Mientras el Consejo de la Magistratura decide sobre el futuro del camarista Eduardo Farah, uno de los jueces que votó por la excarcelación de Cristóbal López y Fabián De Sousa, los dueños del Grupo Indalo enfrentarán un «súper jueves». No sólo tienen una audiencia en la Cámara de Casación que definirá en los próximos cinco días hábiles si seguirán en libertad o no, entre otros aspectos, sino que además, se define el futuro de Oil Combustibles SA y si finalmente irá la quiebra. Sobre la hora, los abogados de López acercaron dos ofertas.
A las 11, se espera el inicio del plenario donde los 13 integrantes del Consejo de la Magistratura decidirán si otorgan el traslado al juez Farah para ir al Tribunal Oral Penal Económico 1 (TOPE 1).
A esa misma hora, el empresario K, su socio y Ricardo Echegaray deberán presentarse en la Cámara de Casación, el máximo tribunal del fuero penal, donde expondrán sus argumentos y por qué deberían continuar libres. Según fuentes judiciales, es probable que los acusados presenten escritos como parte de su descargo.
El futuro de López
La Sala I de Casación, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa, debe resolver en primer lugar sobre la libertad de los dueños del Grupo Indalo. Es a raíz de un recurso que presentó el fiscal ante la Cámara de apelaciones, Germán Moldes, donde pidió que vuelvan a prisión y que se detenga a Echegaray.
En este sentido, como adelantó Clarín, el fiscal ante la Casación -Raúl Pleé-, sostendrá la postura de Moldes y una vez finalizada la audiencia, pedirá que cuando la Sala I resuelva en los próximos cinco días hábiles, López y De Sousa sean detenidos nuevamente y que se los acuse por defraudación al Estado con un embargo, cada uno, de $ 17.000 millones.
El otro pedido que debe resolver la Casación, es el presentado por la AFIP -querellante y denunciante en la causa-, que consideró que López, su socio y el ex titular de la AFIP cometieron una defraudación al Estado en perjuicio contra la administración pública, al no pagar $ 8.000 millones al fisco correspondientes al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
Según el juez Julián Ercolini, que los procesó por dicho delito, el empresario K mientras con su empresa Oil Combustibles SA, no pagaba el ITC, «se financiaba y adquirió más empresas con la anuencia de Echegaray«.
Fueron los cuestionados jueces de la Sala I de la Cámara federal porteña, Jorge Ballestero -desde este miércoles con pedido de licencia- y Eduardo Farah -este jueves se definiría su traslado-, quienes excarcelaron a los dueños de Indalo y consideraron que los tres imputados no defraudaron al Estado sino que cometieron una «retención indebida de tributo», delito propio del fuero penal económico.
Asimismo, los camaristas resolvieron reducir el embargo y que los acusados respondan con sus patrimonios por $ 8.945 millones cada uno. La AFIP, como el fiscal Moldes, pidieron a la Casación que todo esto vuelva a su estado original, es decir, quede firme la resolución de Ercolini.
El futuro de Oil
En tanto, en el fuero comercial se define el futuro de Oil Combustibles SA, la principal empresa del Grupo Indalo. Este jueves finaliza el plazo en el marco del cramdown (proceso conocido como salvataje), para que los interesados en «salvar» a la firma de la quiebra se inscriban. A 24 horas del cierre, se anotaron dos empresas para comprar la compañía, según aseguró la defensa de López a Clarín.»Son Trafigura (trader suizo) y Prarex International», detalló.
La decisión ahora está en manos del juez comercial Javier Cosentino, que lleva el concurso preventivo de Oil y que este miércoles reconoció como constituida a la Cooperativa de los trabajadores de Oil. Aunque la intención inicial de ellos era quedarse con la empresa y evitar así la quiebra, no se inscribieron en el cramdown, pese a que la ley lo permitía.
Desde la compañía petrolera, apuntan contra el Gobierno: «Buscaron todo el tiempo que se vaya a la quiebra, la AFIP no otorgó más facilidades de pagos, se volvió inviable financieramente».
La empresa petrolera cuenta con 400 trabajadores directos y una red de 360 estaciones de servicios. A la fecha, la deuda que mantiene con la AFIP supera los $ 20.000 millones: se trata de el ITC impago previo al concurso preventivo y una deuda generada post concurso.
Fuente Clarín
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