En el marco de las investigaciones para determinar en qué estado quedaron las arcas tras el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El Gobierno Nacional encabezado por el presidente Mauricio Macri tiene en la mira al controversial programa Sueños Compartidos, el cual inició allá por el año 2009 en nuestra provincia durante el segundo mandato de Gerardo Zamora.
Se trataba de un plan de construcción de viviendas que manejaba la Fundación Madres de Plaza de Mayo y que dejó como resultado la entrega de escasas 100 viviendas sin techo e inconclusas, que fueron certificadas como terminadas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) de la provincia.
Leandro Despouy titular por ese entonces de la Auditoría General de la Nación (AGN), presentó un informe lapidario donde revelaba todas las irregularidades en torno al mencionado programa: Pagos a funcionarios encargados de controlar la ejecución de las obras, deudas previsionales con los obreros y desembolsos efectuados a personas jurídicas no relacionadas con la gestión de obras, entre otras anomalías.
Se detectó además que varios funcionarios kirchneristas, tanto nacionales como provinciales que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones, llegaron a cobrar cheques por 225.000 pesos según lo informado por Despouy.
Un altísimo funcionario provincial hizo el retiro de $36 millones en una sola mañana, por lo que la entidad bancaria realizó R.O.S. (reporte de operación sospechosa). Hoy desde el gobierno nacional parecen dispuestos a retomar aquella vieja cuestión que a la vista de la realidad toman un nuevo impulso y desempolvan lo que el ex juez federal Norberto Oyarbide supo cajonear.
El caso terminó con la intervención de la justicia y la escandalosa salida de Sergio Shoklender del proyecto en 2011. Las máximas autoridades de Santiago del Estero tuvieron que testificar ante el juez Oyarbide para explicar este irregular manejo financiero, que terminó en uno de los más estrepitosos escándalos que se recuerde del gobierno K.
