronta otros juicios. Junto con la vicepresidenta Cristina Kirchner y otros ex funcionarios, está siendo juzgado por las presuntas irregularidades en las obras públicas que recibió el empresario Lázaro BáezTiene pendientes también los procesos por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, por la causa de “los cuadernos de la corrupción” y por Odebrecht.

 

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