Fuente Clarín
El ex secretario de Obras Públicas, José López, declarará esta mañana ante el juez Marcelo Martinez de Giorgi por las irregularidades en el Plan Sueños Compartidos, que significó una inversión de más de 1200 millones de pesos. Según pudo saber Clarin, López no presentará un escrito y responderá todas las preguntas. Durante su declaración, hará un relato detallado del funcionamiento del programa de construcción de viviendas que lo enfrentó durante años a Sergio Schoklender.
El ex funcionario dirá además que los mecanismos de control del avance de las obras eran ajenos al Ministerio de Planificación. De esa manera, responsabilizará a las gobernaciones y municipios que firmaban los acuerdos con la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En esta nueva etapa de la causa, el juez citó a todos los responsables de Planificación, pero también a gobernadores e intendentes que recibían los fondos estatales. Entre los funcionarios que deben declarar como imputados se destacan el ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora; el intendente de Ezeiza Alejandro Granados; el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich (por su rol de ex gobernador de Chaco); y el ex gobernador de Misiones Maurice Closs, entre otros.
López fue trasladado esta mañana a los tribunales de Comodoro Py desde la carcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido desde el 14 de junio en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
La Justicia citó a más de 40 personas luego de comprobar que hubo un desvío de más de 200 millones de pesos con los fondos oficiales. No es la única irregularidad. También constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.
La investigación ya lleva más de cinco años. Todo comenzó en mayo de 2011, cuando Clarín reveló una pelea entre los Schoklender en la sede de las Madres. En ese momento se abrieron dos causas judiciales. El ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los hermanos Schoklender y a sus allegados. Pero la investigación fue un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartarlo. Desde entonces, todo el expediente se concentra en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra algunos funcionarios.
